Mientras Chile se prepara para una nueva generación de concesiones portuarias, las grandes corporaciones afinan sus estrategias de inversión y las empresas portuarias aceleran el diseño de las futuras licitaciones. Todo el debate gira en torno a la productividad, la competitividad y la eficiencia. Sin embargo, hay una pregunta que permanece ausente: ¿quién está pensando seriamente en la seguridad de los miles de trabajadores y de las comunidades que viven en el borde costero, expuestas a uno de los mayores riesgos naturales del planeta?
En los próximos años se licitarán nuevamente algunos de los principales puertos del país. Las grandes navieras y operadores internacionales ya preparan sus estrategias para asegurar posiciones privilegiadas durante las próximas décadas. El discurso es conocido: aumentar la capacidad de transferencia de carga, atraer inversiones, mejorar la competitividad y fortalecer el comercio exterior. Todo ello puede ser legítimo. Lo que no resulta aceptable es que, una vez más, el ser humano desaparezca del centro del debate.
Una vez más, quienes realmente producen la riqueza quedan relegados a un segundo plano. El llamado "capital humano", como lo denominan las grandes corporaciones, termina siendo tratado como un recurso más dentro de la ecuación económica, cuando en realidad son miles de trabajadores y trabajadoras quienes sostienen diariamente la actividad portuaria, desempeñando sus labores en una de las zonas sísmicas y de amenaza de tsunami más peligrosas del planeta.
Chile conoce esa realidad mejor que nadie. Nuestra historia ha estado marcada por terremotos y tsunamis devastadores. El evento de 1730, considerado uno de los mayores registrados en la zona central del país, continúa siendo un antecedente fundamental para comprender la magnitud que pueden alcanzar estos fenómenos y sigue formando parte de la información utilizada para evaluar escenarios extremos de amenaza. Pero la ciencia no se detuvo en 1730 ni en los estudios elaborados hace una o dos décadas. Hoy existen metodologías mucho más avanzadas, modelaciones numéricas de alta resolución, análisis probabilísticos, nuevas cartas de inundación y una comprensión mucho más completa de la interacción entre terremotos, tsunamis, vulnerabilidad urbana y cambio climático.
Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Con qué conocimiento científico se están evaluando las actuales y futuras ampliaciones portuarias de Valparaíso y San Antonio?
En el caso del Puerto Exterior de San Antonio, una respuesta oficial del SHOA, obtenida mediante la Ley de Transparencia, señala que ese organismo no elaboró, no emitió ni revisó estudios específicos de tsunami para ese proyecto. Ese solo antecedente obliga a formular nuevas preguntas: ¿quién realizó entonces la evaluación técnica?, ¿qué metodología utilizó?, ¿qué escenarios sísmicos fueron considerados?, ¿se analizaron eventos extremos como el de 1730?, ¿se incorporó el aumento del nivel del mar asociado al cambio climático?, ¿se evaluó el riesgo para los trabajadores y para la población?
En Valparaíso las dudas tampoco desaparecen. Durante la evaluación ambiental del Terminal Cerros de Valparaíso se solicitaron antecedentes relativos al riesgo de tsunami. Sin embargo, corresponde preguntarse si los estudios utilizados reflejaban el mejor conocimiento científico disponible al momento de adoptarse la decisión o si descansaban sobre información elaborada hace más de una década, cuando aún no existían la Ley Marco de Cambio Climático, la nueva institucionalidad de gestión del riesgo de desastres ni los avances científicos que hoy orientan la planificación costera.
Estas preguntas no son un capricho. Son consecuencia directa de la evolución del derecho ambiental y de la ciencia. Hoy el Estado tiene el deber de aplicar el principio preventivo y de tomar decisiones utilizando la mejor evidencia científica disponible. No basta con cumplir formalmente un procedimiento administrativo si ese procedimiento no incorpora los conocimientos más recientes sobre riesgos que pueden comprometer la vida de miles de personas.
Por eso resulta indispensable que el SHOA responda públicamente, entre otras, las siguientes interrogantes:
¿Cuántos estudios específicos de tsunami ha elaborado para proyectos portuarios en Valparaíso y San Antonio?, ¿Qué metodologías científicas empleó en cada uno de ellos? ¿Qué escenarios sísmicos fueron modelados y cuáles fueron descartados?, ¿Se utilizó el evento de 1730 como escenario máximo de referencia?, ¿Se realizaron modelaciones probabilísticas además de las tradicionales Cartas de Inundación por Tsunami (CITSU)?, ¿Se evaluó el impacto sobre trabajadores portuarios, comunidades costeras e infraestructura crítica?, ¿Se incorporaron los efectos del cambio climático y el aumento del nivel del mar?, ¿Los estudios fueron actualizados conforme avanzó el conocimiento científico o simplemente se reutilizaron antecedentes antiguos?
Pero las responsabilidades no terminan en el SHOA. Las futuras licitaciones están siendo impulsadas por la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) y San Vicente Terminal Internacional (SVTI). Sus directorios y altas gerencias perciben remuneraciones muy superiores a las de los trabajadores que diariamente generan la riqueza del sistema portuario chileno. Son precisamente esas instituciones las que tienen el deber de demostrar que la seguridad de las personas ocupa el mismo nivel de prioridad que los indicadores de productividad, rentabilidad y crecimiento. La riqueza no la producen las gerencias ni los directorios; la producen los trabajadores portuarios.
La misma responsabilidad alcanza a los organismos públicos que intervienen en estas decisiones. La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA), el Comité de ministros y todos los servicios públicos con competencia ambiental no pueden limitarse a revisar expedientes y cumplir formalidades administrativas. Su obligación es garantizar que las autorizaciones se otorguen sobre la base del mejor conocimiento científico disponible y bajo el principio de prevención, porque su primera responsabilidad es proteger la vida humana.
Las ciudades puerto han soportado durante décadas contaminación, pérdida de espacios públicos, deterioro ambiental, congestión y un progresivo empobrecimiento social, mientras generan una parte significativa de la riqueza nacional. Resulta inaceptable que, además de soportar esos costos, sus habitantes deban asumir riesgos que podrían minimizarse mediante mejores estudios, tecnologías más avanzadas y decisiones públicas verdaderamente responsables.
Porque cuando un tsunami golpea nuestras costas, la naturaleza no distingue entre un trabajador portuario, un vecino, un gerente, un ministro o un director de empresa. Pero sí existe una diferencia fundamental: quienes toman hoy las decisiones tienen la responsabilidad jurídica, ética y política de haber hecho todo lo posible para evitar una tragedia.
Las resoluciones administrativas no detienen un tsunami. Los permisos ambientales tampoco. Mucho menos los balances financieros o los contratos de concesión.
Antes de adjudicar las próximas licitaciones portuarias, Chile tiene el deber de responder una pregunta esencial: ¿vale más el movimiento de millones de toneladas de carga o la vida de las personas que hacen posible esa riqueza?
Esa es la discusión, no la han dado “los que valoran el dialogo, los que valoran la participación y el trabajo colectivo, como pilares de la democracia”. Y quizás sea la más importante de todas.
Jorge Bustos
Defendamos la Ciudad / Región Valparaíso
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