La reciente aprobación de un crédito por USD 150 millones, garantizado por el Estado chileno, a favor de la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) por un Banco extranjero para el desarrollo del megaproyecto del Puerto Exterior, plantea preguntas inquietantes. ¿Es este acuerdo realmente beneficioso para Chile o simplemente otro ejemplo de cómo las comunidades locales quedan relegadas mientras se priorizan los intereses de grandes empresas transnacionales?
¿Por qué este préstamo es preocupante?
En primer lugar, la Ley N° 19.542 claramente limita a las empresas portuarias estatales de recibir créditos y subsidios estatales. ¿Por qué entonces este acuerdo parece forzar las normas para transferir un riesgo financiero, que debería recaer en la empresa, hacia el bolsillo de cada ciudadano chileno?
Imagínate: mientras EPSA cobra durante 24 años una tarifa conocida como “Tarifa Única de Puerto” (TUP) que genera un significativo 40% de sus ingresos, ¿dónde está el dinero destinado a “aguas abrigadas”? Los ciudadanos tienen derecho a exigir transparencia, especialmente cuando los gerentes de estas empresas disfrutan de sueldos escandalosos y, ahora, nos dejan con la carga de un préstamo millonario.
Las comunidades, la ciudad y su gente siempre las perdedoras
El megaproyecto promete fortalecer el comercio internacional, pero ¿qué sucede con San Antonio y su gente? Las consecuencias negativas no se pueden ignorar: contaminación, congestión vial, empleo precario y un monopolio portuario que está lejos de generar beneficios locales significativos. El bienestar de las familias de San Antonio no parece ser prioridad.
Los trasnacionales salen ganando
¿Es justo que los puertos se conviertan en simples herramientas para enriquecer a las grandes corporaciones mientras las comunidades locales asumen todo el costo? Este modelo extractivo perpetúa un desequilibrio donde lo único que queda en el territorio son las externalidades negativas. La expansión portuaria no garantiza ni empleo digno ni mejoras en la calidad de vida.
¿En qué momento los chilenos decidimos que esta es la ruta correcta?
Chile enfrenta una encrucijada. Este préstamo millonario puede fortalecer cadenas de suministro globales monopólicos, pero sin un modelo que integre beneficios reales para las comunidades afectadas, el costo es demasiado alto. ¿Hasta cuándo permitiremos que los intereses privados y transnacionales sean más importantes que las necesidades de los ciudadanos?
San Antonio merece más que ser solo un eslabón crítico en el comercio internacional. Su gente merece respuestas, oportunidades y un futuro que no esté marcado por deudas que ni siquiera deberían ser suyas.
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