En Valparaíso no estamos discutiendo un proyecto portuario. Estamos presenciando un despojo.
Mientras la Empresa Portuaria Valparaíso repite un relato de “equilibrio ciudad-puerto”, sus propios documentos revelan algo muy distinto: una operación diseñada para apropiarse del borde costero bajo lenguaje técnico, ocultar su real magnitud y entregar la bahía a un modelo de monopolio privado por las próximas décadas.
Se nos dice que la intervención en Playa San Mateo será mínima. Que apenas se ocuparán 3,5 hectáreas. Esa cifra se repite como un mantra, pero es falsa. El Plan Maestro 2020 reconoce una reserva de más de 31 hectáreas en el sector, de las cuales 27 corresponden al mar. No se trata de una explanada puntual, sino de la consolidación jurídica de una futura expansión industrial sobre una de las pocas playas públicas que le quedan a Valparaíso.
No es una obra menor. Es una expropiación encubierta.
La razón tampoco es estratégica ni nacional. No existe ninguna urgencia país que obligue a destruir una playa. El objetivo real es reducir costos logísticos del futuro concesionario, eliminando el sistema ZEAL y trasladando el acopio de contenedores al borde costero. Menos transporte interno, más rentabilidad privada. Así de simple.
El propio Plan Maestro lo reconoce: el modelo que se busca consolidar es el de la monoperación portuaria el 2029. Un solo operador, un solo control, una sola lógica. Monopolio.
Lo que se presenta como “modernización” no es más que la transferencia silenciosa de un bien público a intereses privados.
Para justificarlo, EPV ha intentado instalar la idea de que Playa San Mateo carece de valor. Que es artificial. Que no sirve. Que no importa. Pero los estudios técnicos de la Universidad de Valparaíso demuestran lo contrario: el uso social, recreativo y ambiental genera más valor territorial que el uso industrial. El proyecto portuario empobrece la ciudad y solo mejora marginalmente los indicadores económicos de la empresa.
Es una decisión consciente: perder ciudad para ganar contenedores.
Y todo esto ocurre mientras se simula participación ciudadana. El llamado “Acuerdo por Valparaíso” prometió consulta vinculante. Lo que existe hoy son talleres informativos sin incidencia, documentos fragmentados y procesos diseñados para cumplir el expediente, no para escuchar a la comunidad. La opinión de Playa Ancha fue clara y unánime: la playa no se toca. Esa decisión fue ignorada.
No por error. Por conveniencia.
La ley obliga a las empresas portuarias del Estado a promover un desarrollo armónico con la ciudad. EPV ha hecho exactamente lo contrario. Ha actuado como promotora inmobiliaria del borde costero, subordinando el interés público a la lógica del concesionario futuro.
Aquí no hay diálogo. Hay imposición.
Playa San Mateo no es una zona de sacrificio ni un terreno disponible. Es un espacio público, un patrimonio social y una frontera urbana que separa a Valparaíso de convertirse definitivamente en una ciudad sin mar.
Lo que está en juego no es una playa. Es el precedente.
Si hoy se destruye San Mateo para facilitar un monopolio portuario, mañana ninguna franja costera estará a salvo. El mensaje será claro: en Valparaíso, el puerto decide y la ciudad obedece.
Eso no es desarrollo.
Eso no es progreso.
Eso es captura del Estado.
Y frente a eso, el silencio no es neutralidad: es complicidad.
Jorge Bustos
Defendamos la Ciudad
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