Un Lastre para el Desarrollo Portuario

En el debate sobre el futuro portuario de Chile, un aspecto crítico que ha permanecido en la sombra es la falta de transparencia en la recaudación y administración de la Tarifa de Uso de Puerto (TUP). Este cobro, que es obligatorio para todas las naves que arriban a nuestros terminales, debería ser un instrumento clave para la modernización y el desarrollo del sector. Sin embargo, la opacidad en su manejo genera dudas razonables sobre el destino de estos fondos y su impacto real en la infraestructura portuaria del país.

La TUP es una tarifa impuesta por el Estado, pero cuya recaudación está en manos de las 10 empresas estatales, creadas por la Ley 19.542. En teoría, estos recursos deberían reinvertirse en mejoras que beneficien la competitividad del sistema portuario. En particular en aguas abrigadas. No obstante, la falta de información pública detallada sobre el uso y distribución de estos fondos impide evaluar con certeza si realmente están cumpliendo con su propósito. A diferencia de otros tributos o derechos, la recaudación de la TUP no cuenta con mecanismos claros de auditoría accesibles a la ciudadanía.

Uno de los principales problemas radica en la discrecionalidad con la que los gerentes y directorios de las empresas administradoras de los puertos, administran estos fondos. No existen reportes periódicos de fácil acceso que permitan a los usuarios portuarios y a la comunidad verificar cuánto se recauda, en qué se gasta y cuáles son los beneficios concretos para la infraestructura y operación de los puertos o para la ciudad que los alberga. Esta opacidad abre la puerta a eventuales desviaciones de recursos y pone en entredicho la capacidad del sistema para responder a las demandas del comercio exterior chileno.

El caso del Puerto de San Antonio es un ejemplo paradigmático de esta falta de transparencia. Pese a ser uno de los principales puertos del país, no se dispone de información clara sobre cómo se han distribuido los montos recaudados por concepto de TUP en la última década. Mientras tanto, las inversiones en accesos terrestres y modernización de muelles avanzan a un ritmo inferior al esperado, lo que pone en riesgo la competitividad del terminal frente a otros puertos de la región. A esto se suma el préstamo por 150 millones de dólares que el Puerto de San Antonio solicitó a un banco internacional con aval del Estado de Chile, una operación financiera cuyo destino específico y condiciones contractuales tampoco han sido debidamente esclarecidos, incrementando la preocupación sobre la transparencia en la gestión de sus recursos.

El Estado o algún ministerio de los tantos que tiene que ver con los puertos, debe asumir un rol más activo en la fiscalización de estos recursos. Es imperativo que las empresas portuarias rindan cuentas de manera periódica y pública, garantizando que los fondos de la TUP sean destinados efectivamente a mejoras en la infraestructura y eficiencia de los puertos. Y no sea en suntuosos sueldos, que se pagan, y nadie sabe por qué. Asimismo, se debe avanzar en la digitalización de la información financiera del sector, permitiendo que cualquier ciudadano pueda conocer en detalle el flujo de estos recursos.

La transparencia en la recaudación y uso de la Tarifa de Uso de Puerto no es solo un asunto administrativo; es una cuestión de interés público que afecta directamente la competitividad del comercio exterior chileno. Si queremos un sistema portuario eficiente y moderno, debemos exigir claridad en el manejo de los fondos que, en última instancia, pertenecen a todos los chilenos.

Jorge Bustos que algo sé, de puertos.