¿Sociedades médicas o sociedades del abuso?

En medio de la profunda crisis que enfrenta el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, con pabellones cerrados, cirugías suspendidas y una deuda millonaria que arrastra desde 2021, hay una figura que ha pasado casi de puntillas por el debate público: las sociedades médicas.

Estas entidades privadas, integradas muchas veces por los mismos médicos contratados por el hospital, operan bajo un esquema de tercerización de servicios dentro del propio recinto. Utilizan equipos, instalaciones públicas y, en algunos casos, hasta personal del hospital. Todo esto a cambio de arriendos simbólicos o acuerdos poco claros. En lugar de fortalecer la dotación del sistema público, se permitió la creación de un sistema paralelo, opaco, que hace negocios al alero de la salud pública.

Aquí es donde cabe preguntarse: ¿eran realmente necesarias estas sociedades?

El Código del Trabajo, en su artículo 32, permite la realización de horas extraordinarias por parte de trabajadores contratados, entre ellos los médicos. ¿Por qué, entonces, crear una entidad externa para realizar atenciones fuera del horario laboral, cuando perfectamente esos mismos profesionales podían haber sido contratados por el propio hospital para cumplir con jornadas extendidas o refuerzos quirúrgicos? ¿No habría sido más transparente, más eficiente y sobre todo, más justo con el uso de los recursos públicos?

Lo que se ha hecho es disfrazar trabajo dependiente como si fuera un servicio externo. Se simula una "compra de servicios" que, en realidad, esconde una relación laboral encubierta y una doble contratación del mismo profesional: por un lado, en su horario regular como funcionario público; y por otro, en horario extraordinario, como proveedor privado a través de su propia sociedad.

La ciudadanía tiene derecho a saber cuánto dinero ha fluido hacia estas estructuras privadas. ¿Cuánto del déficit financiero del hospital fue a parar a las cuentas de estas sociedades? ¿Quiénes son sus integrantes? ¿Quién controlaba que no se repitieran funciones o que se cobrara dos veces por el mismo trabajo? Hoy no hay claridad. La opacidad es absoluta. Y cuando hay opacidad en instituciones públicas, hay sospechas fundadas de corrupción.

Este no es un problema técnico: es ético y político. Es también una expresión de cómo el modelo de mercado ha penetrado hasta los huesos de nuestro sistema de salud pública, donde lo que prima no es el derecho de los pacientes a ser atendidos, sino la capacidad de lucro de quienes operan desde dentro del propio sistema.

Ya basta de silenciar lo evidente. La crisis del Van Buren no solo es el resultado de una mala gestión financiera. Es el desenlace de años de permisividad con prácticas que desviaron recursos, quebraron confianzas y, lo más grave, perjudicaron directamente la salud de los porteños.

Hoy exigimos que se investigue a fondo. Que se transparente el rol y los ingresos de las sociedades médicas. Y que, de una vez por todas, se ponga fin a esta lógica perversa de privatización encubierta dentro de nuestros hospitales públicos.

Defendamos la Ciudad

Jorge Bustos