Chile presume de estar a la vanguardia de las energías limpias. El sol del norte y el viento del sur alimentan parques que figuran en los informes internacionales como ejemplos de modernización. Sin embargo, la postal verde se quiebra apenas se miran las facturas de la electricidad: los hogares chilenos siguen pagando una de las cuentas de luz más caras de Latinoamérica.
La transición energética no desmontó la concentración oligopólica, la maquilló. Los nombres cambiaron, pero la lógica permanece. Endesa, Colbún y AES Gener cedieron el escenario a Enel, Acciona, Solek y Mainstream. El relato oficial del poder celebra la inversión extranjera, incluso se fotografía con ellos, pero callan sobre la opacidad de la propiedad y la ausencia de participación ciudadana.
La paradoja es brutal: se produce energía limpia, pero no se democratiza ni su control ni sus beneficios. Los contratos de largo plazo aseguran rentabilidades jugosas a las empresas, mientras los consumidores quedan atrapados en un sistema que no refleja la baja en los costos de su generación.
El espejismo se sostiene en la falta de transparencia. Nadie exige que se publiquen las estructuras de propiedad, nadie abre espacios reales en los municipios o comunidades, nadie conecta la caída de precios mayoristas con las tarifas finales que pagamos los usuarios. La transición a las energías limpias se convirtió en un negocio financiero, blindado contra la mirada pública.
Si el sol y el viento son bienes comunes y gratuitos, ¿por qué su explotación sigue siendo un privilegio de pocos? La respuesta está en la arquitectura misma del modelo neoliberal: diseñado para asegurar rentabilidad privada, incapaz de traducir la abundancia energética en justicia social y beneficios para la gente.
Usted cree que esto cambiará sin denunciar, sin demandar, sin hacer valer nuestros derechos, qué dicen sus parlamentarios, por los que usted votó en la última elección. Se hace necesario convocar a todas las personas afectadas por cobros excesivos, intereses arbitrarios y contratos heredados de la era fósil e hídrica a organizar una acción judicial colectiva. No se trata solo de indignarse: se trata de actuar.
Aquí no hablamos de consignas, hablamos de derechos vulnerados. Porque incluso la Constitución pinochetista establece que el Estado debe proteger a las personas y que la actividad económica no puede ir contra el interés general. Cuando las tarifas se calculan de manera abusiva, se vulnera el derecho de propiedad. La Ley de Protección al Consumidor garantiza información veraz sobre precios y prohíbe la discriminación entre usuarios regulados y libres. Los contratos heredados de la era fósil e hídrica pueden ser impugnados por abusivos, y la misma ley abre la puerta a demandas colectivas.
Lo que se denuncia no es un problema técnico, es una infracción legal: tarifas que no reflejan el costo real de generación, contratos fósiles vigentes en plena era renovable, intereses arbitrarios definidos unilateralmente, complicidad del Ejecutivo y Legislativo que legislan para las empresas y abandonan a los usuarios y a quienes los eligen.
El espejismo verde se convierte así en un caso jurídico. La transición energética, presentada como modernización, se revela como un terreno fértil para acciones legales colectivas. No es solo un debate político ni económico: es la constatación de que los derechos constitucionales y de consumo están siendo vulnerados. Y cuando los derechos se vulneran, la respuesta no puede ser solo indignación: debe ser acción.
Jorge Bustos
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