Me atrevo a escribir esta columna porque creo que el miedo impuesto desde los medios de comunicación y las élites empresariales no puede seguir paralizando a Chile. El país ha sido educado en el temor, en la idea de que no hay alternativa frente a la arremetida de la derecha y el fascismo, pero esa narrativa es una construcción interesada que busca desmovilizar. Hablar con claridad sobre los límites reales del poder presidencial y las herramientas de resistencia que aún tenemos es una forma de devolver confianza a la ciudadanía. No escribo desde la desesperación, sino desde la convicción de que mostrar la verdad y organizar la defensa democrática es el camino para transformar el miedo en alerta y la alerta en acción colectiva
La posibilidad de que José Antonio Kast llegue a la Presidencia de la República exige un análisis sobrio sobre el verdadero alcance de su poder. No se trata de alimentar el miedo, sino de comprender con precisión qué puede hacer y qué no puede hacer un gobierno de derecha radical en Chile, para que la ciudadanía se mantenga alerta y organizada. El programa de Kast se presenta como un plan de emergencia, con la idea de que el Congreso no es tan relevante, pero la realidad es que la arquitectura constitucional y la correlación de fuerzas parlamentarias imponen límites claros. El presidente tiene iniciativa exclusiva en materias como impuestos, seguridad social, remuneraciones y creación de servicios públicos, pero el Congreso puede aceptar, reducir o rechazar esas propuestas. Con 76 diputados, Kast no alcanza la mayoría absoluta en la Cámara, y el Senado está dividido en partes iguales. Esto significa que cualquier reforma estructural, desde pensiones hasta impuestos, solo puede avanzar mediante pactos transversales, y si la oposición se mantiene cohesionada, puede bloquear o modificar sustancialmente sus iniciativas.
El intento de gobernar mediante decretos también enfrenta contrapesos. El Tribunal Constitucional puede declarar inconstitucionales los decretos presidenciales si invaden materias reservadas a la ley, y basta con que un cuarto de los parlamentarios lo solicite. La Contraloría, por su parte, controla la legalidad de decretos y gastos, y si detecta inconstitucionalidad, el presidente no puede imponer su criterio. En este terreno, la oposición organizada tiene herramientas jurídicas para frenar abusos. Donde Kast sí puede avanzar con rapidez es en el ámbito administrativo y de orden público. Puede declarar estados de excepción, reorganizar fuerzas de seguridad y dar directrices operativas, puede aplicar recortes de gasto público bajo la lógica del “presupuesto base cero”, y puede priorizar recursos ya existentes hacia salud primaria o vivienda. Estas medidas no requieren nuevas leyes, pero su impacto puede ser profundo en la vida cotidiana, especialmente si afectan programas sociales sensibles.
Frente a este escenario, la tarea de la ciudadanía y las supuestas fuerzas democráticas no es desesperarse, sino organizarse. El Congreso tiene atribuciones de fiscalización que deben ser utilizadas con decisión: comisiones investigadoras, control de la Ley de Presupuestos, citación obligatoria de ministros. La defensa jurídica y de derechos humanos también será clave: activar el Tribunal Constitucional frente a decretos abusivos, recurrir a recursos de amparo y protección para defender a quienes sufran detenciones arbitrarias o vulneraciones de derechos, y mantener la vigilancia sobre la probidad y transparencia en el uso del patrimonio público. La Contraloría debe ser fortalecida y a la vez fiscalizada, porque la transparencia es un principio constitucional que obliga a controlar cada recorte y transferencia de competencias.
En síntesis, un eventual gobierno de Kast tendrá margen para medidas rápidas en seguridad y administración, pero no podrá transformar profundamente el modelo económico y social sin consensos amplios. La organización cívica y política debe convertir el Congreso y los tribunales en escenarios de resistencia democrática, activando sistemáticamente los mecanismos de contrapeso constitucional y de fiscalización. El miedo no debe paralizar, sino convertirse en alerta y acción colectiva. Chile es un país marcado por el temor impuesto por la prensa empresarial y la derecha, pero la respuesta no puede ser el silencio ni la resignación. Mostrar la verdad, educar sobre los límites reales del poder y preparar la resistencia es la manera de enfrentar la arremetida de la derecha y el fascismo.
Jorge Bustos
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