La capacidad de asombro de nuestra sociedad ha terminado por sucumbir frente a las innumerables muestras de prácticas sin ninguna ética de las cuales hemos sido testigos en el último tiempo por parte de aquellos que supuestamente, a través del voto popular, tienen el deber de defender el bien común y los derechos de todos los chilenos.
Un día cualquiera, una tarde cualquiera, en un punto urbano cualquiera tocó su bocina y me subí. Ni siquiera esperé la seña para ratificar lo que no era necesario. No existían más profesoras de Sociología que tuviesen un Fiat 147 GLS rojo, y menos esa sonrisa de la cual ya me habían advertido.
No teníamos nada, solo las ganas. Éramos jóvenes, como otros en diferentes puntos del país, que resolvimos tomar decisiones dramáticas, enaltecedoras, históricas y, sin duda alguna, heroicas: como decía el Rucio, de dar la vida por la vida.
Resulta, a lo menos llamativo, que la última cuenta presidencial de Piñera no hubiese mención alguna a la pequeña y mediana empresa y que, por el contrario, todo su análisis y argumentos estuviese basado en la macro economía, donde lo relevante, la guía, son los grandes capitales.
El Presidente de la República de Chile salió el Jueves a defender la postura de su Ministro de Hacienda que ha ratificado que la baja del Imacec es por culpa del paro portuario, cuestión que ya hace dos días había contradicho el presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz.
La aplicación del actual orden económico, con todas las secuelas que han quedado en evidencia en el último tiempo, ha sido posible por la decadencia de las organizaciones gremiales y sindicales, y el ocaso de sus más connotados dirigentes.
Ladrones de cuello y corbata son liberados. Grandes fraudes al fisco se consideran inocentes fallas administrativas. El inepto presidente de Chile firma decreto que abre la puerta a la privatización del Litio. Parlamentarios suben vergonzosamente sus sueldos.
La ciudad de Valparaíso, sus ciudadanos, sus representantes populares, no vamos a permitir la implementación de las seis medidas supuestamente modernizadoras que el Presidente Piñera anunció para Valparaíso y las otras ciudades puertos.
