Los primeros cien días de un gobierno suelen servir para evaluar decisiones, prioridades y resultados. Sin embargo, en las últimas semanas hemos visto algo distinto. Un grupo importante de académicos, intelectuales y columnistas de derecha, ha intentado aprovechar este período simbólico para instalar una idea mucho más ambiciosa: que Chile habría dejado atrás la política de los derechos para ingresar definitivamente a una cultura basada en el orden, la autoridad, los deberes y la responsabilidad. Según este diagnóstico publicitado por la Segunda y la Tercera, no solo cambió el gobierno; habría cambiado la sociedad chilena. Es una afirmación de enorme importancia y, precisamente por eso, merece ser examinada con cuidado.
Cuando se quiere entender un país, las opiniones siempre son importantes, pero los hechos lo son mucho más. Chile tiene hoy un ingreso mínimo de poco más de 539 mil pesos. Al mismo tiempo, más de seis millones de personas mantienen deudas en el sistema financiero y cerca de cuatro millones registran morosidad. Distintos estudios muestran que alrededor de uno de cada tres chilenos debe recurrir al crédito para comprar alimentos, medicamentos o vestuario. Es decir, para una parte importante de las familias, la tarjeta de crédito dejó de ser un instrumento para mejorar el nivel de vida y pasó a convertirse en una herramienta para sostener la vida cotidiana. Esa es la realidad material desde donde millones de personas enfrentan cada día el futuro.
Frente a esos datos resulta legítimo preguntarse si el principal problema del país es realmente una crisis de valores o una economía que obliga a una parte importante de la población a vivir permanentemente endeudada. Porque nadie sueña con financiar el supermercado en doce cuotas. Nadie aspira a llegar a fin de mes dependiendo del cupo de una tarjeta. Nadie desea vivir con el temor de perder el empleo porque sabe que bastan un par de meses sin ingresos para que todo el equilibrio familiar se derrumbe. Antes de hablar de una transformación cultural conviene observar las condiciones concretas en que viven las personas.
Aquí aparece un fenómeno interesante. Muy pocos trabajadores chilenos se consideran pobres. La inmensa mayoría se define como clase media, aunque muchas veces sus ingresos apenas alcanzan para cubrir los gastos esenciales. No es una contradicción. Es la expresión de una sociedad donde el trabajo sigue siendo motivo de dignidad y de identidad, pero donde esa dignidad convive con una creciente fragilidad económica. El problema no es cómo las personas se nombran a sí mismas; el problema es que cada vez necesitan más crédito para mantener un estándar de vida que hace apenas unos años podían sostener con su salario.
Sin embargo, buena parte del debate público parece mirar hacia otro lado. Se habla del aumento de la delincuencia, del deterioro de la convivencia, de la necesidad de recuperar el principio de autoridad y de reinstalar los deberes ciudadanos. Todo eso forma parte de una discusión legítima. Ninguna sociedad puede desarrollarse sin seguridad ni respeto por la ley. Pero reducir el malestar chileno únicamente a un problema de orden significa dejar fuera una parte esencial de la realidad.
Porque el miedo no comienza solamente cuando una persona teme ser víctima de un delito. También comienza cuando no sabe si podrá pagar el arriendo, cuando posterga una atención médica por falta de dinero, cuando utiliza la tarjeta de crédito para llenar el carro del supermercado o cuando descubre que trabajar toda la jornada ya no garantiza una vida tranquila ni digna. Esa inseguridad económica descrita no aparece con frecuencia en los discursos sobre el orden, pero condiciona la vida diaria de millones de personas mucho más que cualquier debate ideológico.
Por eso conviene observar con atención el relato que hoy comienza a instalarse. Si el origen de la crisis se explica únicamente por la pérdida de autoridad, entonces la solución será más control, más sanciones y más disciplina. Pero si reconocemos que el malestar también tiene raíces económicas, la conversación necesariamente cambia. Entonces aparecen preguntas sobre salarios, endeudamiento, concentración de la riqueza, costo de la vida, acceso a la vivienda, calidad de la salud y oportunidades reales de movilidad social. Cambia el diagnóstico y, con él, cambian también las respuestas.
La historia demuestra que ningún país consigue construir un orden duradero si la mayoría de su población siente que vive cada vez con mayor incertidumbre. La autoridad puede contener temporalmente los conflictos, pero la estabilidad solo se consolida cuando existe una percepción compartida de justicia. Las personas aceptan reglas cuando sienten que esas reglas se aplican de manera semejante para todos y cuando el esfuerzo de trabajar les permite vivir con dignidad. Cuando eso deja de ocurrir, el problema ya no es cultural. Es estructural.
Quizás esa sea la discusión que realmente dejan estos primeros cien días de gobierno. No si Chile cambió de izquierda a derecha ni si comenzó una nueva batalla cultural. La verdadera pregunta es mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más complicada: ¿puede hablarse de una cultura del orden en un país donde millones de personas necesitan endeudarse para comer, para vestirse, para educar a sus hijos o para enfrentar una enfermedad? Mientras esa pregunta no tenga una respuesta convincente de parte de los opinologos de la derecha, cualquier diagnóstico sobre el supuesto cambio cultural de Chile seguirá siendo, más que una descripción de la realidad, la expresión de un deseo político.
Jorge Bustos
Añadir nuevo comentario