Plaza Sotomayor: la losa es pública, la plata también, pero ¿de quién son las filtraciones?

Valparaíso lleva décadas aprendiendo una lección cara: el Estado construye, el privado cobra y la ciudad paga la cuenta. Bajo la plaza más patrimonial del puerto hay una pregunta que nadie quiere contestar, y que quizás explique por qué esta vez el cuento suena tan conocido.

En Valparaíso las obras públicas se anuncian con cinta, tijera y fotógrafo, y las respuestas a las preguntas incómodas se dejan para después, cuando ya nadie las hace. Pero a mí me enseñaron en mi cerro que cuando el regalo es demasiado grande conviene mirar quién sonríe más. La Municipalidad licitó el Mejoramiento y Puesta en Valor Conjunto Plaza Sotomayor, con plata del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. La ficha registra un presupuesto de $3.830 millones y una adjudicación cercana a los $3.371 millones. Para una región con una cesantía de 10,2 % y con 28,3 % de informalidad laboral y campamentos por todos lados, donde a cada peso hay que sacarle el jugo, la cifra pesa aún más si se la compara con los escuálidos $1.716.000 mensuales que pagan los concesionarios de los estacionamientos que están debajo de la plaza.

Dejemos algo claro desde el principio, para que nadie se enrede en la hojarasca: recuperar la Plaza Sotomayor es necesario, y quien se oponga a eso no vive en Valparaíso. La pregunta no es si se arregla, sino qué se arregla exactamente. Porque bajo esas baldosas hay estacionamientos subterráneos explotados por un concesionario privado desde 1997, y si las obras licitadas levantan pavimentos, intervienen la losa, impermeabilizan superficies o sellan juntas para que no se filtre el agua hacia el recinto de abajo, alguien debería explicarnos con peras y manzanas si estamos pagando una plaza o, de pasadita, el techo de un negocio ajeno.

Y aquí viene lo que el lector atento ya está oliendo, porque en esta Región Puerto no es la primera vez. Cuando la plata fiscal perfora cerros, abre túneles y tiende carreteras para que los camiones lleguen más rápido a los puertos, se nos dice que es desarrollo, conectividad, inversión país. Y cuando uno se pregunta quién gana más con esa conectividad, resulta que siempre son los mismos: los que explotan el terminal, los que facturan por cada contenedor que cruza la puerta que el Estado les dejó pavimentada. No es una intuición ni un chiste de sobremesa. Lo del Parque Barón y lo de los túneles lo investigamos y lo llevamos, con respaldo, ante la Contraloría y la Superintendencia del Medio Ambiente, porque un subsidio no siempre llega con un cheque a nombre del beneficiario. A veces llega con una excavadora, un proyecto de interés público y una conferencia de prensa. Lo mismo corre para la concesión del Terminal 1 de Valparaíso: la ciudad pone el borde costero, el Estado puso las reparaciones, vías y los accesos, y el privado pone el candado y cobra.

En San Antonio lo están viendo en vivo y en directo con la Ruta 78. Primero se construye la carretera con el esfuerzo de todos, para que fluya la carga de los puertos. Y ahora, cuando la ruta está lista y los camiones pasan felices, se quiere instalar pórticos de peaje en Reuss y Barrancas para que los vecinos de Leyda, Malvilla y Aguas Buenas la financien. Ellos no tienen puerto, ni terminal, ni utilidades, y aun así deben pagar por moverse en su propia ciudad. El negocio es de unos pocos y la tarifa es de los habitantes: lindo negocio. Un cuento redondo, en que el que se beneficia de la obra no la paga, y el que la paga no se beneficia de ella.

Con ese telón de fondo, volvamos a la Sotomayor sin aspavientos ni acusaciones. No tengo a la vista el contrato de concesión, sus modificaciones ni las especificaciones técnicas completas, así que no afirmo que exista irregularidad alguna. Lo que tengo es una sospecha razonable y una ciudad con memoria. Si el concesionario asumió la conservación de la impermeabilización, el arreglo de las filtraciones o las condiciones de restitución de la infraestructura al término del contrato, habrá que explicar por qué esos trabajos se financiarían con plata del Estado. Si, por el contrario, esas obras corresponden legítimamente al propietario del espacio o son parte inseparable de la recuperación de la plaza, quienes administran el proyecto deben demostrarlo con papeles, no con discursos.

Porque no es un detalle administrativo. La Ley N.º 18.575 obliga a la Administración a actuar dentro de la legalidad y a cuidar el uso correcto de los recursos públicos. Si algún día se acreditara que se financiaron obligaciones propias de un concesionario sin justificación jurídica suficiente, habría que examinar responsabilidades administrativas, contractuales y el eventual perjuicio patrimonial. Las responsabilidades penales son otra cosa, y exigen antecedentes concretos, no sospechas ni beneficios indirectos. Pero que el umbral penal sea alto no vuelve opcional la transparencia.

Las preguntas son simples, y lo gracioso es que ninguna necesita un abogado para entenderse. ¿Qué partidas incluye el presupuesto detallado? ¿Hay membranas, sellos estructurales o trabajos sobre la losa de los estacionamientos? ¿Cuánto cuestan? ¿Qué informes técnicos los justifican? ¿Quién debía pagarlos según el contrato? ¿Cuándo vence de verdad la concesión y en qué estado debe devolverse la infraestructura? ¿Se evaluaron las obligaciones pendientes del operador y las garantías que podrían exigirse? Son preguntas legítimas, y responderlas con documentos sale bastante más barato que ofenderse con quien las hace.

Por eso no voy a quedarme en la sospecha ni a hacer de detective de escritorio. Solicitaré a los organismos contralores que realicen la investigación que corresponde: que revisen el contrato, crucen las especificaciones técnicas con el presupuesto y los actos administrativos de la licitación, y determinen quién debía pagar qué. Para eso existen, y para eso les pagamos. Si todo está en regla, que lo demuestren y seré el primero en reconocerlo. Si no, que se establezcan las responsabilidades y se adopten las medidas que correspondan. Lo que no podemos aceptar es que se ejecuten miles de millones de pesos sin que la ciudad sepa qué se repara, cuánto cuesta cada cosa y quién estaba obligado a pagarla.

Valparaíso no necesita acusaciones sin pruebas, pero tampoco ciudadanos que miren para el lado mientras otros se llevan la torta. Necesita fiscalización, documentos y respuestas. La plaza es de todos. La plata también. Y el deber de cuidarla no termina cuando se adjudica la licitación; ahí, recién, empieza.

Jorge Bustos
Defendamos la Ciudad / Región Valparaíso