La RCA de 2018 es historia. La batalla de 2026 es otra, y esta vez los ciudadanos no golpeamos la institucionalidad desde afuera: usamos las herramientas que la propia República nos entregó para defendernos.
Hay algo que debemos aclarar antes de seguir hablando del Terminal Cerros de Valparaíso, porque si confundimos las fechas también podemos terminar confundiendo la batalla. La RCA del año 2018 es historia importante, sí, porque dejó una larga huella de reclamaciones, decisiones administrativas y control judicial. Pero la invalidación que hoy hemos presentado no busca invalidar aquella RCA. Nuestra acción está dirigida contra una resolución distinta: la RCA N.º 04/2026, mediante la cual la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso aprobó nuevamente el proyecto TCVAL, después de su reevaluación ambiental. La COEVA aprobó esta nueva evaluación el 3 de marzo de 2026, y el 29 de abril presentamos dos solicitudes de invalidación contra esa nueva RCA. No estamos intentando borrar el pasado. Estamos preguntando si la decisión administrativa adoptada en 2026 cumple efectivamente con la Constitución, la ley ambiental y las exigencias que regulan la forma en que el Estado debe tomar este tipo de decisiones.
Y aquí aparece una enseñanza que vale mucho más que TCVAL. Cuando una autoridad administrativa dicta una resolución, esa resolución no queda fuera del alcance de los ciudadanos. La Administración tiene poder, pero no tiene poder ilimitado: la Constitución establece que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y la legislación ambiental establece procedimientos, exigencias técnicas, participación ciudadana y mecanismos de impugnación precisamente para que las decisiones ambientales puedan ser revisadas. Por eso existe la invalidación. El artículo 53 de la Ley N.º 19.880 permite a la propia Administración invalidar, de oficio o a petición de parte, los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado y dentro del plazo establecido por la ley. Dicho en castellano simple: si un ciudadano considera que una autoridad pudo haber dictado un acto contrario a derecho, la ley le permite pedirle a esa misma Administración que lo revise. Eso estamos haciendo. No estamos ocupando una herramienta clandestina, no estamos inventando un procedimiento, no estamos tratando de sustituir a los tribunales. Estamos utilizando una herramienta que el Congreso de Chile convirtió en ley.
Y esto es algo que debemos aprender como ciudadanos, porque muchas veces nos han hecho creer que cuando una autoridad firma un documento, el ciudadano solamente puede obedecer. No es así. En una República sometida al Estado de Derecho, el poder también tiene controles, y uno de esos controles puede comenzar precisamente con un ciudadano que lee, estudia, pregunta y presenta un escrito. Ahora bien, tampoco debemos engañarnos: presentar una invalidación no significa que la RCA haya sido invalidada, ni que nosotros tengamos razón automáticamente. Significa que hemos abierto un procedimiento en el cual corresponde que la autoridad examine los argumentos planteados y resuelva conforme al derecho. Esa diferencia es fundamental, y es la parte que casi nunca se enseña: defenderse jurídicamente no significa tener garantizado el resultado, significa tener derecho a que tu argumento sea escuchado y resuelto conforme a las reglas. A eso le llaman democracia en serio.
Después de que presentamos las solicitudes, el procedimiento fue suspendido mientras se resolvían otras reclamaciones contra la RCA ante el Comité de ministros. El 27 de julio, el Comité de ministros confirmó la RCA favorable del proyecto TCVAL. Pero aquí aparece una cuestión que puede confundir a cualquiera que no conozca estos procedimientos: que el Comité de ministros haya confirmado la RCA no significa que haya desaparecido el procedimiento de invalidación que nosotros presentamos. La propia Administración acaba de demostrarlo. El 15 de septiembre de 2026, mediante la Resolución Exenta N.º 10, la Comisión de Evaluación Ambiental levantó la suspensión y ordenó reanudar el procedimiento de las solicitudes de invalidación contra la RCA N.º 04/2026. Ahora la Empresa Portuaria Valparaíso tiene que responder. Es decir, la batalla cambió de escenario, pero no terminó.
Y esto es justamente lo que queremos enseñar. El derecho no es solamente aquello que estudian los abogados; también es una herramienta de defensa de los ciudadanos. Un vecino puede aprender qué es una RCA. Puede aprender qué significa una invalidación. Puede leer una resolución, identificar qué autoridad la dictó, revisar qué normas invoca, preguntar qué antecedentes técnicos fueron considerados, buscar dónde están las observaciones ciudadanas y comparar lo que la ley exige con lo que efectivamente hizo la Administración. Y puede presentar una solicitud cuando estime que existen fundamentos para hacerlo. Eso no convierte al ciudadano en abogado, pero sí lo convierte en un ciudadano que conoce sus derechos.
Y aquí también hay una tarea para los abogados. Porque si el derecho ambiental solamente sirve para producir documentos incomprensibles que circulan entre abogados, tribunales y organismos públicos, estamos desperdiciando una herramienta extraordinariamente poderosa. El desafío es que el conocimiento jurídico salga de las oficinas y llegue al territorio: que el trabajador pueda entenderlo, que el pescador pueda entenderlo, que la organización vecinal pueda entenderlo, que el ciudadano común pueda leer una RCA y preguntarse si esto realmente cumple lo que la ley exige. Y cuando no entienda algo, que pregunte. Y cuando encuentre una contradicción, que investigue. Y cuando encuentre un posible vicio, que busque cómo denunciarlo o impugnarlo por las vías que la ley establece. Eso es lo que estamos intentando hacer. No queremos ciudadanos que crean ciegamente en nosotros; queremos ciudadanos que aprendan a revisar también lo que nosotros decimos. Porque esa es la verdadera defensa ciudadana.
Por eso TCVAL 2026 es una nueva batalla. No porque pretendamos desconocer las decisiones de las autoridades, todo lo contrario: las estamos llevando al terreno donde corresponde discutirlas, el terreno de la ley, los antecedentes, la argumentación y el control de legalidad. Si la Administración considera que la RCA N.º 04/2026 cumple plenamente con el ordenamiento jurídico, tendrá que explicarlo y fundamentarlo. Si nosotros estamos equivocados, la autoridad deberá demostrarlo jurídicamente. Y si existen vicios, corresponderá que sean corregidos. Después, si alguien considera que la decisión administrativa sigue siendo contraria a derecho, existen los tribunales. Así funciona el Estado de Derecho.
Y esa es quizás la enseñanza más importante de todas: los ciudadanos no tenemos que pedir permiso para ejercer los derechos que la República nos reconoce. Tenemos que conocerlos, tenemos que aprender a utilizarlos, y tenemos que hacerlo responsablemente, con documentos, con pruebas, con argumentos y sin inventar aquello que no podemos demostrar. Porque no se trata solamente de defender Valparaíso, se trata de aprender a defendernos. Y cuando un ciudadano aprende a defenderse, el poder deja de encontrarse frente a una ciudadanía desinformada. Aparece algo mucho más incómodo para cualquier poder: ciudadanos que leen, ciudadanos que preguntan, ciudadanos que conocen la ley y ciudadanos que ya no aceptan que les digan que una decisión administrativa es intocable simplemente porque alguien estampó una firma debajo.
Esa es nuestra verdadera tarea. No solamente pelear: enseñar a pelear con herramientas legales. No solamente reclamar: enseñar a defenderse. Y si en ese camino algunos abogados también derriban las fronteras entre el lenguaje jurídico y la gente común, mucho mejor, porque el derecho no nació para ser propiedad de los abogados. El derecho pertenece también al pueblo que vive bajo esas leyes.
Jorge Bustos
Defendamos la Ciudad Región Valparaíso
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