Ayer por la noche, 8 de mayo, revisé mis correos y ahí estaba finalmente la resolución de la Contraloría General de la República sobre las peticiones que presenté para que revisara la legalidad del llamado “Acuerdo por Valparaíso”.
En las últimas semanas hemos visto una escena que, a primera vista, resulta incuestionable: operativos de limpieza en el Barrio Puerto, campañas de “recuperación” del espacio público y gestos de cercanía con la comunidad impulsados por la Empresa Portuaria Valparaíso junto a
Valparaíso vive una contradicción que ya no se puede seguir ocultando: genera riqueza, pero no la retiene; sostiene empleo, pero no lo defiende; soporta costos, pero no decide sobre ellos. Y lo más complejo es que esta situación ya no depende solo del nivel central.
El anuncio de un ajuste fiscal de 3.000 millones de dólares, formalizado mediante el Oficio Circular N° 12, no es una medida técnica más.
