Entre la Ambición y el Riesgo Legal

Las recientes declaraciones del presidente del directorio de la Empresa Portuaria San Antonio, Eduardo Abedrapo, sobre los avances en la ambiciosa ampliación del puerto, han despertado grandes expectativas de crecimiento y desarrollo para nuestro país. Pero tras el entusiasmo de su presentación, emergen sombras de posibles ilegalidades que exigen una reflexión profunda y una vigilancia activa por parte de la ciudadanía y las autoridades competentes.

Uno de los aspectos más inquietantes es el financiamiento del molo de abrigo. Según Abedrapo, la empresa deberá endeudarse para llevar a cabo esta obra, contando “con la garantía del Estado para avalar esa deuda”. Esta frase, lejos de ser un simple tecnicismo, enciende todas las alarmas. La Ley sobre Empresas Portuarias, en su artículo 33, es categórica: las empresas portuarias “en caso alguno, podrán obtener créditos, subsidios, fianzas o garantías del Estado o de cualquiera de sus organismos (…) salvo que ello fuere posible para el sector privado y en iguales condiciones”.

Entonces, ¿bajo qué figura legal específica y en qué condiciones concretas se entregaría esa garantía estatal? ¿Es realmente equivalente a lo que podría obtener un actor privado en el mercado? Si no lo es, estaríamos frente a una eventual transgresión legal que puede poner en jaque la probidad y la competencia en el sector.

Este punto requiere una revisión minuciosa por parte de la Contraloría General de la República. Porque no se trata solo de una discusión técnica: es una cuestión de principios.

Tener uno de los puertos más importantes del país no sirve de mucho si la riqueza que genera no beneficia a la ciudad que lo acoge. San Antonio, como anfitrión de esta infraestructura estratégica, merece ser el primer beneficiado de su desarrollo. Los habitantes cargan con los costos ambientales, sociales y urbanos del funcionamiento portuario, pero rara vez reciben su justa retribución.

Mientras el puerto se expande y se moderniza, las comunidades locales siguen enfrentando las consecuencias: contaminación, pérdida de calidad de vida, alza en los precios de la vivienda, y una alarmante falta de inversión en salud, educación y transporte público. Es hora de que la riqueza generada por el puerto fluya directamente hacia quienes lo sostienen con su territorio y su paciencia.

No basta con levantar infraestructura si esta solo sirve a los intereses de los grandes monopolios portuarios y navieros. San Antonio necesita un modelo de desarrollo inclusivo y equitativo, no solo cifras de movimiento de carga.

Una omisión llamativa en la entrevista del presidente del directorio fue referirse al destino de los recursos acumulados por la Tarifa de Uso de Puerto (TUP), que supuestamente serían destinados a financiar nuevas aguas abrigadas. ¿Dónde están esos fondos? ¿En qué se han gastado? Estas son preguntas legítimas que deben ser respondidas con transparencia por la gerencia, y por qué no, investigadas también por la Contraloría.

Otro frente que requiere atención constante es el cumplimiento de la legislación ambiental. Abedrapo afirmó que la construcción del molo solo comenzará una vez obtenida la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Si bien esta declaración se ajusta a lo que exige la Ley de Bases del Medio Ambiente, la experiencia nos dice que la obtención de una RCA no siempre implica un proceso limpio, transparente o respetuoso con el entorno y sus comunidades.

La ciudadanía debe estar alerta para asegurar que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se lleve a cabo con todo el rigor técnico y la participación ciudadana que la ley demanda. No se trata solo de cumplir con un trámite: es indispensable que las observaciones de la comunidad sean tomadas en serio, que se evalúen todos los impactos como el dragado del fondo marino y el destino del material extraído y que se implementen medidas reales de mitigación y compensación.

Cualquier intento por acelerar el proceso o minimizar los riesgos será observado con lupa. Porque la ciudadanía no va a permitir que la expansión portuaria se convierta en sinónimo de daño ambiental o degradación urbana.

En resumen, la ampliación del puerto de San Antonio tiene el potencial de ser un motor de desarrollo económico. Pero ese desarrollo no puede construirse violando la ley ni marginando a las comunidades locales. Las palabras del presidente del directorio han encendido señales de alerta respecto al financiamiento y al respeto por la normativa ambiental.

Estaremos atentos. Exigiendo nuestro derecho a estar informados, a participar y a fiscalizar, porque el desarrollo sostenible y la probidad no se negocian.

Y más allá de lo legal, hay una pregunta que no podemos dejar de hacernos: ¿para quién es este puerto?

Porque si su riqueza no se queda en San Antonio, si no mejora la vida de su gente, si solo llena los bolsillos de las grandes transnacionales, entonces habremos perdido una oportunidad histórica.

Que el puerto crezca, sí. Pero que su progreso también llegue a la ciudad que lo hace posible.

Jorge Bustos