Valparaíso vive una contradicción que ya no se puede seguir ocultando: genera riqueza, pero no la retiene; sostiene empleo, pero no lo defiende; soporta costos, pero no decide sobre ellos. Y lo más complejo es que esta situación ya no depende solo del nivel central.
El anuncio de un ajuste fiscal de 3.000 millones de dólares, formalizado mediante el Oficio Circular N° 12, no es una medida técnica más.
Ayer llegó a mis manos, casi por casualidad, el Informe de la Comisión Especial de Mar y Puerto de la Municipalidad de Valparaíso.
Es un sistema que permite que recursos públicos terminen en negocios privados dentro del propio hospital
La defensa de la extensión del Terminal 2 en Valparaíso revela algo más profundo: cuando se cuestiona el modelo, los mismos de siempre salen a proteger un negocio que ha funcionado perfecto para ellos, pero no para la ciudad.
Señoras y señores Diputados:
Cuando José Antonio habla de “agilizar el Estado”, el aplauso sale solo. Suena bien. Es fácil. Nadie quiere trámites eternos ni oficinas públicas que funcionan a media máquina. Pero ahí está la trampa: una consigna simple para esconder un cambio profundo.
Cuando un proyecto es ilegal, se cae. Pretender que el Estado lo indemnice no es política pública: es convertir al Fisco en garante de negocios mal hechos.
Nos repiten que el problema es el gasto público, mientras se recortan miles de millones en gasto social y se protege a los grandes empresarios y la banca, que son los endeudados, recordamoslo que paso en los 80, cu
Valparaíso despierta con el ruido de maquinaria pesada donde debería escucharse el mar.