Hay conflictos que no necesitan censura para avanzar; les basta con el silencio. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en Valparaíso con la ampliación portuaria y con lo que se discutirá el próximo martes 3 de marzo en la COEVA. No estamos ante un problema técnico incomprensible para la ciudadanía, sino frente a un caso clásico de cómo la falta de información clara, persistente y crítica termina ordenando el resultado antes de que se vote.
La prensa local y cada vez más la nacional ha optado por una cobertura que no miente, pero tampoco explica. Informa por fragmentos, reduce el debate a consignas técnicas y evita deliberadamente las preguntas incómodas. Así, la ampliación portuaria aparece como un trámite inevitable, casi natural, desprovisto de conflicto político, social y ambiental. Se presenta como progreso, cuando en realidad es una decisión profundamente política, con ganadores claros y costos ocultos.
Lo que no se dice es que esta “inevitabilidad” se construye a punta de omisiones. No se explica que el proyecto no es solo un muelle, sino un reordenamiento completo del borde costero, con impactos urbanos acumulativos sobre tránsito, contaminación, ruido, paisaje, patrimonio y calidad de vida. No se discute seriamente la incompatibilidad entre una ciudad patrimonial y una operación portuaria cada vez más intensiva. No se dice que el modelo portuario que se intenta imponer responde más a intereses concesionarios que a una planificación democrática de ciudad.
Y, sobre todo, no se dice lo que está pasando en Barón.
Mientras se habla de parques y espacios públicos, el Estado, a través del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU), ha financiado la construcción de pavimentos de hormigón estructural de alta resistencia (HF-5), de 25 cm de espesor, diseñados para carga pesada reiterada: camiones, maquinaria industrial y contenedores. Esto no es ideología: es ingeniería básica. Ese estándar no corresponde a parques urbanos, sino a patios industriales y portuarios, algo que el SERVIU no puede construir por ley.
Tampoco se dice que la supuesta “compensación” por reducir el largo del muelle es una falacia urbana. Al concentrar la operación, 4 o 5 grúas de gran altura quedarán instaladas en un espacio más reducido, intensificando la contaminación visual y acústica. Esas grúas bloquearán la vista del anfiteatro natural de Cerro Alegre, el cerro más emblemático y turístico de la ciudad, afectando directamente su valor patrimonial y paisajístico.
Lejos de disminuir el impacto, la concentración de la operación portuaria aumentará el ruido y la presión ambiental sobre toda la Avenida Errázuriz, profundizando la degradación de la calidad de vida en el eje urbano más sensible de la ciudad. Esto no es mitigación: es intensificación del daño.
El resultado final es claro y deliberadamente ocultado: con recursos destinados a vivienda y espacio público se construye infraestructura funcional al puerto, se subsidia indirectamente al futuro concesionario, se degrada el paisaje patrimonial y se concentra el impacto urbano. En los hechos, se consolida un negocio privado a costa de la ciudad, en contravención a la Ley N° 19.542, que prohíbe este tipo de subsidios encubiertos.
Nada de esto se discute abiertamente. Se prefiere presentar la decisión de la COEVA como un asunto técnico y no político. Así se clausura de antemano la deliberación ciudadana. Se instala la idea de que oponerse es ignorancia, romanticismo o sabotaje al progreso. La crítica queda deslegitimada antes de formularse. La opinión pública no es persuadida: es domesticada.
Pero hay algo más que rara vez se nombra. Muchos funcionarios públicos técnicos, autoridades intermedias, asesores saben perfectamente que estas decisiones están mal explicadas, mal socializadas y peor defendidas. Saben que el relato no cierra, que los argumentos son débiles y que el costo urbano es alto. Sin embargo, optan por el camino más cómodo: dejar que el proceso avance, cumplir con el expediente mínimo y marcharse. No asumen el costo político, no dan la pelea comunicacional, no construyen legitimidad. Simplemente administran la inercia.
El problema es que esa inercia no es neutral. Cada decisión impuesta sin explicación robusta, cada obra ejecutada en silencio, cada conflicto cerrado en falso, alimenta el malestar. Y ese malestar no desaparece: alguien lo capitaliza. En este caso la derecha no necesita inventar nada; solo tiene que señalar el vacío, el ninguneo, la desconexión entre decisiones y ciudadanía. Cada silencio cómplice es munición política entregada en bandeja.
Aquí está el punto que muchos no quieren ver: cuando el Estado no explica, no escucha y no se hace cargo del conflicto, no fortalece la gobernabilidad; la erosiona. Y cuando eso ocurre, otros llegan con respuestas simples, autoritarias y seductoras. Cuando una sociedad cree que solo existe una interpretación posible, pierde la capacidad de corregir el rumbo. Y también pierde la capacidad de defender la democracia frente a quienes prometen orden a cambio de silencio.
Valparaíso no necesita más titulares tibios ni más comunicados técnicos. Necesita que se diga, con claridad, qué se está haciendo, con qué plata, para quién y a costa de qué ciudad. Necesita periodismo y periodistas que incomoden y funcionarios que entiendan que su responsabilidad no termina cuando dejan el cargo. Porque si hoy se decide en silencio, mañana el ruido lo harán otros. Y no precisamente para ampliar derechos ni futuro.
Jorge Bustos
Defendamos la Ciudad
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