Las recientes declaraciones de 4 de 5 senadores de la región, respaldando el Acuerdo por Valparaíso y negando ilegalidad en él, contrastan fuertemente con la realidad objetiva que se desprende de los documentos y las preocupaciones ciudadanas. Mientras los parlamentarios abogan por un "impulso necesario" para el puerto, una mirada profunda revela un proyecto que, bajo la máscara del desarrollo, podría acarrear consecuencias nefastas para Valparaíso y sus habitantes.

Los senadores Francisco Chahuán, Ricardo Lagos Weber, Isabel Allende y Juan Ignacio Latorre han manifestado un apoyo transversal al Acuerdo, enfatizando su potencial para potenciar la "Ciudad Puerto". Incluso recuerdan iniciativas pasadas, como un proyecto de acuerdo de 2015 y un proyecto de ley pendiente, como muchos, destinados a que la actividad portuaria genere mayores beneficios directos para la ciudad. Sin embargo, la cuestión central radica en cómo se pretende lograr este "potenciamiento", y si los medios justifican los posibles sacrificios.

La Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), en su solicitud de informe al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), revela sus verdaderas intenciones, que van más allá de un mero "acuerdo" con la ciudad. EPV solicita la aprobación para licitar los Terminales 1 y 2 del Puerto de Valparaíso bajo un sistema monoperador. Este punto es crucial, ya que concentra la operación de los dos frentes de atraque, todo el turismo naviero y la carga ferroviaria en un único operador, lo que inherentemente plantea riesgos para la libre competencia, a pesar de los "resguardos" que EPV propone al TDLC.

La retórica del "desarrollo", la competitividad y la eficiencia choca frontalmente con la destrucción de la playa San Mateo, tapando la vista con las cinco grúas de 95 metros de altura al sector más desarrollado en hotelería y turismo. Si bien los documentos de EPV detallan proyectos de inversión obligatoria (POI), incluyendo una explanada en el sector San Mateo, no se profundiza en el impacto ambiental y social directo sobre esta área. La expansión hacia San Mateo implica necesariamente la alteración, si no la desaparición, de un espacio costero de uso público desde 1904, contradiciendo la idea de un “desarrollo armónico” con la ciudad que mencionan algún parlamentario.

Asimismo, el arrebatar un terreno urbano cedido en 2005 (RCA 23) para crear un muelle multipropósito, que no está especificado con referencia en los documentos proporcionados al TDLC, podría estar relacionado con la reconfiguración de las áreas de desarrollo marítimo que plantea EPV. La expansión portuaria a menudo requiere la reasignación de terrenos, y si esto implica la revocación de cesiones previas sin un adecuado diálogo y compensación, se erosiona la confianza y se cuestiona la legitimidad del "acuerdo".

La preocupación por tapar la vista del cerro más turístico de la ciudad con grúas de 95 metros de altura tampoco se aborda directamente en los documentos en términos de la altura específica de las futuras grúas. Sin embargo, la magnitud de la inversión en infraestructura y la necesidad de atender naves portacontenedores tipo Clase E, New-Panamax o superior sugiere la incorporación de equipos de gran tamaño, con el consiguiente impacto visual en el paisaje urbano, un elemento fundamental del valor patrimonial de Valparaíso.

En cuanto a las leyes y el esfuerzo que respaldan este proyecto más allá del "monopolio disfrazado de progreso", EPV se ampara en la Ley de Puertos y la necesidad de "mantener su posición competitiva en la Región de Valparaíso". Argumentan que la operación conjunta de los Terminales 1 y 2 bajo un modelo monoperador es una "concentración natural para competir con los Terminales Mar y Tierra del Puerto Exterior de San Antonio", que, valga decir, no se ha construido y no se construirá. Esta justificación, si bien busca la eficiencia y la competitividad a nivel regional, prioriza la lógica del mercado portuario y el monopolio por encima de las necesidades y el bienestar económico y ambiental de la comunidad local.

Es crucial distinguir entre el Acuerdo por Valparaíso, presentado por los senadores como un avance para la ciudad, y la solicitud concreta de EPV al TDLC. El acuerdo podría contener puntos beneficiosos para la comunidad, como la creación de una Mesa de Responsabilidad Social Empresarial (Mesa RSE) y la consideración de mejorar la transferencia de carga ferroviaria, pero esa será realizada por el monopolio, contrayendo más aun la fuerza laboral. Sin embargo, la pieza central de la petición de EPV es la consolidación de un monopolio operativo, justificada por la competencia con San Antonio y la necesidad de aumentar la capacidad, lo cual suena más bien a una estafa, a un ardid.

La pregunta que queda en el aire es si este "progreso" impuesto por la vía de un monopolio portuario, con las potenciales consecuencias negativas para el medio ambiente, el espacio público y el paisaje de Valparaíso y la economía local ya devastada por la puesta en marcha de la ley de modernización portuaria, realmente representa un beneficio para la ciudad o si, por el contrario, se trata de otro despojo más de sus activos y su calidad de vida en aras de mayores ganancias para unos pocos. Los senadores, al defender críticamente el Acuerdo sin confrontar las implicaciones de la solicitud de EPV al TDLC, corren el riesgo de ser percibidos como cómplices de un modelo de desarrollo que prioriza la economía portuaria monopólica por encima del bienestar integral de Valparaíso.

En concreto, hoy la ciudad no recibirá nada por entregar una de sus dos playas al monopolio alemán. Pueden explicar por qué los alemanes podrán hacerse más ricos y la ciudad más pobre, porque la playa y la explanada que se supone construirán no están destinadas a que cada contenedor que pase o se quede en ese lugar pague una tarifa para la ciudad.

Y no cometan el error de otros ignorantes al decir que se construirán paseos, plazas y miradores, porque eso no tiene presupuesto y no es obligación del concesionario monopólico construirlo según los datos que entrego EPV al TDLC. Porque debemos hacer más ricos a los alemanes y a la ciudad y sus habitantes más pobres.

Porque señores parlamentarios, el puerto de Valparaíso no puede ser administrado por la ciudad, como lo es en Hamburgo, Rotterdam, Nueva York, Nueva Jersey, Oslo, solo por nombrar algunos, porque tan subdesarrollados, no reciben suficiente dinero de los chilenos como para contratar asesores que los instruyan.

Soy Jorge Bustos, que algo sé de puertos.