A ocho años de derrotar al Mall del Barón
Valparaíso no solo derrotó al Mall Barón en la Corte Suprema: estableció un límite. El fallo no fue un tecnicismo, fue una definición de interés público. Dijo que el borde costero no podía ser capturado por una lógica privada, que el puerto no podía imponerse sobre la ciudad y que el Estado tenía el deber de proteger ese equilibrio. Esa sentencia obligaba. No solo en la forma, sino en el fondo.
Lo que hoy ocurre en el Barón demuestra que el Estado decidió eludir esa obligación y que pretenden forzar las leyes y las sentencias del tribunal supremo.
La Empresa Portuaria de Valparaíso, derrotada jurídicamente, reaparece como beneficiaria indirecta de un nuevo diseño territorial que reproduce exactamente aquello que los tribunales impidieron: la expansión portuaria sobre suelo urbano, porque la bodega Simón Bolívar queda en su administración, lo mismo que el Muelle Barón. Ya no mediante un mall, sino mediante un “parque” endurecido, funcionalmente compatible con el muelle multipropósito (para la galucha, muelle de cruceros) y con el depósito de contenedores que se intenta normalizar como espacio público.
La clave jurídica que deja al descubierto esta operación es el procedimiento sancionatorio ambiental del año 2025, contenido en la Resolución Exenta N° 1684 de la Superintendencia del Medio Ambiente
Ese acto administrativo no es accesorio: reconoce, describe y sanciona incumplimientos estructurales que revelan una incompatibilidad de fondo entre los usos portuarios proyectados y el entorno urbano-ambiental de Barón. Es decir, no pueden coexistir las actividades portuarias, en un lugar donde se desarrolla y se seguirá desarrollando, desarrollo habitacional.
La SMA constata que el proyecto se ha ejecutado sobre omisiones graves y persistentes: ausencia de instrumentos completos de gestión patrimonial, deficiencias en la evaluación de riesgos mayores y falta de medidas idóneas frente a amenazas propias del borde costero. Estas no son faltas menores ni corregibles sin alterar el proyecto: son condiciones estructurales que afectan la viabilidad misma de compatibilizar un muelle multipropósito y un depósito de contenedores con un supuesto parque urbano.
Aquí aparece la contradicción central que el Estado intenta ocultar, a través de acuerdos. Y el acuerdo por Valparaíso, pretende legalizarlo, invitando a dirigentes vecinales a tomas refrigerios en el borde costero. Por un lado, EPV y los organismos sectoriales sostienen que el Parque Barón es un espacio público verde, recreativo y urbano. Por otro, el propio sancionatorio ambiental (SMA) reconoce que el área está sometida a cargas, riesgos y exigencias propias de infraestructura portuaria pesada, la misma EPV admite que el suelo reforzado del parque es para recibir contenedores, del muelle multipropósito. Ambas cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Un espacio diseñado para soportar operaciones industriales no puede, por definición, cumplir la función de parque urbano ambientalmente válido.
Esta contradicción no es retórica: es jurídica. Y abre una puerta que hasta ahora se ha querido mantener cerrada, más bien ocultada. Si el parque es funcional al muelle y al depósito de contenedores, entonces debió evaluarse ambientalmente como parte del sistema portuario, con todas las exigencias ambientales, urbanas y de la participación que ello implica. Si no lo es, entonces el diseño actual es incompatible con cualquier proyección de expansión portuaria. No hay tercera vía y si existe es una trampa, es ilegalidad y las ilegalidades las cometen los delincuentes.
El rol del Estado en esta maniobra es ineludible. El SERVIU ejecuta obras que consolidan suelo duro y reserva funcional para EPV. El MINVU valida estándares mínimos que permiten cumplir la norma mientras se vacía su sentido. Y la institucionalidad ambiental sanciona, pero no detiene ni corrige estructuralmente el proyecto. El resultado es claro: dinero público utilizado para materializar una revancha portuaria contra un fallo judicial y lo que es peor, para el 2029, entregarlo por concesión al monopolio.
Más de 23 mil millones de pesos se han invertido en un proyecto que no honra la victoria ciudadana de 13 años, que termino el 27 de diciembre del 2017, sino que la neutraliza. No se construyó un parque vivo, sino una plataforma de transición para el puerto. No se reparó el daño histórico, se lo cubrió con hormigón reforzado.
Por eso este no es un debate estético ni ideológico. Es un conflicto jurídico y político de primer orden.
Vecinos y amigos de las organizaciones sociales, ambientales y patrimoniales: el sancionatorio de 2025 no es un punto final, es una herramienta. Permite demostrar la incompatibilidad entre los usos portuarios y el parque, y obliga a exigir coherencia al Estado.
A los vecinos y vecinas: lo que hoy se presenta como espacio público define el futuro del borde costero por décadas. No aceptemos este simulacro de Parque. Exijamos suelo vivo, acceso irrestricto y la exclusión definitiva de usos portuarios.
Y a las autoridades: no se puede perder en la Corte Suprema y ganar después por la vía administrativa y haciendo trampas. Eso no es planificación: es desobediencia institucional.
Valparaíso ya defendió su dignidad una vez.
Ahora debe defender el sentido de aquella victoria que hoy cumple 8 años.
Jorge Bustos
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