Si bien me causó extrañeza la reconsideración de La Contraloría General de la República y su división de Infraestructura, fue aún mayor la sorpresa enterarme que desde que se emitió dicho dictamen había transcurrido casi un mes, y que solo me enteré de esto en tribunales por el conflicto que actualmente me enfrenta con el municipio en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso. Ingrata fue la sensación tras tan inesperado silencio, pues quienes debían- por convicción - informar de ese documento han sido públicamente aliados en esta causa y , por lo tanto, uno espera coherencia en la acción.   

Lo primero es informar que el tema del Valparaíso Terminal de Pasajeros (VTP) se judicializó para que el Contralor General, Sr. Bermúdez se abstuviera de emitir opiniones sobre la legalidad del proyecto, considerando que en sus tiempos de académico se encargaba de hacer los informes en derecho para la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), a través de los cuales justificaba lo injustificable; además, de servir de testigo para la misma empresa en el juicio en contra nuestra por el Mall Barón; proceso que, dicho sea de paso, aún permanece activo en la Ilustrísima Corte Suprema. 

Lo segundo es que Contraloría General comunicó al municipio porteño sobre su apoyo al Contralor Regional en un dictamen el 8 de Marzo del año en curso y lo que le correspondía, después del tal espaldarazo, era aplicar la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC) , en particular su artículo Nº 5 que plantea la obligación de “velar, en todo caso, por el cumplimiento de sus disposiciones” ; es decir, “Clausurar” el VTP, por lo ilegal tanto en su recepción      como en la modificación del permiso que dio vida al Mall Barón. Llama poderosamente la atención que teniendo el respaldo del ente “contralor” y de la LGUC no se haya dispuesto la CLAUSURAR obras ILEGALES hasta el día de hoy. 

Los impedimentos que el municipio podría tener y argumentar se reducen hoy a que el Director de Obras Municipales (DOM) simplemente no quiere hacerlo. Sin embargo se debe aclarar que, la misma Contraloría le ha planteado al municipio, “aplicar las medidas disciplinarias que correspondan” en contra del DOM y de todos aquellos involucrados en estos ilícitos en un plazo de 15 días. 

Podríamos esgrimir otras causales que justifiquen lo anterior, quizás la falta de tiempo y/o exceso de trabajo impidieron al municipio tomar las acciones correspondiente, sin embargo, también existe la posibilidad que clausurar el VTP y revocar su patente podría constituirse en medidas molestas para quienes se creen dueños de la ciudad y están acostumbrados a manejar la alcaldía, aunque uno espera que quien tiene la responsabilidad de administrar    la comuna vele por el cumplimiento de la LEY y no condicione su accionar a ratings de popularidad , menos aun favoreciendo a quienes violan normas y leyes como lo ha constatado Contraloría General de La República. 

Lo otro es simplemente, tener miedo, pero en ese caso se debe considerar que no existe arbitrariedad alguna por parte del Municipio y tampoco la posibilidad de demanda por parte de los afectados si se acatan las medidas dispuestas, pues ha sido la propia Contraloría General de La República quien pide que se sancione a quienes cometieron los ilícitos, se anulen los actos administrativos ilegales y se clausuren las obras ilegales. 

Desde la dictadura cívica militar hasta hoy hemos tenido alcaldes que, ya sea por desidia, o mediocridad, y por no contar con una ciudadanía empoderada, no fueron capaces de cumplir las normas que les exige el Estado de Derecho. Sin embargo esas condiciones cambiaron y Valparaíso dio una lección que trascendió los límites nacionales cuando la parte más activa de la ciudad decidió poner fin a la mediocridad y corrupción y dio paso a nuevas ideas que surgen del sentir popular, del corazón de la ciudad.   

Desde la fecha de la resolución de La Contraloría y su división de infraestructura pasaron por el ilegal y monopólico VTP varios cruceros y, a pesar de las resoluciones del ente contralor, el actual DOM, Matías Valdés aún no es separado de su cargo y funciones. Ello a pesar de su probada participación en la promoción y articulación de las conocidas ilegalidades. 

Jorge Bustos