Que algunos no se vengan a engaño, la situación de degradación de la clase política NO solo es un problema de la élite, sino también está alojada en lo provinciano, en las empresas del Estado, organizaciones del Estado, incluyendo a la Contraloría General de la República que por ejemplo ha dicho que:“” LOS MALL SON ACTIVIDADES PORTUARIAS“” y a la fecha no ha corregido tamaña estupidez, un caso patético de una empresa estatal es la de Empresa Portuaria de Valparaíso, caso que les quiero comentar…..

A la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) le llueve sobre mojado: primero apareció la resolución de la Contraloría General de la República, la cual establecía que la modificación del permiso N.º 79 se apartaba de derecho; luego salió a la luz pública el Estudio Impacto Patrimonial (EIP), cuyo costo que fue asumido por EPV y superó los 10 millones de pesos (que claro pagamos todos los chilenos) y en el cual definía como “calamitoso” el estado actual de la ciudad patrimonial y concluía que el proyecto T 2 era de alto impacto, provocando un daño irreversible, imposible de mitigar. Posteriormente, la Ilustrísima Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso sobre el Mall Barón, obligándolos a pronunciarse en el fondo y, por último (y para remate) nos enteramos de que la reconsideración (apelación) que los abogados de EPV realizaron en Contraloría, fue rechazada y se determinó “ratificar en todas sus partes” el oficio 7.911 del 2016.

De nada han servido las estratagemas, los acuerdos sellados en las sombras de los pasillos, ni las invitaciones a tomar café los miércoles; las obras desarrolladas en el “nuevo” Valparaíso Terminal de Pasajeros (VTP) hasta este momento son ilegales y están apartadas de derecho. Así lo explicó el contralor, quien insiste que una cosa es EQUIPAMIENTO y otra es INFRAESTRUCTURA, que al parecer ni los arquitectos, ni abogados de EPV entienden y menos aún la Dirección de Obras Municipales (DOM).

Como he denunciado en todos los organismos del Estado: llámese Fiscalía, Consejo de Defensa del Estado y Servicio de Impuestos Internos, el fraude al fisco que representa el contrato y sus modificaciones para construir el Mall en Barón entre EPV y Plaza SA , bordea los 400 millones de dólares. Gastos que aumentan tras la última modificación, los que también asumirá la EPV, detalle (nada menor por cierto) que no establecía el contrato del 2006, cuando la ciudadana o presidenta firmó el decreto presidencial N° 144.

Si ya el anterior contrato era grosero, las modificaciones de este año son salidas de mentes dictatoriales y soberbias. El contrato del 2006 indicaba que se podían vender hasta 30 mil metros cuadrados a 2,25 UF, siendo que estos predios no solo fueron comprados por EPV mucho más caros, sino que su avalúo fiscal es mucho más alto.

Podríamos suponer que cualquiera puede cometer un error, pero esto se pone aún más sabroso cuando EPV valora sus activos (edificios y terrenos) para concesionarios a Falabella, y por “defecto” 136 mil metros cuadrados más la bodega Simón Bolívar solo por un valor de 25,5 millones de dólares y el muelle Barón para arrendarlo en 1,4 millones de dólares, con una salvedad que el dólar se fija en 577.52 pesos.

En nuestra investigación los avalúos fiscales están por sobre esa valoración por “defecto” que los hábiles abogados y contadores concordaron, es solo un cuarto de su valor fiscal. Otro punto interesante es que en el contrato del 2006 EPV se compromete a pagar a Falabella la módica suma de 490 mil UF + IVA, a fin de mantener los espacios públicos. Si alguien tiene calculadora que la use y calcule para cuántos sueldos, pensiones o medicamentos, ese dinero serviría.

En definitiva, esto representa un subsidio del Estado al Retail a través de una de sus empresas, lo que implica una COLUSIÓN entre una empresa del estado y una empresa privada como lo es Falabella. La pregunta es por qué los otros operadores del retail no se han pronunciado en absoluto acerca de la tan sobrevalorada libre competencia (extraño, ¿no?)

Para terminar el análisis del contrato del 2006 de EPV con Plaza SA en el tema de dineros, la EPV se comprometía a comprar todo lo que el concesionario Falabella construyera en sus 30 años; sin embargo, no aparecía el precio o valor de la transacción de compra que aseguraba EPV. Ahora bien, no puedo ser tan mal pensado para emitir algún juicio de valor, solo me limito a decir que me llama poderosamente la atención cómo EPV debe comprar lo que es de todos los chilenos y que además administra (raro, por decir lo menos).

Todo el resto de las acciones de estudio de construcción serán -según el documento - de costo de Falabella o de los Solari (que es lo mismo). No obstante lo anterior, este enero, con el EIP en la mano más todos los juicios y denuncias que se han interpuesto, se dieron cuenta (o les cayó la teja en la jerga popular) que El Barón es una zona protegida y, por lo tanto, se modificó el contrato, estipulándose que de ahora en adelante todos los costos de estudios “ARQUEOLÓGICOS” y de excavación serán de costo de EPV, en otras palabras, del Estado de Chile y en suma de todos nosotros.

Adicionalmente, como ya llegaron las marejadas a Valparaíso, la EPV determinó entregarle 30 mil UF+ IVA a Falabella en caso de que estas destruyan parte de lo que ellos construyan. Punto que aún no denuncio hasta no comprobar su legalidad, porque me imagino que estos directores de empresas del estado deben tener algún jefe y organismos que controlen los dineros.

Espero que este escrito llegue donde debe llegar y le pregunten a Contraloría General de la República, al SII y al Consejo de Defensa del Estado qué han hecho, si han investigado estas denuncias, o solo si se controla e investiga “en la medida de lo posible” (frase para el bronce), o si constituye delito o son solo errores administrativos, como el lucro en las universidades.

Lo llamativo de esta modificación es que en el nuevo plano del proyecto alternativo la plaza pública del Barón desaparece, es decir, casi 30% de los espacios para pasear y mantener limpios; sin embargo, el subsidio de 490 mil UF, no se modificó.

Por qué pasa esto se preguntarán los lectores: fácil, a los expertos de Plaza SA se les olvidó preguntar si esa zona era protegida y al Municipio, además de EPV, se les olvidó informar que existía una RCA N.º 23/2005 que ya ponía en VALOR el Barón y que era un elemento previo a otorgar permiso de construcción.

Debo decir que un estudio de gestión arqueológico tendrá un costo para todos los chilenos de más de 8 millones de dólares, y se calcula que las excavaciones arqueológicas son 15 veces más caras que las normales, y eso también es costo de todos los chilenos. Uno no entiende como los ministros de Hacienda y Economía, incluso la Ministra de Educación, plantean que no existen recursos; sin embargo, le regalan al retail de Falabella 400 millones de dólares. Raro, demasiado raro…

Enviaré este escrito al candidato de la NM y de la Alianza para ver si siguen apoyando la construcción del Mall, algunos dirán que es tiempo perdido, que ya están mojados…..uno todavía tiene esperanza, por eso sigue peleando.

Jorge Bustos