En noviembre de 2025, el Congreso aprobó la nueva Ley de Cabotaje. La presentaron como una modernización. Como una oportunidad para reducir los costos logísticos del país. Como una medida técnica. Pero lo que realmente se hizo fue entregar el control del mar interior chileno a navieras extranjeras.
El cierre de la fundición de Potrerillos no es una decisión técnica: es una cesión de soberanía industrial, fiscal y territorial. Es el último golpe a una historia de despojo que comenzó con la privatización encubierta del cobre chileno.
Estamos en octubre. El mes que Chile aprendió a nombrar su rabia. El mes que fracturó el relato del oasis. El mes que activó la memoria y el grito que incómoda, de los que no tienen privilegios.
Mientras el ministro García, administrador histórico del modelo neoliberal concertacionista, declara que “la devolución anticipada es completamente inviable”, nosotros afirmamos que lo verdaderamente inviable es seguir naturalizando el abuso tarifario como si se tratara de un error técnico y no de una operación sistem
A los diputados, senadores, ministros y autoridades que durante años firmaron, votaron y omitieron, mientras millones de chilenos pagábamos tarifas eléctricas infladas por un error técnico que ustedes ni detectaron ni corrigieron:
Crónica de una ley escrita en tinta de vino
Saludando el esfuerzo programático que usted y su equipo han desplegado, me permito ofrecer algunas certezas e ideas a la Medida 9 que plantea el documento “Un Chile que Cumple”:
El diagnóstico no solo es claro: es obsceno. En Chile, la riqueza extrema no se tolera como un mal necesario, se celebra como virtud nacional.
Mientras se recortan presupuestos para salud, educación y pensiones, el Estado chileno transfiere miles de millones a conglomerados que ya concentran poder económico, logístico y político. No es inversión: es captura. No es desarrollo: es despojo.
