La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Boletín N° 16.566-03), conocida coloquialmente como "permisología", se presenta como una herramienta de modernización destinada a agilizar la tramitación de permisos de inversión en Chile. No obstante, desde los territorios y los movimientos socioambientales, esta iniciativa genera preocupaciones profundas, pues podría consolidar un modelo de desarrollo que prioriza el crecimiento económico a expensas de los derechos ambientales y de la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Uno de los pilares de la ley es la reducción de plazos en la evaluación de proyectos, lo que el gobierno argumenta como un impulso a la economía. Sin embargo, las comunidades ven esto como una amenaza directa a la fiscalización ambiental. Casos emblemáticos, como el Mall Barón en Valparaíso y el Hotel Punta Piqueros en Concón, han demostrado que la presión empresarial y la influencia de autoridades afines pueden sobrepasar los fallos judiciales. Esta legislación podría institucionalizar una lógica de "permisología exprés", desmantelando instancias de evaluación y consulta esenciales para proteger el patrimonio y los ecosistemas.

Además, la ley no plantea mecanismos sólidos para equilibrar la relación entre empresas y comunidades, lo que profundiza la asimetría de poder. En Chile, la criminalización de la protesta ambiental y la cooptación de líderes comunitarios han sido tácticas recurrentes para silenciar la oposición. Ejemplos como la contaminación en Quintero-Puchuncaví evidencian como estudios financiados por las propias empresas han minimizado los impactos ambientales, contribuyendo a la desinformación y la impunidad.

El gobierno ha señalado que la participación comunitaria seguirá vigente en los procesos de autorización. No obstante, la experiencia ha demostrado que las observaciones ciudadanas suelen tener poca incidencia cuando chocan con intereses económicos. Proyectos como HidroAysén o la minera Dominga muestran cómo la consulta ciudadana se convierte en un trámite simbólico sin efectos vinculantes. Si la ley prioriza la rapidez y la eficiencia sobre la deliberación democrática, el resultado será una ciudadanía cada vez más marginada en decisiones que afectan sus territorios.

En este contexto, la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales no es solo un ajuste burocrático para agilizar trámites, sino una declaración sobre el rumbo del país en términos de desarrollo. Si la agilización de permisos no se acompaña de mecanismos de fiscalización independiente y garantías reales para las comunidades, el Estado se convertirá en un facilitador de la depredación ambiental y podría transformarse en un cruel legado, de quienes se hacen llamar progresistas. La discusión sigue abierta, pero los territorios y sus habitantes ya anticipan su lucha: no contra la inversión, sino contra un modelo que confunde crecimiento económico con justicia social y ambiental.

La pregunta clave sigue sin respuesta: ¿con estos políticos será posible un modelo de desarrollo que no sacrifique los derechos humanos y ambientales en favor de intereses económicos?

Defendamos la Ciudad

Jorge Bustos