Hace 203 años Chile abolió legalmente la esclavitud. Pero mientras recordamos aquella conquista, quizás deberíamos preguntarnos si la libertad consiste solamente en que nadie pueda ser dueño de nuestro cuerpo, o si también exige que nadie tenga que vender toda su vida para poder sobrevivir. Porque un joven que debe endeudarse para estudiar, una familia que compra alimentos a crédito, un trabajador que entrega la mayor parte de su tiempo para pagar deudas y una comunidad que ve cómo la riqueza de su territorio se marcha mientras recibe la contaminación y el abandono, pueden ser jurídicamente libres y, sin embargo, vivir sometidos a condiciones materiales que limitan profundamente su libertad.
El 24 de julio de 1823, bajo el gobierno de Ramón Freire e impulsada por José Miguel Infante, Chile dio un paso histórico al abolir definitivamente la esclavitud. El proceso había comenzado en 1811 con la Ley de Libertad de Vientres, impulsada por Manuel de Salas, y culminó con una frase que todavía conmueve: «En Chile no hay esclavos; el que pise su territorio por un día natural será libre». Fue una conquista enorme. Pero la historia no termina cuando una ley declara que todos somos libres. Marx entendió que la libertad no podía separarse de las condiciones materiales de la existencia. «El reino de la libertad comienza solamente allí donde cesa el trabajo determinado por la necesidad», escribió. Y esa pregunta sigue vigente: ¿cuánta libertad real tiene quien debe endeudarse para estudiar, trabajar para pagar la deuda, endeudarse para vivir y aceptar cualquier condición porque no puede darse el lujo de quedarse sin ingresos?
En Chile, esa pregunta explotó en las calles. El estallido social no nació de la nada ni fue solamente una protesta contra treinta pesos. Detrás había años de pensiones insuficientes, endeudamiento, desigualdad, abusos, problemas de salud, educación, vivienda, salarios, servicios básicos y una creciente sensación de que las decisiones fundamentales se tomaban lejos de la ciudadanía. La sociedad comenzó a discutir no solamente el precio del transporte, sino el país entero. Y entonces ocurrió lo que suele ocurrir cuando una sociedad se rebela contra las condiciones que la oprimen: los grupos dominantes tuvieron tiempo para reagruparse. Mientras el pueblo permanecía movilizado y esperanzado en la posibilidad de cambiar las reglas, quienes tenían riqueza, medios de comunicación, influencia y poder político podían esperar. La protesta fue conducida hacia la institucionalidad, primero mediante un acuerdo y luego mediante nuevos procesos constitucionales. Después del rechazo de la primera propuesta, el Acuerdo por Chile de diciembre de 2022 volvió a entregar a los partidos políticos el control de un proceso que había nacido en las calles. La pequeña esperanza de una transformación profunda comenzó a morir allí, entre acuerdos, límites previamente establecidos, campañas del miedo y una poderosa maquinaria mediática capaz de presentar cualquier cambio como una amenaza al orden, la familia, la propiedad o la seguridad.
Y no es que nada haya cambiado. Se redujo la jornada laboral, aumentó el salario mínimo, se aprobó una reforma previsional, se creó el royalty minero y se aprobaron otras reformas que respondían, al menos parcialmente, a demandas sociales acumuladas. Pero el CAE siguió existiendo; la deuda educacional no desapareció; la vivienda continúa siendo una crisis; la desigualdad no fue superada; el centralismo permanece; la renta de los territorios continúa siendo apropiada en gran medida lejos de las comunidades que producen la riqueza; y la concentración económica sigue teniendo una capacidad de influencia que ningún ciudadano común puede igualar. El sistema concedió reformas, pero no necesariamente transformó las estructuras fundamentales del poder. Y aquí aparece el papel de las castas políticas: aquellos que dicen representar al pueblo, pero que muchas veces terminan funcionando como intermediarios entre la sociedad rebelde y el poder económico; como un colchón que absorbe la presión, administra el descontento, ofrece cambios parciales y permite que quienes concentran la riqueza ganen tiempo para reorganizarse.
Por eso, recordar la abolición de la esclavitud no debería ser solamente una celebración del pasado. Debería ser una pregunta dirigida al presente. La esclavitud legal fue abolida y nadie puede ser propiedad de otra persona. Pero la libertad no puede reducirse a una declaración jurídica cuando millones deben vender su tiempo para pagar deudas, estudiar, alimentarse o tener una vivienda; cuando los jóvenes comienzan su vida adulta endeudados; cuando las regiones producen riqueza que no controlan; cuando el centralismo decide por territorios enteros; cuando el entorno se destruye y quienes se benefician de esa destrucción viven lejos de sus consecuencias. La libertad formal dice que nadie puede ser tu dueño. La libertad real exige que nadie tenga que entregar su vida entera para poder sobrevivir. Hace 203 años Chile dijo: «En Chile no hay esclavos». La tarea de nuestro tiempo es conseguir que esa frase deje de ser solamente una verdad jurídica y pueda convertirse, finalmente, en una verdad material para todos.
Jorge Bustos
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