Cuando el Estado revictimiza: la justicia que no llega también discrimina

En Chile se habla mucho de reparación, de memoria y de “nunca más”. Pero cuando una víctima envejece y ejerce sus derechos, ese discurso se desvanece y aparece otra cara del Estado: lenta, defensiva y profundamente injusta.

Soy pensionado de vejez, con más de veinte años cotizados. Además, recibo una pensión de reparación por haber sido prisionero político a los 17 años. Aun así, el Estado me negó la Pensión Garantizada Universal (PGU). No fue un error: fue un criterio. Un criterio que transformó la reparación en castigo y la condición de víctima en motivo de exclusión.

Demandamos. Llegamos hasta el Tribunal Constitucional. Y ganamos. El TC fue claro: la interpretación aplicada por el Estado vulneraba la igualdad ante la ley. Volvimos entonces al tribunal laboral, no solo para exigir el pago desde la entrada en vigencia de la ley, sino también una indemnización por el daño causado, por la discriminación y por la revictimización sufrida.

Pero aquí ocurre lo que casi nunca se dice: la discriminación no terminó con el fallo constitucional. Han pasado más de tres meses desde esa resolución. El caso volvió a sede laboral. Sin embargo, aún no está en tabla, no hay fecha, no hay señales de urgencia, no hay conciencia del daño que sigue produciéndose. La demora judicial, en este contexto, no es neutral: prolonga la discriminación y profundiza la revictimización.

Cuando el Estado se equivoca, tiene el deber de corregir rápido. Y cuando se trata de víctimas de violaciones a los derechos humanos, ese deber es reforzado. No cumplirlo no es solo negligencia: es una nueva forma de violencia institucional.

Aquí no falló solo el IPS al no pagar. Falló el Parlamento, al dictar una ley sin resguardos claros para las víctimas, permitiendo interpretaciones discriminatorias. Falló la Contraloría, al tomar razón sin corregir una aplicación contraria a los derechos fundamentales. Falló el IPS, al persistir en la negativa y obligar a judicializar. Y hoy, lamentablemente, falla también el sistema judicial, cuando deja dormir un caso que ya tiene resolución constitucional y que involucra derechos básicos.

Los tres poderes del Estado legislativo, ejecutivo y ahora judicial han contribuido, por acción u omisión, a que una persona que ya fue dañada por el Estado vuelva a serlo en su vejez.

No se trata solo de mi caso. Se trata de un patrón. De cómo el Estado chileno repara en el papel, pero discrimina en la práctica. De cómo la justicia tardía deja de ser justicia y se transforma en otra forma de castigo.

La pregunta ya no es si el Estado se equivocó. Eso está claro. La pregunta es cuánto tiempo más va a demorar en hacerse cargo del daño que sigue causando.

Porque mientras el expediente no avanza, mientras el caso no entra en tabla, mientras se posterga una resolución que debiera ser urgente, la discriminación continúa. Y la revictimización también.

Jorge Bustos