Llegamos al 10,4% de cesantía, más de 107 mil personas buscando una oportunidad, 11,4% de desempleo femenino y una economía regional que lleva años intentando recuperarse. Mientras la región enfrenta esta realidad, la discusión sobre el futuro portuario parece concentrarse nuevamente en productividad, eficiencia y competitividad. Las 99 propuestas de CAMPORT deberían ser leídas precisamente desde esa contradicción: ¿productividad para quién, competitividad para quién y desarrollo para quién?
Hay cifras que deberían obligarnos a detenernos. La Región de Valparaíso registra una tasa de desocupación de 10,4%, por encima del promedio nacional de 9,4%. No estamos hablando simplemente de una diferencia estadística. Detrás de cada décima hay personas que buscan trabajo, familias que reducen sus gastos, jóvenes que postergan proyectos y trabajadores que terminan aceptando empleos temporales, informales o precarios.
Y hay otro dato que merece especial atención: la desocupación femenina alcanza el 11,4%, mientras la masculina llega al 9,7%. La brecha demuestra que el deterioro del mercado laboral tampoco se distribuye de manera uniforme. Cuando una economía regional no genera suficientes empleos formales y estables, quienes tienen mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral terminan pagando primero la factura.
Pero el problema no termina en la desocupación. Una economía puede mostrar personas ocupadas y, al mismo tiempo, estar produciendo precariedad. Por eso hay que mirar también la informalidad, los salarios, la estabilidad contractual, las cotizaciones previsionales y la capacidad real de los empleos para sostener una familia. No todo empleo es desarrollo y no toda ocupación significa bienestar.
Y aquí aparece la pregunta que incomoda: ¿cómo es posible que una región que alberga actividades estratégicas para la economía nacional tenga semejantes dificultades para generar empleo estable?
Valparaíso no es una región sin actividad económica. Tiene puertos, comercio, turismo, universidades, construcción, servicios, infraestructura logística y una posición geográfica privilegiada. El problema, entonces, no puede explicarse simplemente diciendo que faltan recursos o que la economía está mala. Hay que mirar cómo se organiza esa economía, dónde se genera el valor y cuánto de esa riqueza permanece efectivamente en el territorio.
Y es precisamente aquí donde las 99 propuestas de CAMPORT para la competitividad marítimo-portuaria adquieren una importancia que trasciende el mundo portuario. Porque no estamos hablando solamente de una discusión técnica entre especialistas. Estamos hablando de propuestas que pretenden incidir en las reglas bajo las cuales funcionará una actividad estratégica durante las próximas décadas.
CAMPORT tiene todo el derecho a defender la productividad de sus asociados. El problema aparece cuando la productividad portuaria se transforma en el principio ordenador de toda la política portuaria nacional, mientras quedan en segundo plano las preguntas sobre empleo, territorio, ciudades puerto, distribución de beneficios y desarrollo regional.
Porque productividad significa hacer más con los mismos recursos, reducir costos, aumentar eficiencia y mejorar el rendimiento de una operación. Todo eso puede ser positivo. Pero existe una diferencia fundamental entre productividad empresarial y desarrollo territorial. Una empresa puede aumentar su productividad y, simultáneamente, una ciudad puede seguir empobreciéndose.
Esa es precisamente la discusión que Valparaíso no puede volver a perder. Las 99 propuestas deben ser examinadas con lupa porque detrás de cada modificación normativa, contractual o institucional existe una determinada concepción sobre quién asume los riesgos, quién captura los beneficios y qué obligaciones quedan para los operadores. Cuando se propone extender horizontes concesionales, dar mayor estabilidad contractual, mejorar las condiciones para la inversión o blindar determinadas certezas para los operadores, la pregunta inevitable es: ¿qué recibe la ciudad a cambio?
No basta con responder que recibe más movimiento portuario. El movimiento de carga, por sí solo, no paga las cuentas de una familia porteña.
Tampoco basta con decir que un puerto eficiente genera actividad indirecta. Hay que demostrar cuánto empleo formal genera, cuánto valor queda en la región, cuánto compran los operadores a proveedores locales, cuánto se invierte en capacitación, cuánto se aporta a las ciudades y cómo se compensan las externalidades ambientales, urbanas y territoriales.
La discusión no puede reducirse a cuánto gana el puerto por mover una tonelada. Debemos preguntarnos cuánto gana la sociedad por permitir que esa tonelada sea movida desde su territorio. Esta diferencia parece semántica, pero no lo es. Es la diferencia entre mirar el puerto como un negocio y mirarlo como una infraestructura estratégica inserta dentro de una ciudad.
