EL COMITÉ DE MINISTROS APROBÓ EL PROYECTO TERMINAL 2. Y, EL TRIBUNAL AMBIENTAL TODAVÍA NO HABLA.

Muchos celebran la aprobación administrativa del Terminal Cerros de Valparaíso como si el conflicto hubiera terminado. Pero una resolución del Comité de ministros no reemplaza el control de legalidad que corresponde a los tribunales. La verdadera discusión recién comienza y, esta vez, no bastará con votar: habrá que estudiar, leer y defender jurídicamente cada página del expediente.

Hay algo profundamente chileno en celebrar antes de tiempo. Apenas apareció el comunicado del Comité de ministros confirmando la Resolución de Calificación Ambiental del Terminal Cerros de Valparaíso, comenzaron los abrazos, las declaraciones triunfales y las fotografías de rigor. Por un momento pensé que me había perdido una sentencia definitiva del Tribunal Ambiental. Después volví a leer la noticia y descubrí que no; solo se trataba de una resolución administrativa. Parece un detalle menor, pero en Derecho los detalles suelen marcar la diferencia entre ganar un titular y ganar un juicio.

Conviene hacer una aclaración que rara vez aparece en la prensa. El Comité de ministros no dicta sentencias. Resuelve una etapa administrativa prevista en la Ley 19.300. Su decisión podrá ser importante, pero no convierte automáticamente un acto administrativo en un acto legal e inmune al control judicial. Para eso existen los tribunales. Esa es precisamente la razón por la cual un Estado de Derecho distingue entre la Administración, que decide, y los jueces, que controlan si esas decisiones respetaron o no la ley.

Por eso me llama la atención el entusiasmo de algunos. Parecen convencidos de que el partido terminó cuando, en realidad, apenas concluyó el primer tiempo. Mientras unos celebraban el cierre de una etapa administrativa, otros seguimos trabajando en una vía completamente distinta: la invalidación. No es una reclamación administrativa. Es otra herramienta jurídica, prevista por nuestro ordenamiento, cuya discusión termina donde corresponde: ante los tribunales. Mi solicitud fue admitida y, por lo mismo, el debate sobre la legalidad de este proyecto está lejos de concluir. No significa que alguien tenga la razón de antemano; significa, simplemente, que todavía queda una controversia jurídica por resolver.

Y aquí aparece la diferencia que más me interesa destacar. En una sesión administrativa basta con levantar la mano para aprobar o rechazar una propuesta. En un tribunal eso no alcanza. Allí cada afirmación debe sostenerse con normas, antecedentes, informes técnicos, jurisprudencia y argumentos. Allí nadie gana porque un ministro votó de una determinada manera. Se gana demostrando que el procedimiento respetó la ley y que las decisiones fueron debidamente fundamentadas.

No sé cuánto tiempo dedicaron los integrantes del Comité de ministros a estudiar un expediente que lleva años acumulando informes técnicos, observaciones de organismos públicos, adendas, respuestas, pronunciamientos sectoriales y miles de páginas de antecedentes. No me corresponde juzgarlo. Lo que sí sé es que, en el proceso judicial que viene, ese expediente deberá ser leído con una profundidad muy distinta. Ya no bastarán los resúmenes ejecutivos ni las presentaciones institucionales. Habrá que revisar cada antecedente, cada respuesta y cada fundamento, porque los tribunales no evalúan conferencias de prensa; evalúan expedientes.

Tal vez esa sea la mayor ironía de toda esta historia. Algunos creen haber llegado a la meta cuando apenas cruzaron el primer control del recorrido. Confunden una resolución administrativa con una sentencia judicial y una votación política con un examen de legalidad. Son cosas muy distintas. La primera puede celebrarse con aplausos. La segunda exige estudio, paciencia y mucho trabajo.

Así que no seré yo quien arruine la fiesta. Celebren tranquilos si así lo estiman conveniente. Toda resolución administrativa produce satisfacción en quienes la esperaban. Pero no olviden que todavía queda una etapa mucho más exigente. Porque ahora serán los abogados quienes tendrán que hacer lo que corresponde y lo que ni el COEVA ni los ministros hicieron: leer. Leer la Ley 19.300, leer el expediente, leer los informes técnicos, leer la jurisprudencia, darse cuenta que algunos informes son más viejos que la ley de cambio climático y responder, una por una, las cuestiones que se planteen. Y eso, por más comunicados optimistas que se publiquen, requiere bastante más esfuerzo que levantar una mano en una reunión.

Nos vemos en tribunales.

Jorge Bustos

Defendamos la Ciudad / Región Valparaíso

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