Todo este conflicto no nace de la nada. Tiene un origen político preciso: el llamado Acuerdo por Valparaíso. Dicho acuerdo fue presentado públicamente como un gesto de reparación urbana y de reconciliación entre el puerto y la ciudad, luego de décadas en que Valparaíso fue utilizada como zona de sacrificio portuario, sin planificación ni beneficios reales para sus habitantes, bajo el marco impuesto por la Ley N° 19.542.
Este acuerdo no fue un acto abstracto ni técnico. Fue impulsado y exhibido por autoridades concretas: el gobernador regional Rodrigo Mundaca, el entonces alcalde de Valparaíso Jorge Sharp, y altos representantes del Estado. Dicho acuerdo fue entregado formalmente al Presidente de la República, Gabriel Boric, quien fue testigo político del compromiso que allí se anunció a la ciudad y al país.
En ese contexto, la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) instala el proyecto Parque Barón como una supuesta compensación por la ampliación portuaria. La promesa fue explícita: a cambio del crecimiento del puerto y de la presión sobre el borde costero en particular sobre Playa San Mateo la ciudad recibiría un gran parque público en la ex-esplanada Barón. Esta promesa se sostenía, además, sobre un antecedente irrefutable: la ciudadanía ya había derrotado a EPV en tribunales cuando intentó imponer un mall en ese mismo terreno.
Para dar una apariencia de legalidad y de vocación urbana, EPV transfiere al SERVIU la administración del terreno por 30 años. Pero dicha transferencia no tuvo como finalidad real la creación de un parque urbano público, sino el desplazamiento de responsabilidades políticas y jurídicas, manteniendo intacta la lógica portuaria y logística del uso del suelo.
En esta operación tuvo un rol determinante el entonces presidente del directorio de EPV, Luis Eduardo Escobar, quien condujo y avaló esta estrategia. Su posterior renuncia al cargo no borra ni atenúa su responsabilidad política por decisiones que hoy muestran sus consecuencias institucionales y urbanas.
Lo que se ejecuta en los hechos y esto es lo esencial no es un parque, sino infraestructura funcional al negocio portuario: explanadas duras, áreas operativas, zonas de depósito y usos incompatibles con un espacio público urbano. El llamado Parque Barón se transforma así en una ficción administrativa, una fachada verde diseñada para viabilizar la expansión portuaria sin oposición social efectiva.
Pero el problema no termina ahí. Para legitimar esta operación, se han utilizado recursos públicos de todos los chilenos en campañas comunicacionales, publicidad en televisión, radios y otros medios, destinadas a convencer a la ciudadanía de que esta intervención es beneficiosa, legal y deseable. Es decir, el Estado con sus autoridades y funcionarios publicos no solo ejecuta una operación contraria a la ley y al interés público, sino que además financia propaganda para naturalizarla y desactivar la crítica.
Esto ya no puede calificarse como un simple error administrativo. Cuando se utilizan fondos públicos para difundir información parcial o engañosa, para encubrir decisiones ilegales o para imponer como “normal” aquello que vulnera la ley, estamos ante un problema grave de probidad y de calidad democrática.
Ningún acuerdo político, por amplio o simbólico que sea, puede situarse por sobre el ordenamiento jurídico. Existen normas claras que limitan y prohíben al SERVIU asumir funciones y destinaciones de suelo que hoy se encuentran consumadas en la ex-esplanada Barón. La utilización de recursos fiscales para fines distintos a los autorizados por la ley, el fraccionamiento deliberado de responsabilidades entre organismos del Estado y la simulación de un parque público y además portuario configuran una cadena de irregularidades que debe ser investigada. Los fondos del SERVIU son para garantizar el derecho a la vivienda y a la ciudad, no para financiar operaciones portuarias ni campañas encubiertas
Llegados a este punto, resulta ineludible plantear que aquí no solo hay negligencia o ignorancia, sino conductas que podrían constituir infracciones graves a la probidad administrativa e incluso, eventualmente, ilícitos que comprometen el erario nacional. Estas conductas no se corrigen con comunicados ni con campañas publicitarias, sino con investigación, rendición de cuentas y sanciones cuando corresponda.
Por ello, esta denuncia se dirige directamente a todas las autoridades por haber sido testigo político y firmantes del Acuerdo por Valparaíso le impone hoy una responsabilidad institucional ineludible: ordenar la revisión completa de los actos administrativos asociados, detener el uso de recursos públicos para propaganda encubierta y garantizar que el Estado no opere contra la ley ni contra la ciudad que dice proteger.
Valparaíso no necesita más relatos ni campañas comunicacionales. Necesita verdad, legalidad y responsabilidad política. Y necesita que el Estado deje de usar el dinero de todos los chilenos para convencer a la ciudadanía de que es aceptable que los poderosos y los políticos pasen por encima de la ley.
Jorge Bustos
Defendamos la Ciudad
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