Durante casi treinta años hemos escuchado hablar de eficiencia, competitividad y modernización portuaria. Y nadie razonablemente puede estar en contra de que nuestros puertos sean eficientes. Chile necesita puertos competitivos. Pero después de casi tres décadas también tenemos derecho a preguntar por los resultados territoriales del modelo.
Porque mientras el puerto mueve riqueza, Valparaíso continúa enfrentando desempleo elevado, precariedad laboral, deterioro urbano y pérdida de oportunidades productivas. Entonces aparece una contradicción que ya no podemos esconder debajo de las estadísticas: si el modelo es tan exitoso, ¿por qué la ciudad que lo soporta no consigue transformar esa actividad en mayor bienestar para sus habitantes?
Y aquí las 99 medidas de CAMPORT adquieren una dimensión política. No porque sean necesariamente malas en cada uno de sus puntos, sino porque representan una determinada dirección para el futuro. Si las propuestas buscan mejorar las condiciones de operación y otorgar mayores certezas al sistema portuario, corresponde exigir que exista una contraparte igualmente fuerte para las ciudades y regiones que soportan ese sistema.
De lo contrario, podríamos terminar haciendo algo muy parecido a lo que hemos hecho durante décadas: perfeccionar el negocio portuario sin perfeccionar el desarrollo de la ciudad puerto.
Y eso sería un error histórico. Porque cuando se habla de nuevas concesiones portuarias para las próximas décadas, no estamos discutiendo solamente contratos. Estamos decidiendo quién tendrá acceso privilegiado a explotar infraestructura estratégica, durante cuánto tiempo, bajo qué condiciones, con qué obligaciones y con qué mecanismos de retorno territorial.
Por eso, antes de aceptar cualquier nuevo diseño, Chile debería abrir una discusión pública sobre las 99 propuestas de CAMPORT. No basta con presentarlas como un paquete técnico destinado a aumentar la competitividad. Cada medida debe ser evaluada también desde el interés público, la competencia, el empleo, las ciudades puerto, el medio ambiente y la distribución territorial de los beneficios.
Y especialmente debe responder una pregunta que hasta ahora parece ausente: ¿qué obligación concreta tendrá el sistema portuario de transformar productividad en desarrollo regional? Porque si la respuesta vuelve a ser que el beneficio para Valparaíso será simplemente más carga, más eficiencia y más competitividad, entonces estamos confundiendo nuevamente el medio con el objetivo.
El objetivo no debería ser tener un puerto exitoso dentro de una ciudad empobrecida.El objetivo debería ser tener un puerto exitoso porque la ciudad y la región también prosperan con él.
Por eso la actual crisis laboral no puede analizarse separada del debate portuario. El 10,4% de desocupación no es causado automáticamente por una propuesta empresarial ni sería serio afirmar que las 99 medidas de CAMPORT son responsables directas de esa cifra. Pero sí sería irresponsable ignorar que el modelo que hoy se quiere perfeccionar debe ser evaluado precisamente a la luz de sus resultados sociales y territoriales.
No se puede pedir a Valparaíso que acepte nuevas concesiones, nuevas inversiones y nuevas transformaciones portuarias sin preguntarle qué recibirá a cambio. Y aquí está el verdadero desafío para los parlamentarios, autoridades regionales, municipios, trabajadores y organizaciones ciudadanas: no discutir solamente si queremos más puerto, sino qué puerto queremos y para qué queremos ese puerto.
Porque las próximas licitaciones no deberían ser una repetición de las anteriores. Deberían incorporar obligaciones claras y verificables de empleo formal, capacitación, encadenamientos productivos regionales, inversión territorial, mitigación de externalidades y mecanismos efectivos para que parte de la riqueza generada por los puertos permanezca en las ciudades que los sostienen.
Si CAMPORT tiene 99 propuestas para aumentar la productividad, Valparaíso también debería tener 99 preguntas sobre desarrollo, empleo, territorio y futuro.
Porque una cosa es modernizar un puerto. Otra muy distinta es modernizar el modelo que durante décadas ha permitido que la riqueza salga del territorio mucho más rápido de lo que el bienestar entra en él.
Valparaíso no necesita que le expliquen solamente cómo mover más carga. Necesita que le expliquen cómo esa carga va a mover también la vida de sus habitantes.
Y esa respuesta, hasta ahora, sigue pendiente.
Jorge Bustos
Defendamos la Ciudad / Región Valparaíso
Muy cierto apoyo lo publicado
Muy cierto apoyo lo publicado
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