A propósito de la salida del gerente de Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) Gonzalo Davagnino, creo que Gandolfo el nuevo gerente de EPV es tan responsable como el anterior, de la crisis portuaria que vive nuestra ciudad. En mi opinión debiese salir toda la gerencia así como su equipo legal, ya que su permanencia en la estatal es impresentable. La gerencia y los jurisconsultos son responsables sin duda alguna de la cesantía que hoy supera el 10% en Valparaíso.

Desde que la Corte Suprema botó el Mall Barón, han quedado grabados en la opinión publica varías caídas del ex gerente y su equipo: El desastre de los cruceros, la ilegalidad del VTP, la fuga de los australianos del T2 teniendo la RCA aprobada, la preocupante información que el Molo de Abrigo está en mal estado, la caída de la carga en un 18 %. Y la grosera intromisión en el conflicto de los trabajadores que sirvió para sacar a Celis y tratar de favorecer a Zeal (españoles) cuestión que al parecer llego a su fin.

El ex y actual gerente debiera responder ante la justicia, como se entiende que parte de los activos que valían 100, fueran tasadas en un 25% como consta en el contrato del año 2006 con Plaza SA, y así no permitir a país gozar de un pago más generoso, por el arriendo y concesión del predio del Barón. Será interesante saber cómo y con cuanto se “subsidio” cada una de las concesiones, cuestión prohibida por ley, pero asumidas por funcionarios de la estatal en la prensa, a lo menos sabemos que se subsidio con 5,8 millones para construir una estructura de metal con un permiso ilegal como el Valparaíso Terminal de Pasajeros (VTP), historia que tiene algo peor que ya existía un VTP, que se ubicaba la Bodega Simón Bolívar, deberán explicar porque lo movieron de la bodega SB, al lugar que hoy ilegalmente usan.

La corrupción es la herramienta que el neoliberalismo a usado para instalarse en los poderes del Estado y en los servicios públicos, ser anti neoliberal es oponerse a la corrupción y exigir que las leyes que la Republica se ha dado en doscientos años se cumplan, acá nadie está pidiendo o llamando a la revolución, esperemos que los tribunales empiecen a ejercer su función con determinación y autonomía como corresponde.

Estamos dentro del plazo para emprender acciones legales, no hacerlo es seguir permitiendo este tipo de soberbia e impunidad de los mal llamados “servidores públicos” que no son más que una cáfila de delincuente que usan y abusan de los recursos de todos los chilenos, para hacer negocios y joder, no solo a las arcas fiscales sino para defender proyectos truchos e ilegales que han terminado hundiendo a la ciudad y creando una crisis portuaria que a elevando a dos dígitos la cesantía.

Jorge Bustos