Andrés Orrego, quien es presentado por la BioBio como experto en puertos, ha generado controversia con sus recientes declaraciones sobre la situación del proyecto terminal 2 del Puerto de Valparaíso. En la nota periodística, Orrego afirmó que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto está aprobada desde 2018, sugiriendo que solo algunos puntos menores están siendo revisados por el Tribunal Ambiental. Esta afirmación, sin embargo, evidencia un profundo desconocimiento del proceso legal y ambiental en curso.

Orrego parece ignorar que el Segundo Tribunal Ambiental anuló parcialmente y suspendió los efectos de la RCA que aprobaba el proyecto "Terminal Cerros de Valparaíso, TCVAL". Esta decisión judicial no es un mero trámite; implica que el proyecto no puede ser ejecutado hasta que se obtenga una RCA complementaria que considere los aspectos cuestionados por el Tribunal.

El Tribunal Ambiental determinó que tanto la RCA N°39/2018 como la decisión administrativa que resolvió los recursos en contra de ella, contienen vicios de legalidad. Estos vicios se refieren a la falta de consideración adecuada de las observaciones ciudadanas sobre la alteración de los sistemas de vida de los pescadores y la eliminación de la caleta Sudamericana, así como la evaluación del impacto sobre el paisaje y el patrimonio cultural.

Contrariamente a lo que sugiere Orrego, el proceso no se limita a "algunos puntos menores". El Tribunal ordenó que se retrotraiga la evaluación ambiental hasta la etapa de dictar un nuevo Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA), enfocado específicamente en los impactos mencionados. Este retroceso implica una revisión sustancial, no una mera formalidad.

La ligereza con la que Orrego trata este tema plantea serias dudas sobre su experticia en materia portuaria y ambiental. Si bien puede tener conocimientos en el ámbito portuario, su falta de comprensión de las leyes ambientales y los procesos legales es evidente.

La declaración de que la acción administrativa realizada por la Fundación Defendamos la Ciudad es "extemporánea" es una interpretación errónea de la situación. El hecho de que se esté tramitando una RCA complementaria y que existan cuestionamientos legales sobre el Acuerdo por Valparaíso indica que aún hay espacio y necesidad de acción.

Es posible que Orrego tenga un perfil periodístico, lo que podría explicar su falta de rigurosidad en el análisis técnico y legal. Ser periodista no lo convierte en experto en leyes ambientales ni en la complejidad de los procesos administrativos.

Las declaraciones de Andrés Orrego revelan un preocupante desconocimiento del proceso ambiental y legal en curso. Sus afirmaciones simplistas y erróneas sobre la RCA del proyecto TCVAL sugieren que su opinión debe ser tomada con cautela, más cuando en el portal de la mismísima EPV levanta la noticia que pide prórroga hasta el 3 de diciembre del 2025. Es fundamental que el debate público sobre estos temas sea informado por expertos que comprendan la complejidad de las leyes y los procesos ambientales, no por figuras que puedan tener un interés periodístico o una visión superficial de los hechos.

La falta de rigurosidad y la desinformación solo dificultan la búsqueda de soluciones sostenibles y justas para el desarrollo portuario y la protección del medio ambiente y de la ciudad de Valparaíso. Porque digamos las cosas por su nombre, el “Acuerdo por Valparaíso” solo favorece a EPV y a su único futuro concesionario. Una vergüenza que deberán cargar los firmantes.

Jorge bustos