Crónica de un Despojo Anunciado

¿El "Acuerdo por Valparaíso" o la Última Estafa a Valparaíso ?

Décadas de promesas rotas, maniobras cuestionables y desprecio por el patrimonio de la ciudad siembran dudas insalvables sobre la credibilidad de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) y también exponen la credibilidad de los firmantes del reciente pacto.

La historia reciente de la relación entre la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) y la ciudad que le da nombre es una intrincada trama de errores administrativos, reveses judiciales, sospechas de trampas contractuales y, sobre todo, promesas incumplidas que han dejado una profunda cicatriz en la confianza pública. El reciente y publicitado "Acuerdo por Valparaíso" (2023), presentado como un nuevo amanecer en la relación puerto-ciudad, corre el grave riesgo de ser solo el último capítulo de una larga saga de engaños, a la luz del historial de la empresa estatal.

El análisis cronológico de las acciones de EPV desde la década de los 90 dibuja un patrón alarmante. Si bien un cabildo ciudadano en 1991 ya abogaba por devolver el borde costero a la gente, siempre que no se frenara el desarrollo portuario, y la declaración de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003 parecía sellar un pacto de convivencia armónica (incluyendo un plan de transformación que hablaba de usos mixtos), la realidad gestionada por EPV ha sido muy distinta.

El Fantasma del Mall Barón. Un punto de inflexión oscuro es el año 2006. La adjudicación del proyecto Puerto Barón a Plaza Valparaíso S.A. (ligada a Falabella) vino acompañado de la firma de un contrato que, desde su origen, levantó banderas rojas por ser potencialmente lesivo para los intereses del Estado y de Valparaíso:

• Venta a precio vil: Permitía la venta de terrenos portuarios a un valor irrisorio comparado con su avalúo fiscal y costo de compra.
• Subsidio encubierto: Comprometía a EPV a pagar a Falabella por mantener espacios públicos, una clara transferencia de recursos estatales al retail privado.
• Cheque en blanco a futuro: Obligaba a EPV a recomprar toda la infraestructura construida por Falabella en 30 años, sin fijar un precio, abriendo la puerta a un posible desfalco futuro.

Las irregularidades no cesaron. La Contraloría General de la República (CGR) objetó modificaciones al permiso de edificación en 2014 y 2016, declarándolas apartadas de la ley. Peor aún, en 2016, se modificó el contrato original a espaldas de la ciudadanía, traspasando costos de estudios, informes y eventuales daños por marejadas directamente a EPV, es decir, al bolsillo de todos los chilenos. Las denuncias sobre la falta de permisos de edificación vigentes y la cuestionada inhabilidad del Gerente General de EPV de la época solo añaden más sombras a este proyecto.

Paralelamente, la expansión portuaria, particularmente el desarrollo del Terminal 2 (T2), ha estado plagada de controversias. Desde licitaciones declaradas desiertas y adjudicaciones bajo sospecha (criticadas por condiciones que harían imposible la rentabilidad sin alterar contratos a posteriori), hasta la extensión irregular de cláusulas de salida ("way out") para el concesionario.

EPV no dudó en comprometer recursos fiscales millonarios, priorizando accesos para un terminal (T1) y luego perdiendo juicios en la Corte Suprema relacionados con el T2. La propia Armada, en 2011, advirtió sobre el "efecto tapón" que el proyecto Puerto Barón generaría para el desarrollo portuario futuro, una objeción ignorada.

La condición de Sitio de Patrimonio Mundial parece haber sido más un obstáculo que una guía para EPV. Denuncias ciudadanas ante la UNESCO (2011), solicitudes de informes técnicos ignoradas (2012) y la aprobación de proyectos como Puerto Barón sin la evaluación patrimonial requerida por el organismo internacional (2012) demuestran un desdén preocupante. La misión de la UNESCO en 2013 fue crítica, y sus recomendaciones de realizar Estudios de Impacto Patrimonial y crear una estructura de gestión coordinada (2014) evidenciaron la falta de diligencia del Estado Parte, con EPV como actor principal en el territorio en disputa.

A esto se suman denuncias de funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (2014) sobre presiones políticas y empresariales en decisiones técnicas, una práctica que, según las fuentes, se habría intensificado, sugiriendo una captura institucional al servicio de intereses particulares.

La lista de agravios es larga: el compromiso público de tener un muelle exclusivo para cruceros en febrero de 2020 y antes el 2001, que jamás se materializó; las serias dudas sobre el estado del molo de abrigo, sobre las cuales EPV guarda silencio; las denuncias de competencia desleal al participar en faenas portuarias e inspecciones, mientras subsidia a sus propios concesionarios; y la gravísima acusación de "comprar el silencio de autoridades, funcionarios públicos y de la prensa formal".

¿Redención o Cortina de Humo?

En este contexto desolador, surge en 2023 el "Acuerdo por Valparaíso". Firmado con pompa y brindis por EPV, el presidente de la Republica fue testigo del fraude, autoridades locales y regionales, y diversas organizaciones, promete una "nueva relación", desarrollo armónico, bienestar ciudadano y un plan integrado para 11 kilómetros de borde costero. Suena bien en el papel.

Sin embargo, la historia reciente obliga a la máxima cautela. ¿Dónde está el presupuesto detallado y asegurado para estas ambiciosas promesas de parques y paseos costeros? Las fuentes indican que EPV sí ha gastado generosamente en publicidad y eventos en el pasado, pero no hay claridad sobre la financiación real de este nuevo plan. ¿Es solo otra campaña de relaciones públicas financiada con recursos públicos mientras los problemas de fondo persisten?

La Imposibilidad de Creer

Después de décadas de maniobras al límite de la legalidad (y a veces cruzándola, según la CGR), contratos perjudiciales para el erario público, desprecio por el patrimonio mundial, promesas rotas y una opacidad constante de TUP, resulta simplemente imposible otorgarle un cheque en blanco de credibilidad a la Empresa Portuaria de Valparaíso. Su historial no es de errores aislados, sino de un patrón de conducta que parece priorizar intereses particulares, de grandes empresas, la expansión y monopolización a cualquier costo, por sobre el bienestar de Valparaíso y el resguardo del patrimonio fiscal y cultural.

Ante esta abrumadora evidencia, quienes firmaron el "Acuerdo por Valparaíso" junto a EPV quedan en una posición insostenible. O bien pecan de una ingenuidad alarmante, actuando como niños de pecho que desconocen o eligen ignorar el voluminoso expediente de engaños de la empresa estatal; o, en el peor de los casos, son mentirosos profesionales, cómplices conscientes que, bajo un discurso de bien común, facilitan los intereses de un monopolio que ha demostrado, una y otra vez, que su palabra vale tanto como el papel mojado por las marejadas que alguna vez pretendió cargarle al Estado. El tiempo dirá si este "Acuerdo" es diferente, pero la historia, hasta ahora, dicta sentencia: con EPV, la única certeza, es la duda.