Las revelaciones del Caso Audios destruyeron el mito de una justicia inmune a las presiones políticas y a la corrupción. En ese nuevo escenario, el recrudecimiento del castigo contra Mauricio Hernández Norambuena deja de parecer un hecho aislado y obliga a preguntarse si algunas instituciones del Estado están siendo utilizadas para prolongar una revancha que nunca terminó.
La mayor crisis de credibilidad que enfrenta hoy la justicia chilena no nació con el Caso Audios, pero sí quedó al descubierto gracias a él. Lo que durante años fueron sospechas terminó transformándose en evidencia pública: operadores políticos, abogados influyentes y altas autoridades judiciales mantenían relaciones impropias que ponían en duda la independencia de decisiones que debían ser absolutamente imparciales. El problema ya no es únicamente la corrupción de algunas personas; es la posibilidad de que instituciones completas hayan sido utilizadas para favorecer intereses particulares y ajustar cuentas políticas.
En ese contexto, el caso de Mauricio Hernández Norambuena adquiere una dimensión completamente distinta. Lo que durante años fue presentado como el cumplimiento de una condena hoy debe analizarse a la luz de hechos que antes no se conocían. La actuación del entonces ministro Mario Carroza, la participación de Luis Hermosilla representando intereses directamente involucrados en la causa y las posteriores gestiones para asegurar el ascenso de Carroza a la Corte Suprema dejaron instalada una duda que ninguna autoridad ha logrado despejar. La cronología de esos acontecimientos resulta demasiado significativa como para ser ignorada.
Pero existe otro hecho que merece la misma atención. Después de que la defensa de Mauricio emprendiera acciones contra Luis Hermosilla y Mario Carroza, lejos de disminuir la excepcionalidad de su situación penitenciaria, comenzó un endurecimiento que resulta difícil de comprender. Mauricio había permanecido en el Complejo Penitenciario de Rancagua y, sin embargo, volvió a quedar sometido a un régimen de aislamiento extremo que hoy incluso los tribunales han considerado incompatible con el respeto a sus derechos fundamentales. La pregunta es inevitable: ¿qué cambió para que el Estado decidiera recrudecer nuevamente sus condiciones de reclusión?
Esa pregunta adquiere aún mayor relevancia cuando se observa el comportamiento de Gendarmería. En lugar de cumplir con rapidez una resolución que ordena poner término a ese régimen excepcional, la institución ha desplegado todos sus recursos para impedirlo. No parece la actitud de un organismo preocupado únicamente de administrar el sistema penitenciario. Parece la reacción de una institución decidida a sostener una decisión política a cualquier costo.
La actuación de Gendarmería tampoco puede analizarse separada de su propia historia reciente. La persecución administrativa contra Fernando Mardones Vargas, luego de emitir un informe técnico favorable a Mauricio basado en estándares internacionales de derechos humanos, demuestra que dentro de la institución quienes aplican criterios técnicos pueden terminar siendo castigados. El mensaje es preocupante: cuando la defensa de los derechos humanos se convierte en un problema interno, deja de hablarse de diferencias administrativas y comienza a hablarse de una cultura institucional.
A ello se suma una larga lista de escándalos que han golpeado gravemente la credibilidad de Gendarmería: las millonarias pensiones obtenidas mediante maniobras irregulares por altos mandos, las redes de corrupción detectadas en distintos recintos penales, el ingreso de drogas y teléfonos celulares facilitado por funcionarios y las reiteradas denuncias de represalias contra quienes se atreven a denunciar irregularidades. No estamos frente a una institución cuya conducta permita pedir un acto de fe. Estamos frente a un organismo cuya historia reciente obliga a examinar con especial rigor cada una de sus actuaciones.
Por eso cuesta aceptar que todo lo ocurrido con Mauricio Hernández Norambuena responda únicamente a decisiones administrativas. La secuencia de los hechos es demasiado llamativa. Primero aparecen los antecedentes que vinculan a Luis Hermosilla y Mario Carroza en una trama de influencias revelada por el Caso Audios. Luego la defensa de Mauricio dirige acciones contra ambos. Y, posteriormente, se observa un recrudecimiento del castigo y una férrea resistencia institucional a poner fin a un régimen de aislamiento que incluso ha sido cuestionado judicialmente. Es una sucesión de acontecimientos que exige explicaciones convincentes y transparentes.
Nadie puede afirmar livianamente la existencia de una orden escrita o de una coordinación formal. Pero tampoco puede exigirse a la ciudadanía que ignore una secuencia de hechos que, observados en conjunto, proyectan la imagen de una revancha ejercida desde las propias instituciones del Estado. Cuando el poder actúa siempre en la misma dirección y contra la misma persona, la sospecha deja de ser un ejercicio de imaginación para transformarse en una cuestión de interés público.
La persecución contra Mauricio Hernández Norambuena no termina en él. Es una señal dirigida a todos quienes desafían al poder establecido. Cuando las instituciones dejan de impartir justicia y comienzan a administrar venganzas, dejan de servir a la ciudadanía y pasan a servir a una élite. Ninguna democracia puede sostenerse sobre esa lógica. La sociedad chilena debe decidir si acepta que la arbitrariedad se convierta en una práctica normal o si pone un límite antes de que sea demasiado tarde. Después no bastará decir que nadie lo advirtió.
Jorge Bustos
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