El diagnóstico no solo es claro: es obsceno. En Chile, la riqueza extrema no se tolera como un mal necesario, se celebra como virtud nacional.
Mientras se recortan presupuestos para salud, educación y pensiones, el Estado chileno transfiere miles de millones a conglomerados que ya concentran poder económico, logístico y político. No es inversión: es captura. No es desarrollo: es despojo.
Cada septiembre, Chile se disfraza de independencia. Se llena de banderas, cuecas y carbón como si el país celebrara su emancipación. Pero lo que se conmemora el 18 no es ruptura ni soberanía: es la instalación de una Junta que en 1810 juró lealtad al rey de España. Un gesto administrativo, no libertario.
Este mes no se conmemora: se fiscaliza. Porque septiembre en Chile no es solo memoria, es diagnóstico. Y el diagnóstico es brutal: el pueblo ha sido domesticado. No por la fuerza, sino por el consenso.
Durante tres años, Chile fue gobernado por una dupla que no pasó a segunda vuelta, ni siquiera compitió.
La lectura del reciente informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) sobre la propuesta de la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) para licitar conjuntamente los Terminales 1 y 2, junto con la operación del Terminal de Pasajeros, no es una simple aportación técnic
