Mientras se recortan presupuestos para salud, educación y pensiones, el Estado chileno transfiere miles de millones a conglomerados que ya concentran poder económico, logístico y político. No es inversión: es captura. No es desarrollo: es despojo.
Cada septiembre, Chile se disfraza de independencia. Se llena de banderas, cuecas y carbón como si el país celebrara su emancipación. Pero lo que se conmemora el 18 no es ruptura ni soberanía: es la instalación de una Junta que en 1810 juró lealtad al rey de España. Un gesto administrativo, no libertario.
Este mes no se conmemora: se fiscaliza. Porque septiembre en Chile no es solo memoria, es diagnóstico. Y el diagnóstico es brutal: el pueblo ha sido domesticado. No por la fuerza, sino por el consenso.
Durante tres años, Chile fue gobernado por una dupla que no pasó a segunda vuelta, ni siquiera compitió.
La lectura del reciente informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) sobre la propuesta de la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) para licitar conjuntamente los Terminales 1 y 2, junto con la operación del Terminal de Pasajeros, no es una simple aportación técnic
Cada cierto tiempo aparece un economista que, desde la comodidad de su cátedra universitaria o del set de televisión, nos recuerda que el desarrollo se logra “invirtiendo más”.
Se acercan días importantes. Chile elegirá Presidente, Senadores y Diputados. Y aunque los afiches, las promesas y las peleas en la tele intenten ocupar todo el espacio, lo que realmente está en juego es nuestra capacidad de pensar.
En Chile, elegir presidente no es solo decidir quién gobierna.
Las ciudades puerto, por su naturaleza, deberían ser centros de prosperidad y desarrollo.
A la clase política chilena, a los gremios que con una mano lamentan y con la otra amasan, y a los ciudadanos que merecen la verdad.