El robo perfecto disfrazado de concesión
Durante más de 25 años, Valparaíso ha estado atrapado en una relación desigual que ha frenado su desarrollo portuario, turístico y laboral. Hablamos del vínculo entre la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), que debería defender los intereses de la ciudad, y el consorcio privado Terminal Pacífico Sur (TPS), parte del holding Ultramar. Esta alianza ha significado, en la práctica, la entrega del puerto a intereses privados que actúan sin contrapesos.
¿El resultado? Más del 85% de las operaciones portuarias están hoy bajo el control de una sola empresa. Y lejos de traducirse en progreso, esto ha traído sobrecostos, pérdida de competitividad y un empobrecimiento sostenido de la ciudad. Las faenas portuarias como la estiba, desestiba, porteo, consolidación y transporte se han encarecido en más de un 30% respecto de otros puertos del país. ¿Quién paga esto? Sin duda la ciudad.
Esto ha sido, sin exagerar, el robo perfecto. Mover un contenedor en Valparaíso cuesta entre un 50% y un 80% más que en puertos como San Antonio o Coronel, que son del mismo holding. Solo el porteo de un contenedor puede ser un 60% más caro que en el puerto vecino. Y lo peor es que las empresas ya lo saben: muchas prefieren pagar peajes extra y recorrer más kilómetros antes que dejarse extorsionar por las tarifas impuestas en TPS.
Pero este sobrecosto logístico no lo absorbe el gran comercio internacional. Lo paga usted. Lo paga el agricultor que ve cómo su fruta se vuelve demasiado cara para competir. Lo paga la familia que compra productos importados con precios inflados. Lo paga el trabajador que pierde su empleo porque Valparaíso se volvió inviable para hacer negocios.
Y todo esto ocurre mientras nos siguen repitiendo una gran mentira: que un solo operador es más eficiente. Que concentrar todo en TPS asegura productividad. Pero los hechos dicen lo contrario. En Valparaíso, el costo por hora de trabajo portuario es más del 70% mayor que en otros terminales del sur. Las tarifas de almacenaje, pasados los tres días, casi duplican las de San Antonio. ¿Dónde está esa eficiencia? En las utilidades de Ultramar, que solo en 2023 se embolsó cientos de millones mientras Valparaíso lideraba el desempleo regional con más de un 12%.
En 2017, esta lógica de abuso mostró su peor cara. En medio del conflicto por las cargas limpias, TPS movilizó a sus trabajadores para bloquear el desembarco de cruceros. No fue un error logístico: fue una estrategia de presión. ¿El resultado? Más del 40% de las recaladas internacionales se perdieron y la industria turística local colapsó.
Lo más indignante es que, en lugar de enfrentar estas malas prácticas, EPV optó por convertirse en cómplice. No solo toleró conflictos laborales graves, sino que aceptó sin reparos una tarifa impuesta por TPS a los exportadores, lo que le valió una condena de la Fiscalía Nacional Económica. Luego vino una denuncia al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pero no fue más que una pantomima para encubrir lo que ya se venía fraguando: un monopolio de largo plazo disfrazado de concesión.
Hoy, con el Plan Estratégico de la Zona Costera (PEZC), financiado por la propia EPV, se pavimenta el camino para que TPS continúe como dueño absoluto del puerto por 30 años más. Nuevas instalaciones, beneficios regulatorios, acceso preferencial a decisiones estratégicas todo armado para asegurar que nada cambie. Un continuismo disfrazado de eficiencia.
Peor aún, el holding Ultramar ya tiene más del 60% de ventaja en la próxima licitación de 2029. Tiene la infraestructura, el personal entrenado y una red de influencias que les permite adelantarse a cualquier intento de fiscalización. No hay competencia real posible bajo estas condiciones.
Y si alguien duda de su ética empresarial, basta ver su historial: acoso laboral, persecución sindical y discriminación han sido denunciados repetidamente en Huasco, Punta Arenas, Puerto Angamos y Valparaíso. No son hechos aislados. Es una forma de operar, una cultura de impunidad amparada por su poder económico y por complicidades políticas.
Ahora, este grupo empresarial quiere quedarse con el 100% del control portuario y turístico naviero. Y eso no es cualquier cosa: representa más de un tercio de toda la economía comunal. Es una amenaza directa al desarrollo de Valparaíso y a su capacidad de decidir su propio futuro.
No podemos permitirlo. Es hora de recuperar el puerto para la ciudad. Exigir una gestión pública, transparente, con múltiples operadores y con participación real de los porteños. La riqueza que genera el puerto debe quedarse aquí, no irse entera a manos de un monopolio insaciable.
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no puede entregar el puerto a un solo operador sin dejar nada a cambio para Valparaíso.
Y nosotros, los porteños, no debemos permitirlo.
Defendamos la ciudad
Jorge Bustos
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