Royalty Portuario: Más Ruido Electoral, Menos Justicia Territorial

A la clase política chilena, a los gremios que con una mano lamentan y con la otra amasan, y a los ciudadanos que merecen la verdad.

Permítanme, si no les incomoda la franqueza, describirles la tragicomedia que se representa en torno a nuestros puertos. ¿Royalty portuario? Por favor. Lo que hoy se discute, impulsado por parlamentarios en plena carrera electoral y respaldado por la candidata presidencial Jeannette Jara, no es una solución: es una distracción. En el mejor de los casos, un gesto bien intencionado pero mal orientado. En el peor, una jugada política que la expone innecesariamente, arrastrada por candidatos que buscan votos fáciles en territorios que han sido sistemáticamente abandonados.

Mientras tanto, los gremios portuarios se rasgan las vestiduras. ASONAVE y CAMPORT advierten que un nuevo impuesto encarecería la cadena logística y sería un golpe a las exportaciones. Daniel Fernández, presidente de CAMPORT, incluso lamenta la falta de transparencia sobre los ochocientos millones de dólares recaudados por la Tarifa por Uso de Puerto. ¿Ingenuidad? No. Cálculo. Porque ellos saben que el problema no se resuelve con un royalty simbólico.

¿Un dólar por tonelada? ¿Dos? Esos montos apenas rozan la superficie de un sistema profundamente excluyente. No modifican su arquitectura, solo maquillan sus bordes. El verdadero cáncer está en el modelo: concesión única, concentración de capital, ausencia de competencia. Un sistema que convierte nuestros puertos en operaciones de extracción, donde la riqueza se fuga hacia bancos, concesionarios y grupos empresariales, mientras las ciudades portuarias quedan marginadas, precarizadas y desconectadas de lo que producen.

Desde la privatización del año dos mil, desaparecieron miles de empleos. Valparaíso y San Antonio se transformaron en laboratorios del desencanto: tránsito pesado, contaminación, presión sobre servicios urbanos. Todo en nombre de la eficiencia, pero sin beneficio para el territorio.

Y aquí lo que debería escandalizar, si no fuera porque ya lo saben y lo ocultan: la solución existe. Se llama competencia. Se llama multioperación. Y el marco legal para ello ya está disponible, o es de una obviedad pasmosa.

No se necesita un nuevo impuesto para tapar las fugas. Se necesita recuperar el derecho colectivo sobre el espacio portuario, permitir que múltiples empresas operen en cada terminal. Eso democratiza el acceso, genera empleos, y permite que la riqueza se quede en la ciudad. Que los trabajadores vuelvan a caminar por las calles usando lo que el puerto genera.

¿Y la justicia tributaria? También está a la vista. Basta con aplicar con rigor la Ley de Rentas II municipal. Las empresas portuarias, como DP World en San Antonio, TPS en Valparaíso deberían pagar derechos y patentes como cualquier comercio local. No puede ser que paguen ciento veinte mil pesos cuando deberían pagar mil quinientos millones. ¿Dónde está el criterio? ¿Dónde está la equidad?

La ley ya contempla que las empresas paguen en el lugar donde efectúan el negocio. No en Las Condes, Vitacura o Lo Barnechea. Aplicar esa norma con sentido común sería más transformador que cualquier royalty improvisado.

Así que basta de jugar al despiste. Basta de presentar el royalty como panacea o apocalipsis. La verdadera solución la que genera competencia real, empleos dignos y prosperidad territorial es la multioperación. Y está al alcance, si tuviéramos la valentía de implementarla y de hacer cumplir lo que ya existe.

Porque sin competencia real, y sin que la riqueza se quede en casa, ningún royalty podrá sustituir el derecho a habitar y construir ciudad.

Jorge Bustos 

Fundación Defendamos la Ciudad 

Valparaíso, 12 de agosto de 2025