Cuando la narrativa viene del poder de los medios y la derecha

Ante la insistencia de la prensa concubina del poder de imponer una narrativa única sobre el fracaso del último gobierno, es necesario decir con claridad: que uno no viene a repetir consignas ni a ajustar cuentas pequeñas. Al contrario, se debe explicar otra verdad, una que se sustenta en hechos y en la mirada de quienes hemos demostrado con creces que somos de izquierda. No para destruir, sino para comprender por qué un gobierno que nació del estallido social terminó entregando el país, en marzo, a la ultraderecha.

El quiebre del bloque oficialista no fue un accidente ni una simple pelea interna. Fue el resultado de la convivencia forzada entre dos proyectos que nunca compartieron horizonte. Por un lado, una coalición que emergió del estallido social con la promesa explícita de transformación. Por otro, la vieja Concertación, que terminó ocupando los ministerios más estratégicos del Estado y capturando las decisiones centrales del gobierno. No fue un error electoral ni una diferencia interna: fue que un sector rechazado por la ciudadanía terminó controlando el gobierno.

Los errores del Frente Amplio existieron y deben decirse sin evasivas. El más simbólico fue el episodio de Izkia Siches como ministra del Interior. Su fallida visita a La Araucanía, improvisada y mal conducida políticamente, no solo fue un error personal: fue el momento que permitió instalar la idea de que la izquierda era incapaz de gobernar el orden público. Ese episodio se transformó en el argumento perfecto para que el sector más conservador del oficialismo tomara el control del gobierno y desplazara cualquier intento de transformación estructural.

Desde entonces, el gobierno dejó de disputar sentido y comenzó a administrar el miedo. La Ley Naín-Retamal, impulsada por ese sector y respaldada por la derecha, marcó el punto de quiebre definitivo. Se otorgó a Carabineros un marco de defensa privilegiada, debilitando los controles democráticos y abriendo la puerta a la impunidad policial. Se nos dijo que era por seguridad, pero la seguridad sin justicia no es seguridad: es abuso legitimado. Lejos de fortalecer la institución, se profundizó su desprestigio y se rompió el vínculo con el pueblo.

El giro conservador también se expresó en la conducción económica y territorial del Estado. Mientras se hablaba de justicia social y descentralización, organismos clave siguieron operando bajo una lógica neoliberal pura. El Sistema de Empresas Públicas, dirigido por figuras socialistas, insistió en un modelo portuario concentrador, que monopoliza la actividad, extrae riqueza y empobrece a las ciudades donde se produce. No es un debate técnico: es una definición política. En Valparaíso, el presidente del directorio de la Empresa Portuaria, un neoliberal declarado, fue el artífice del llamado “Acuerdo por Valparaíso”, un diseño que subordina la ciudad a intereses privados y consolida el despojo del borde costero bajo un gobierno que decía venir a cambiar el modelo.

La señal ética fue aún más grave en materia de memoria y soberanía. La Pensión Garantizada Universal dejó fuera a las víctimas de la dictadura, excluyendo a quienes sufrieron prisión política, tortura y desaparición forzada. No fue un descuido administrativo, sino una decisión política que reveló prioridades. Al mismo tiempo, el acuerdo con SQM extendió la explotación del litio hasta 2060, consolidando la dependencia del país respecto de una empresa ligada al yerno de Pinochet. Se habló de realismo, pero lo que se hizo fue hipotecar el futuro y normalizar a los herederos del poder económico de la dictadura.

Frente a este cuadro, la prensa de derecha insiste en imponer una narrativa cómoda: que todo se explica por la inexperiencia, por el “octubrismo” o por una supuesta alergia de la izquierda al orden. Esa narrativa oculta lo esencial. La ultraderecha no llega porque sea fuerte; llega porque el proyecto de transformación fue abandonado desde el propio gobierno. Cuando la izquierda promete cambio y administra el mismo modelo, la frustración social no desaparece: se desplaza. Y cuando la izquierda habla como derecha, la ciudadanía termina prefiriendo el original.

La lección es dura, pero ineludible. El quiebre del oficialismo no fue ideológico, fue ético. Se prometió transformación y se entregó administración. Se habló de dignidad y se validó la impunidad. Se invocó la soberanía y se pactó con los mismos poderes de siempre. Siempre es mejor andar solos que mal acompañados, porque las alianzas mal tejidas no solo quiebran gobiernos, también quiebran la confianza del pueblo. Y cuando la memoria, la justicia y la soberanía se abandonan en nombre del orden, lo que queda no es gobernabilidad: es traición.

Jorge Bustos