Siete almirantes exigen firmeza frente a Argentina y tienen razón en lo esencial. La pregunta incómoda es por qué esa firmeza desaparece cuando se trata del cabotaje, de los puertos privados y de una bahía donde los niños llegan intoxicados a los hospitales.
Siete excomandantes en jefe de la Armada advirtieron que el Gobierno no defiende con suficiente energía los intereses estratégicos de Chile frente a Argentina. Su principio es correcto: la soberanía no puede quedar subordinada a la buena vecindad ni a la promesa de un buen negocio. Pero un principio que vale en el sur tiene que valer también en el resto del país, y ahí empieza lo interesante.
Primero, los hechos. El Decreto 457/2021 de Argentina habla de un «control conjunto» del estrecho de Magallanes y del paso Drake, y el Decreto 256/2010 exige autorización previa para ciertas navegaciones hacia las Malvinas. No son lo mismo: uno fija lineamientos de defensa y el otro, exigencias administrativas. Pero el Tratado de 1984 es claro: su artículo 10 neutraliza a perpetuidad el estrecho y asegura su libre navegación, y el artículo 18 garantiza el tránsito expedito por aguas argentinas. Chile debe exigir ese cumplimiento con argumentos jurídicos y sin estridencias. Y debe hacerlo defendiendo un principio, no la ruta comercial del buque Danstar: un derecho que solo se invoca cuando conviene a un armador deja de ser un derecho y pasa a ser un reclamo comercial con himno nacional.
Ahora, la pregunta que casi nadie conecta. Desde 1979, el cabotaje chileno, el transporte de carga entre nuestros propios puertos, estuvo reservado a naves de bandera nacional, como ocurre en la mayoría de los países. En noviembre de 2025, la Ley 21.774 flexibilizó esa reserva: abrió servicios regulares a naves extranjeras donde no haya navieras chilenas, les permitió llevar carga nacional en su ruta de salida y eliminó exigencias de nacionalidad para los directivos de las navieras. No fue una apertura total, y sería injusto decir que lo fue. Pero mientras exigimos a Argentina respeto por lo que nos corresponde en el mar, aflojamos en casa una protección que el resto del mundo suele conservar.
Con los puertos pasa algo parecido, y la región de Valparaíso lo sabe mejor que nadie. En la bahía de Quintero operan terminales de propiedad privada como Puerto Ventanas y Oxiquim, parte de un parque industrial con más de quince grandes empresas que conviven con unos cincuenta mil habitantes. Es la zona que el país aprendió a llamar de sacrificio. Entre agosto y octubre de 2018, la Defensoría de la Niñez contó 1.553 niños atendidos por síntomas de intoxicación. La Corte Suprema acogió los recursos de protección y ordenó medidas, y años después los vecinos seguían denunciando que no se cumplían. En 2023 volvieron a suspenderse clases por más de cien estudiantes intoxicados. Nadie puede atribuirle esa tragedia a un puerto en particular, y sería deshonesto hacerlo. Pero la pregunta es legítima: ¿cómo llegó el Estado a administrar una bahía estratégica de modo que los beneficios queden en balances privados y los costos en los pulmones de los niños?
Por eso importa mirar los acuerdos concretos. En febrero de 2026, la Empresa Portuaria Valparaíso informó de un protocolo con la Armada y ASMAR para viabilizar la ampliación del puerto: un nuevo acceso al Molo de Abrigo, 135 estacionamientos para personal naval y una playa de 9.000 metros cuadrados en San Mateo para maniobras anfibias. Nada de esto prueba una irregularidad. Pero se trata de espacio costero, de un bien de uso público y de un intercambio de beneficios entre instituciones del Estado y un proyecto portuario. ¿Cuál fue el acto de destinación original? ¿Qué obligaciones asumió cada parte? ¿Qué gana, concretamente, el interés público? Preguntarlo no es atacar a nadie. Es fiscalizar.
Nadie está pidiendo defender al Gobierno de toda crítica ni sospechar de la Armada por principio. Los excomandantes tienen derecho a exigir firmeza. Los ciudadanos tenemos el mismo derecho a preguntar si esa firmeza alcanza también a las decisiones que se toman puertas adentro, donde los costos los pagan los vecinos.
La soberanía no es propiedad de los gobiernos de turno, ni de las instituciones armadas, ni de las empresas que operan infraestructura estratégica. Se mide por su coherencia, y no se prueba por quién pronuncia con más solemnidad la palabra Patria, sino por cuánto estamos dispuestos a exigirnos lo que le reclamamos al vecino. Si la soberanía se defiende en Magallanes, también se defiende en las rutas que unen nuestros puertos, en Valparaíso, en San Antonio, en Ventanas y en Quintero, donde la factura de nuestras decisiones la han pagado niños.
Jorge Bustos
Añadir nuevo comentario