El reportaje de Bío Bío Investiga muestra una ciudad de capa caída y un historiador que explica por qué. Lo que no alcanza a decir es quién decidió que el puerto siguiera produciendo riqueza mientras la ciudad se vaciaba, y esa es la pregunta que Valparaíso lleva treinta años sin hacerse.
Leí con atención Valparaíso de capa caída: las heridas de la Joya del Pacífico, el reportaje de Felipe Díaz Montero en Bío Bío Investiga, y las reflexiones del historiador Pablo Aravena, decano de Humanidades y Educación de la Universidad de Valparaíso. A Pablo lo conozco desde niño. Con su madre, compartimos incluso una experiencia teatral cuando yo era joven y todavía cultivaba mis inquietudes artísticas. Por eso estas líneas solo pretenden aportar a una conversación necesaria sobre la historia y el futuro de nuestra ciudad.
Coincido con Pablo en lo esencial. La modernización portuaria, los contenedores, las grúas y el debilitamiento de los sindicatos redujeron la necesidad de mano de obra desde fines de los setenta, y con ello se perdió la economía que permitía a los trabajadores gastar en la ciudad. Coincido también en que una ciudad, para tener vida de ciudad, necesita ofrecer fuentes de trabajo a sus habitantes, y en su dureza frente a una bohemia que parece más carrete turístico que bohemia. Mi diferencia empieza en el verbo. El reportaje dice que los sindicatos se debilitaron, como si hubieran envejecido solos. Yo estuve ahí y sé que no fue así: fueron debilitados, por leyes y por decisiones del Estado, y se levantaron porque entendieron lo que significaba privatizar las faenas y cambiar las reglas del trabajo. Las cifras cuentan esa historia mejor que cualquier adjetivo. La Empresa Portuaria de Chile tenía 5.117 trabajadores permanentes en 1978 y 1.720 en enero de 1998. La grúa explica una parte de esa curva, pero no toda, porque ellos eran funcionarios públicos.
A los trabajadores se les habló de reconversión en particular a los eventuales agrupados en los sindicatos. Hubo retiros voluntarios, indemnizaciones, bonos y mecanismos de protección previsional, y solo en 1998 salieron más de mil doscientos de los 1.707 trabajadores que Emporchi tenía en sus puertos que se licitarían, Valparaíso, San Antonio y San Vicente de Talcahuano. En Valparaíso eran 629 y se fueron 489. Fue la salida de miles de trabajadores del sistema portuario tradicional, el debilitamiento de sus organizaciones y un cambio profundo en las condiciones de contratación. Esos programas alcanzaron a quienes tenían contrato; los eventuales, que eran muchos, no tenían a quién pedirle un finiquito, es por eso que en Valparaíso se movilizaron complicando la vida de la ciudad, el 27 de marzo de 1999, y luego el 21 de mayo, para terminar con el Puertazo el 14 de julio de 1999, que abrió las puertas a las negociaciones y la posteriores pensiones e indemnizaciones. Cuando llegó la Ley 19.542 y se consolidó un modelo de concesiones que debemos examinar no solo por su capacidad de mover carga, sino por lo que hizo con el empleo, con la competencia y con la relación entre el puerto y la ciudad. Hubo inversión y hubo años sin paralizaciones, y sería injusto negarlo. Pero a comienzos de los años dos mil casi seis de cada diez trabajadores del puerto de Valparaíso eran eventuales, y a nivel nacional los trabajadores con tarjeta roja pasaron de 22.393 en 2003 a 61.805 en 2016, mientras los que mantenían su vigencia eran 30.516. porque una buena parte de ellos buscaban lograr la pensión, o indemnización. El puerto movía más carga y más gente esperaba un turno que no llegaba.
Hay otro antecedente que suele olvidarse cuando se habla de eficiencia portuaria: las pensiones que el Estado sigue pagando a trabajadores portuarios. ¿Por qué existe esta protección? Porque el trabajo eventual, la discontinuidad de las faenas y el desgaste de décadas de esfuerzo físico dejaron a muchos sin una jubilación digna por la vía ordinaria. Hoy son 250 pensiones de gracia al año, cercanas a dos ingresos mínimos, nacidas de acuerdos después de movilizaciones, y el propio Ministerio del Interior reconoce que son discrecionales. En julio la Corte de Apelaciones de Valparaíso restituyó siete de ellas y recordó que discrecional no es arbitrario. Es una obligación que cuesta mucho dinero al Estado y que forma parte de la historia social de esta transformación y también de su costo. No podemos hablar de los beneficios de la modernización sin hablar de sus costos laborales y previsionales, ni confundir una pensión que repara una trayectoria precaria con un regalo.
Es aquí donde el reportaje, y Pablo, llegan al punto que me parece decisivo. Él plantea una ley que garantice que parte de los recursos del movimiento portuario se quede en la ciudad, y advierte que la idea aparece en las campañas sin concretarse jamás. Tiene toda la razón. Pero esa ley no puede quedar como una buena intención. Necesitamos discutir las compensaciones territoriales, las patentes, los royalties portuarios y, sobre todo, el modelo de explotación que queremos para las próximas décadas. La monoperación, la concentración de las concesiones y la precarización del trabajo no pueden quedar fuera de esa discusión. Porque ni el catastro de inmuebles abandonados, ni el alumbrado que se renovará en 2027, ni la promesa de un nuevo turismo resuelven lo que el reportaje deja a la vista: una ciudad que pide fondos al Estado mientras la carga que pasa por su bahía sigue creciendo. La modernización no tiene por qué significar menos derechos ni una ciudad cada vez más pobre.
Quizás los que venimos del mundo del trabajo no siempre manejamos las categorías con que la academia ordena la historia. Pero estuvimos allí, organizamos sindicatos, negociamos, resistimos y vimos cómo cambiaba nuestro mundo. La historia también se escribe desde los muelles, las asambleas y las jornadas de trabajo. No para contradecir a quienes investigan, sino para completar lo que los documentos muchas veces no alcanzan a contar.
Pablo tiene razón en recordarnos las heridas de Valparaíso. Yo agregaría que algunas no fueron producto del abandono ni del paso del tiempo: tienen una historia política, decisiones económicas y responsables institucionales que debemos estudiar.
Valparaíso no es pobre porque haya dejado de ser puerto. Es una ciudad a la que le han quitado buena parte de la riqueza que produce, es decir la renta que produce su territorio. Y mientras no discutamos para quién trabaja el puerto, seguiremos hablando de recuperar una ciudad sin discutir cómo recuperar su futuro.
Jorge Bustos Valparaíso
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