“EPV y sus cómplices: la farsa ambiental que engañó a los tontorrones de Valparaíso”
La Adenda Complementaria presentada por la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) en diciembre de 2025 para el proyecto TCVAL no es un simple documento técnico, sino una pieza que desnuda la fragilidad institucional de nuestro sistema ambiental. Allí, la propia empresa reconoce que las medidas de mitigación y compensación la reducción del terminal en un 50% bajo el concepto de “Sitio Costanera”, la reconstrucción del Ascensor El Arrayán y las obras en el borde costero no nacen de un estudio científico independiente, sino de un pacto político firmado en octubre de 2023 con la Municipalidad y la Gobernación Regional. Esa admisión equivale a una confesión de parte: el diseño del proyecto no fue fruto de la evaluación imparcial que exige la ley, sino de un acuerdo político que condicionó desde el inicio la ruta de la aprobación.
La Ley N° 19.300 es clara en su artículo 13 bis: los acuerdos previos entre titulares e interesados no son vinculantes para la calificación ambiental. Sin embargo, EPV fundamenta la idoneidad de sus propuestas en el cumplimiento del “Acuerdo por Valparaíso”, transformando el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en un trámite administrativo para ratificar compromisos políticos. Lo que debería ser un proceso técnico se convierte en la validación de un pacto, cooptando la autonomía que la norma busca resguardar. La Contraloría ya había advertido sobre este riesgo. En 2017, mediante el Oficio N° 007049, dictaminó la improcedencia de convenios entre municipalidades y empresas privadas con intereses en una calificación ambiental, porque afectan la imparcialidad de los organismos técnicos. Y en 2024, el Oficio N° 948.877 calificó como inadmisible que órganos del Estado regulen contractualmente con terceros el ejercicio de sus deberes legales. Justamente eso ocurre aquí: se consensuaron diseños arquitectónicos de medidas de compensación fuera del cauce formal del SEIA.
La trama se agrava cuando se observa la dependencia jerárquica de los organismos fiscalizadores. Los SEREMIs y el delegado presidencial, integrantes de la Comisión de Evaluación, son cargos de exclusiva confianza del presidente de la República. Al haber sido el Acuerdo por Valparaíso respaldado directamente por el presidente Gabriel Boric, los funcionarios regionales quedaron supeditados a una voluntad política superior. Un voto en contra habría significado contradecir al Ejecutivo, configurando una presión incompatible con el espíritu del Acuerdo de Escazú, que exige participación efectiva y justicia ambiental.
La independencia técnica quedó anulada por la lógica de obediencia política.
La Adenda, además, revela una contradicción grave: EPV había negado ante la Contraloría la relación entre TCVAL y la Ampliación Portuaria. Ahora admite que todas las obras de compensación y la reducción del terminal forman parte de un mismo plan, reconociendo impactos significativos sobre el Sitio de Patrimonio Mundial y los pescadores artesanales de la ex Caleta Sudamericana. La aprobación posterior por la Municipalidad, la Gobernación y la CONADI, documentada en el expediente del SEA, confirma que el proceso técnico fue cooptado por intereses políticos y financieros. Lo que se presenta como “luz verde” institucional es, en realidad, la prueba de una vulneración al principio de probidad administrativa.
Este caso debe ser entendido por la ciudadanía como una lección sobre cómo se erosiona la imparcialidad en la evaluación ambiental cuando los acuerdos políticos se imponen sobre la técnica. La Adenda de diciembre de 2025 no es un trámite más: es el testimonio escrito de que el SEIA fue convertido en un instrumento de legitimación política, que tiene como fin, instalar un monopolio portuario y turístico de cruceros. La denuncia no busca solo señalar responsabilidades, sino educar sobre la importancia de defender la autonomía técnica, la probidad y la justicia ambiental. Porque cuando se compromete la imparcialidad del sistema, lo que está en juego no es solo un proyecto portuario, sino la soberanía cultural y ambiental de Valparaíso.
Jorge Bustos
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