El Estado de Excepción Constitucional es en verdad inconstitucional, pues carece de un decreto presidencial que traspase las facultades permitidas por la Constitución al jefe de plaza o responsable del orden y “seguridad”, por tanto, el sentido común indica que todos los crímenes cometidos por Piñera y sus ministros son de lesa humanidad y serán perseguidos por los que tengan la virilidad para hacerlo. Quizás el Poder Judicial y las fiscalías alcahuete de los abusos de los poderosos no sean capaces de buscar la verdad y la justicia, ya que seguirán cuidando sus grandes sueldos y privilegios, sin embargo, existe una Corte Internacional que se pondrá en marcha si los chilenos residentes en otros países se atreven a denunciar los atropellos denunciados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y todos los que se han callado por falta de canales expeditos y por falta de observadores entrenados para dicha misión.

Caso especial que merece ser destacado es la asimetría de la brutalidad militar y policial en las comunas más pobres y las más ricas, pero no solo en la represión, los balines o los asesinatos y torturas, sino también en la ineficiencia militar y policial en el caso de los saqueos, situación que es realmente preocupante.

Los militares parecen están mejor adiestrados para reprimir al pueblo que se muestra descontento que para contener a la delincuencia organizada y el narcotráfico. Curioso -a lo menos- resultara constatar que los atentados a la infraestructura de transporte y municipal, así como los incendios, se realizaron con productos que solo saben usar personal militar entrenados para sabotajes.

Valparaíso, mi ciudad, ha sido devastada por saqueadores y delincuentes organizados, con infraestructura e inteligencia, para delinquir y, en la mayoría de los casos, los militares y la policía solo ha observado cómo se cometen las fechorías. Sin embargo, es de conocimiento público y ciudadano que los asaltos y saqueos están organizados y que el retiro de la mercancía se hace con camiones y camionetas de alta gama.

¿La inteligencia de los aparatos represivos del Estado dónde están? ¿La fiscalía y sus fiscales especiales dónde están, qué dirán? ¿Qué responderán los señores militares, policías y políticos como el Intendente cuando se le demande por “falta de servicios”? Porque, les recordamos que, poco o mucho, se pagan impuestos y estos en buena parte son para mantener a quienes confiamos “nuestra seguridad”.

La prensa sin humildad ha dado un giro, hasta parece irrespetuosa frente a ministros y autoridades, como queriendo, al igual que los DC, PR y PPD, arrogarse la representatividad de los que protestan; sin embargo, siguen intentado criminalizar la rebelión de los ciudadanos, publicando solo los actos vandálicos y no la masividad y contenidos de la protesta, invisibilizando así a los actores sociales que durante décadas han dicho lo mismo que hoy les revienta en la cara, y que amenaza sus privilegios y su costosa tranquilidad.

Jorge Bustos