En medio de una seguidilla de tropiezos institucionales, renuncia del presidente del directorio de Empresa Portuaria Valparaíso y fallos judiciales que desnudan años de opacidad, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acaba de confirmar su competencia para acoger la demanda del Sindicato de Pescadores de la Caleta Sudamericana contra la Empresa Portuaria Valparaíso. El caso, que parecía dormido en los archivos del olvido, resurge justo cuando EPV intenta reposicionarse como líder de un supuesto ecosistema portuario sustentable, mientras acumula cuestionamientos por su rol en proyectos como el Terminal 2, el Parque Barón y la erradicación de comunidades costeras, entre ellas la Playa San Mateo. Esta resolución judicial no cae del cielo: es el resultado de una larga lucha ciudadana, de informes técnicos que reconocen el daño causado, y de una institucionalidad que, aunque lenta, empieza a reaccionar ante el abuso.
La reciente resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ratificó la competencia judicial para acoger la demanda del Sindicato de Pescadores de la Caleta Sudamericana (SIPSA) contra la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), no es solo un trámite legal. Es un destello en medio de una larga noche institucional, donde una empresa estatal, llamada a servir el bien común, ha operado con preocupante desapego ético y legal, dejando una estela de daño profundo en la ciudad y en una de sus comunidades más arraigadas.
El núcleo de la demanda exige la nulidad del “Acuerdo Marco, Transacción y Renuncia” firmado en 2013, que forzó la erradicación de los pescadores de la histórica caleta Sudamericana. Ese acto se justificó con la supuesta “necesidad impostergable” de construir el Terminal 2 del puerto. Sin embargo, más de una década después, el proyecto sigue sin aprobación ambiental y la primera piedra jamás se puso. ¿Dónde quedó la urgencia? Lo que se presentó como progreso fue una maniobra burda, que despojó a trabajadores de su lugar de vida y faena bajo una coartada insostenible. Para agravar el absurdo, parte del terreno desalojado está siendo explotado comercialmente por un tercero, revelando que el desalojo sirvió menos a la ciudad y más a intereses privados.
La ilegalidad del actuar de EPV está documentada. Como empresa estatal, está obligada por la Ley 19.542 a preservar la pesca artesanal e incluirla en su planificación portuaria. La erradicación de la caleta, reconocida como unidad económica, social y cultural, contradice abiertamente esa obligación. El “derecho” a ocupar ese espacio por su valor colectivo no es negociable ni renunciable, como establece el Código Civil. Sin embargo, EPV procedió con un acuerdo redactado unilateralmente, es decir trucho, con cláusulas abusivas impuestas a personas sin asistencia legal, lo que revela una actuación de mala fe difícil de ocultar.
Y eso hizo EPV: lo ocultó. Al presentar el Estudio de Impacto Ambiental del Terminal 2, omitió la existencia de la caleta y de los acuerdos con sus trabajadores, pese a que la ley obliga a informar negociaciones de compensación o mitigación. Esa omisión fue confirmada por el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, que anuló parcialmente la aprobación ambiental del proyecto, declarando que EPV no caracterizó adecuadamente la realidad humana del territorio ni transparentó sus negociaciones.
Las consecuencias de este encadenamiento de ilegalidades no son solo administrativas: son humanas. Los pescadores, trasladados “de forma transitoria” a la caleta El Manzano en Quintero, sufrieron merma económica, condiciones indignas y amenazas de desalojo. Sumidos en un limbo que ni la autoridad resolvió ni EPV reconoce, se convirtieron en testigos vivientes del desprecio institucional. En 2021, la Dirección de Obras Portuarias admitió que la erradicación no solo fue “mal hecha”, sino contraria a derecho. Aun así, la actual administración de EPV niega tener asuntos pendientes, afirmando que los acuerdos fueron “plenamente cumplidos”. Mentira. Y más mentiras.
Lo ocurrido con la caleta Sudamericana no es un caso aislado ni un error de procedimiento. Es el síntoma de un modelo de gestión portuaria que opera como enclave privado, un feudo, vulnerando el marco legal que lo rige, imponiendo acuerdos leoninos y privilegiando intereses opacos que privilegian el empobrecimiento de la ciudad. Mientras se promete progreso, se arrasa con la memoria, se castiga a los débiles y se falsea la historia.
Valparaíso merece mucho más que eso. Merece empresas públicas y autoridades que honren su nombre, respeten la ley y reconozcan el valor humano de nuestra ciudad. Porque sin justicia, no hay desarrollo posible. Y sin memoria, el puerto se convierte en la fachada de los abusivos.
Jorge Bustos
Defendamos la Ciudad
Este Fallo , no se podrá dar…
Este Fallo , no se podrá dar vuelta con encuestas , engaños y motosierras ambientales , los ciudadanos de Valparaíso están sumidos en el letargo por ver resurgir y respetar los espacios comunes de todos , espacios geológicos naturales que se quieren hacer desaparecer , las playas son pocas y la precarización de estás son sin exagerar un asesinato ecológico que han tapado con escombros y cascotes de cemento para hacer pasar la playa San Mateo como algo inservible para la comunidad no respetando el fondo marino ni la vida de animales protegidos , ha Sido ser testigo del poder del dinero vs la voz del pueblo de Valparaíso, lo que más da impotencia es ver qué la armada de Chile se ha alineado con estos intereses solicitando recursos para hacer aparcadero hachicando la playa a su libre concesión no para uso de ejercicios Navales sino para poner literalmente sobre el espacio contiguo al espigón sus cacharros, a mi como descendiente de Jean Duprat , no me enorgullece el faro que ostenta nuestro apellido que solo es la historia de un luchador y emprendedor que sirvió a este País CHILE para luego dejar la ciudad por como se le persiguió al no rendirles pleitesía y además les digo de voluntad que si quieren saquen el Faro de allí pero devuelvanos la placa conmemorativa que además de robarla en una ocasión , llamaron a nuestra familia para pedirnos el dinero para reemplazarla , no merecen nuestro legado, nos han pisoteado décadas.
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