Chile entrega el mar por un 20% de descuento

En noviembre de 2025, el Congreso aprobó la nueva Ley de Cabotaje. La presentaron como una modernización. Como una oportunidad para reducir los costos logísticos del país. Como una medida técnica. Pero lo que realmente se hizo fue entregar el control del mar interior chileno a navieras extranjeras. Lo que se hizo fue desarmar la soberanía marítima. Lo que se hizo fue repetir, con otro traje, el despojo iniciado en 1997 con la Ley 19.542, aquella que privatizó los puertos bajo la promesa de “modernizarlos”.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, celebró que la ley permitirá “reducir tarifas de cabotaje entre un 20% y 39%”, lo que equivaldría a “un ahorro de USD 267 millones” para el sistema logístico nacional. El diputado Frank Sauerbaum (RN) declaró que “esto es una buena noticia para las empresas chilenas que necesitan mover carga”. La UDI y Evópoli votaron a favor, repitiendo que “se abre el mercado y se mejora la eficiencia”. Pero nadie dijo que ese ahorro se paga con menos trabajo chileno. Nadie dijo que los barcos extranjeros no estarán obligados a contratar tripulantes ni oficiales nacionales. Nadie dijo que los armadores chilenos serán desplazados por flotas globales que no tributan aquí, no emplean aquí y no responden ante nuestras leyes laborales ni marítimas.

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones advirtió: “Esta ley va a dejar cesantes a miles de trabajadores. No se pensó en la gente, solo en las grandes empresas.” El Sindicato de Oficiales de la Marina Mercante fue más directo: “Se está entregando el cabotaje a flotas extranjeras que no respetan nuestras condiciones laborales ni nuestras normas de seguridad.” Y el senador Alejandro Kusanovic, independiente y ex RN, lo dijo sin rodeos: “Esto es una traición al mar chileno. Se entrega la soberanía por un descuento en tarifas.”

El cabotaje el transporte marítimo entre puertos del mismo país es un asunto estratégico. No se trata solo de fletes y tarifas: se trata de control territorial, seguridad de abastecimiento, formación marítima y presencia estatal en el mar. Abrir el cabotaje a flotas extranjeras significa que Chile pierde capacidad de decisión sobre su propia conectividad marítima, sobre el suministro a zonas aisladas, y sobre la seguridad en sus costas. Y no es casual. Es el mismo modelo que en los 90 convirtió a los puertos en negocios inmobiliarios y logísticos al servicio de intereses externos. Hoy, con esta ley, el ciclo se cierra: primero entregaron los puertos; ahora entregan las rutas entre ellos.

Las consecuencias serán. Los oficiales y tripulantes formados en Chile serán reemplazados por personal extranjero con sueldos más bajos. Las empresas navieras nacionales perderán competitividad ante flotas subsidiadas y con exenciones fiscales. Las ciudades puerto quedarán nuevamente fuera de las decisiones estratégicas. Y, el Estado chileno, en nombre de la eficiencia, renuncia a ejercer soberanía sobre su propio mar. Todo por un supuesto “ahorro” de 267 millones de dólares, una cifra que equivale a menos del 0,1% del PIB. En la práctica, Chile entrega control, empleo y soberanía a cambio de un descuento en tarifas.

Mientras países como Brasil, Argentina o Estados Unidos protegen su cabotaje con leyes que exigen bandera nacional, Chile hace lo contrario: abre sus aguas a flotas extranjeras sin reciprocidad, sin impuestos y sin condiciones. Queda claro que esto no es integración: es subordinación a las trasnacionales del mar. Y lo más grave, lo hace en un contexto donde el mar Pacífico se convierte en el escenario central de la competencia global entre potencias. El mar que Chile entrega es el mismo que China, Estados Unidos y las corporaciones transnacionales disputan hoy por control logístico y energético.

Ganan las grandes empresas exportadoras como Codelco, Enap y las forestales, que pagan menos por mover carga. Ganan las navieras globales, que entran al mercado sin invertir un peso en territorio chileno. Ganan los operadores logísticos internacionales, que controlan rutas sin responder ante ninguna comunidad. Pierden los tripulantes y oficiales chilenos, formados con esfuerzo y sin empleo asegurado. Pierden los armadores nacionales, desplazados del negocio. Pierden las ciudades, puerto, que siguen mirando desde el borde. Pierde el Estado chileno, que vuelve a abdicar de su rol estratégico en el mar.

En 1997 nos dijeron que privatizar los puertos traería progreso. Veintiocho años después, nos dicen que abrir el cabotaje traerá eficiencia. La historia es la misma: el mar se vende barato, la soberanía se entrega cara. Chile, otra vez, entrega el mar por un 20% de descuento.

Jorge Bustos