Se supone que el Estado se vigila a sí mismo: uno gobierna, otro legisla y otro juzga, para que ninguno abuse. Cuando el 78% desaprueba al Congreso, el 77% a la justicia y el 68% al presidente, lo que se rompió no fue una firma ministerial, sino el sistema de frenos que debía impedir que algo así ocurriera.
Pocas veces se explica que el Estado no es una sola cosa, sino tres poderes pensados para desconfiar unos de otros. El Ejecutivo, con el presidente y sus ministros, administra y ejecuta; el Legislativo, con diputados y senadores, escribe las leyes y fiscaliza al Gobierno; y el Judicial, con tribunales y Corte Suprema, interpreta esas leyes y protege los derechos cuando alguien los vulnera. La gracia del diseño es que ninguno debería poder actuar sin que otro lo mire, y por eso funciona como un seguro colectivo contra el abuso. La última Plaza Pública de Cadem, con terreno el 27 de octubre, muestra que ese seguro no está inspirando confianza: 68% desaprueba al presidente Kast, 78% al Congreso y 77% al sistema de justicia y la Corte Suprema. Es una encuesta online y no probabilística, de modo que conviene leerla con cautela, pero tres reprobaciones simultáneas ya no describen un mal ministro, sino una falla de origen.
Mirada con esa lógica, la polémica por las rebajas de condena a quienes abusaron de niños y niñas deja de ser un solo error y se convierte en una cadena de ellos. El primer eslabón es el más visible: una decisión del Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, que el 94% rechaza y que el 79% cree que el ministro Rabat no estaba obligado a firmar. Pero que una autoridad se equivoque no es lo que preocupa a una democracia sana, porque para eso existen los otros dos poderes. El problema aparece cuando quien debía fiscalizar no fiscaliza y quien debía poner límites claros a esa discrecionalidad no los puso, y por eso el mismo sondeo revela que el 77% duda de que la justicia trate bien a las víctimas y el 75% de que el Estado proteja a la infancia.
¿Por qué cae el Poder Judicial? Porque para muchos ciudadanos dejó de ser ese árbitro imparcial que se supone y empezó a parecerse a un club con reglas propias. En octubre de 2024 el Senado destituyó a dos ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, por razones distintas, y los inhabilitó por cinco años. El caso Hermosilla, donde la Fiscalía pidió 17 años de cárcel para el abogado, expuso además gestiones en torno al nombramiento de jueces; en agosto, ante la Fiscalía de Valparaíso, el propio Hermosilla declaró que él y el abogado Samuel Donoso recibieron pagos en efectivo, de unas 100 UF mensuales, por su trabajo en causas judiciales durante el gobierno de Piñera, y que fue Andrés Chadwick, o un asesor de La Moneda, quien se los comunicó. A fines de octubre, además, el abogado fue formalizado por soborno en una arista donde, según la Fiscalía, los chats muestran una presunta coordinación entre el exfiscal Manuel Guerra, Hermosilla y el exministro del Interior, que habría incidido en causas como Penta y las del estallido social. Chadwick figura como imputado, pero la Fiscalía aún no decide si lo formaliza, y esa es la pregunta que hoy se repite en las redes y en la conversación pública: quién definía los nombres y las gestiones que se hacían a favor de amigos y contra adversarios políticos, y por qué el ex ministro sigue sin ser procesado. Nada de esto está probado en un tribunal y no hay sentencia para nadie, pero la sospecha ya está instalada, y una justicia que se siente blanda con el poderoso y rigurosa con quien no tiene cómo defenderse pierde lo único que no se puede decretar: QUE LE CREAN. A eso se suma un diseño que casi nadie conoce, porque la propia Corte Suprema elabora las listas de candidatos a los tribunales superiores y conserva la superintendencia correccional sobre los jueces, de modo que quien vigila al juez es, en buena medida, quien define quiénes llegan a ser candidatos.
¿Y por qué cae el Congreso, si ni siquiera firmó nada? Porque su tarea es escribir leyes claras y fiscalizar al Gobierno, y también porque es el Senado el que ratifica, con dos tercios, a los ministros de la Corte Suprema, lo que convierte cada nombramiento en una negociación política. Cuando una norma admite interpretaciones tan distintas que un mismo beneficio desata una crisis nacional, es razonable preguntarse por quién la redactó y por qué no la corrigió a tiempo. Las cifras apuntan en esa dirección: un 54% pide mecanismos legales para revertir las rebajas ya concedidas y un 26% reclama aclarar la legislación para evitar interpretaciones distintas. A ello se agrega que la oposición, que debía ejercer el contrapeso, también carga con un 56% de desaprobación, lo que sugiere que el ciudadano no ve en la oposición una alternativa, sino otra parte del mismo problema.
Esa es, finalmente, la clave. Ninguna encuesta usa la palabra casta, pero sus números la dibujan con nitidez. Un 78% desaprueba al Congreso y solo un 10% lo aprueba, casi lo mismo que en diciembre de 2019, en pleno estallido, cuando marcaba 11%. En la CEP de este año apenas el 13% confía en el Congreso y el 6% en los partidos. Según el sondeo de IPP-UNAB de julio, el 91% cree que la mayoría de los políticos busca ganar elecciones antes que hacer lo correcto, y el 70% piensa que el sistema puede ser bueno, pero lo dirigen personas incompetentes. Cuando además el 70% dice tener poca o ninguna confianza en que el sistema político se ponga de acuerdo para proteger a los menores, lo que se instala es la imagen de un grupo cerrado que no responde a quienes lo eligieron. Sus miembros parecen reaccionar a lo que marca la última encuesta en lugar de representar a quienes los pusieron ahí, y por eso la gente concluye que lo que falla es el sistema y que el Estado vale hongo.
Pero la respuesta no puede ser el cansancio ni el repliegue, porque eso les deja la casa, intacta, a quienes ya la ocupan. Se necesita ciudadanía que fiscalice a parlamentarios y jueces con la misma energía que a un ministro, que se organice en el barrio y que recuerde en cada elección quién representó y quién solo administró su propia sobrevivencia. El día en que el pueblo vuelva a sentirse dueño de la casa, los inquilinos dejarán de actuar como si fueran los propietarios.
Jorge Bustos
Defendamos la Ciudad / Región Valparaíso
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