TCVAL: ahora comienza la batalla jurídica

Hermanas y hermanos

Compañeras y Compañeros

Porteñas y Porteños:

Quiero compartir una noticia que va mucho más allá de un simple trámite administrativo, porque el camino que estamos recorriendo puede servir de referencia a otras comunidades que hoy enfrentan agresiones similares a su territorio.

Qué pasó. El 15 de septiembre de 2026, la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso (COEVA) dictó la Resolución Exenta N°10. Con ella, levantó la suspensión y ordenó reanudar el procedimiento de las dos solicitudes de invalidación que presentamos contra la RCA N°04/2026, resolución que en marzo de este año aprobó ambientalmente el proyecto Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL).

Para que no haya confusión: no son reclamaciones ante el Comité de ministros. Esas las presentaron otras tres personas en abril, fueron admitidas en mayo, y el Comité de ministros las rechazó el 17 de agosto de 2026. Lo nuestro es distinto: dos solicitudes de invalidación, presentadas el 29 de abril ante el Servicio de Evaluación Ambiental, admitidas a trámite en julio, y suspendidas desde entonces mientras se resolvían aquellas otras reclamaciones. Dos caminos, dos plazos, dos efectos distintos, aunque apunten al mismo blanco. Cuando un proyecto se resiste desde varios frentes a la vez, conviene tener siempre claro quién va por dónde: mezclar las vías termina restándole fuerza al relato, justo cuando más se necesita que sea sólido.

Qué significa esto ahora. Con la suspensión levantada, la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), titular del proyecto, debe responder formalmente las solicitudes. La resolución le concede diez días hábiles, contados desde su notificación, para exponer lo que estime necesario en defensa de la RCA. Es de cajón: antes de que cualquier autoridad resuelva algo que afecta a una parte, esa parte tiene que poder decir lo suyo. Así que ahora les toca a ellos.

Aquí empieza lo interesante. Una cosa es que una autoridad administrativa apruebe un proyecto, y otra muy distinta es que esa aprobación resista el examen de las leyes y, si es necesario, de los tribunales. No estoy anticipando cómo va a resolver él SEA. Lo que sí tenemos, a partir de ahora, es una instancia concreta para discutir jurídicamente cada decisión, cada informe y cada norma que llevó a aprobar TCVAL.

Por qué importa defenderse con la ley. Algo que descubrimos revisando esto letra por letra: la ley que regula estos procedimientos (la 19.880, artículo 53) no deja a la autoridad resolver y santo remedio. Le exige oír antes a la parte afectada, le pone un plazo de dos años para invalidar algo mal hecho, pero nosotros estamos apurados, y esto es lo que cambia todo el tablero deja escrito que la decisión final, se acoja o se rechace la invalidación, siempre puede llevarse después ante los tribunales de justicia. O sea que lo administrativo no es la última palabra. Es la primera de dos.

No estamos defendiendo una opinión personal. Estamos defendiendo el territorio, la ciudad y los recursos de Valparaíso, usando las herramientas que la propia República se ha dado para controlar el ejercicio del poder político y empresarial.

Las autoridades cambian, los gobiernos cambian, los funcionarios cambian y los proyectos políticos cambian. Las leyes de la República permanecen, y son ellas las que nos dan un terreno estable para discutir, más allá de quién esté en el cargo en un momento dado.

Por eso vamos a discutir TCVAL donde corresponde: en el terreno de los hechos, los antecedentes, las leyes y las normas. Y si es necesario llegar a los tribunales, llegaremos no para pedir favores ni privilegios, sino para exigir que quienes tienen poder también estén sometidos al derecho.

Valparaíso no es un espacio vacío disponible para que otros decidan sobre él. Es nuestra ciudad, nuestro territorio, parte de nuestra historia. Sus recursos no pertenecen a quienes ocupan circunstancialmente un cargo público ni a quienes administran una empresa estatal: pertenecen a Chile y deben administrarse conforme a la ley.

Lo que viene. Ahora comienza otra etapa. Documento por documento, norma por norma, vamos a revisar si la aprobación de TCVAL puede sostenerse jurídicamente. En nuestra opinión NO.

La defensa del territorio también se hace con la ley.

Jorge Bustos

Defendamos la Ciudad