La alcaldesa Camila Nieto acompaña al presidente Kast a buscar inversiones y empleo para la ciudad. Pero la ciudad que nació del puerto sigue viendo pasar los barcos, y esa es la conversación que no viaja en la comitiva.
La alcaldesa Camila Nieto viaja a Asia junto al presidente José Antonio Kast para conseguir respaldo internacional a la candidatura de Valparaíso como sede de la Secretaría del Tratado de Alta Mar, y anuncia gestiones para atraer inversiones, generar empleo y posicionar a la ciudad en los mercados del mundo. Nada que objetar: una ciudad que busca oportunidades afuera hace lo que debe. Lo que llama la atención es lo que falta. Al hablar de desarrollo, inversión y trabajo en Valparaíso, el puerto no aparece en el centro de la conversación, siendo el principal elemento de nuestra identidad económica y territorial y que está a dos años de iniciar una nueva licitación. Porque esta no es una ciudad que casualmente tiene un puerto cerca. Nació, creció y organizó buena parte de su vida alrededor de él. Y hoy vive una paradoja que ninguna autoridad debería ignorar: el puerto sigue moviendo millones de toneladas de mercancías, pero ya no produce en la ciudad el efecto económico y social que produjo durante décadas.
Eso no ocurrió por azar. La modernización, la contenerización y el régimen de concesiones de la Ley 19.542 cambiaron de raíz la organización del trabajo, y el paso al modelo monooperador concentró la explotación de los terminales y reordenó las relaciones laborales. Una investigación sobre la reestructuración del sector registró que entre 1998 y 2003 la oferta laboral portuaria de Valparaíso cayó entre un 50% y un 60%. No fue solo tecnología: cambió cuántos trabajadores se necesitaban, cómo se los contrataba y a quiénes llegaban las oportunidades. La investigación académica también ha documentado lo que pasó con los estibadores eventuales, que viven en la inestabilidad y sin derechos laborales básicos. El puerto ganó eficiencia, es cierto, pero esa eficiencia no se tradujo en mejores condiciones de vida para quienes lo hacen funcionar.
Ahí está la pregunta que la alcaldesa debería llevar a cualquier reunión sobre inversiones: ¿de qué sirve que crezca la transferencia de carga si la ciudad no recupera el empleo portuario, no fortalece su comercio y no participa de manera justa en la riqueza que genera su propio puerto? No se trata de decir que el puerto no aporta nada; sería injusto desconocer los empleos directos e indirectos y la actividad logística que sostiene. La propia Empresa Portuaria de Valparaíso menciona, en su reporte integrado de 2025, cerca de 18 mil empleos asociados a la actividad portuaria y logística, pero es una cifra regional que mezcla empleos directos e indirectos: no son 18 mil trabajadores portuarios, ni todos viven o trabajan en la comuna. Y hay algo más incómodo: no existe un estudio que diga cuántos porteños viven hoy del puerto. Lo más cercano a la realidad es contar los socios de los sindicatos portuarios, y aun así es una aproximación, no una cifra exacta. Pero hay un dato que cualquiera en el plan conoce sin necesidad de estudios: ni siquiera los gerentes y los administrativos superiores, ni los de las empresas que explotan los terminales ni los de la propia empresa portuaria, viven en Valparaíso. Deciden sobre la ciudad desde otro lugar, cobran sus sueldos en otro lugar y gastan en otro lugar. Si el puerto ya no sostiene a los trabajadores y tampoco a quienes lo dirigen, el comercio de la ciudad no tiene a quién venderle. La pregunta de fondo es otra: ¿cuánto de ese movimiento se convierte en empleo estable, sueldos dignos, recursos municipales y oportunidades para los porteños? La investigación que publicó hoy BioBio Chile vuelve a abrir esa herida histórica: la desaparición de buena parte de la economía que permitía a los trabajadores portuarios sostener el comercio, los restoranes y la vida cotidiana de la ciudad.
Por eso es insuficiente hablar de inversión como si toda inversión fuera desarrollo. Un nuevo terminal, una ampliación o más contenedores no garantizan, por sí solos, más trabajo para los porteños, y menos aún mientras sigamos sosteniendo un modelo que premia la concentración de la explotación y no ha resuelto la precariedad de los eventuales. Si la alcaldesa quiere defender a Valparaíso, tiene que poner sobre la mesa el monooperador, las condiciones de las futuras concesiones, la recuperación del empleo portuario y la participación económica de la ciudad en los beneficios de su actividad. Y debe exigir compensaciones territoriales y aportes portuarios efectivos que ayuden a financiar a una comuna que carga con los costos de convivir con una infraestructura estratégica para el comercio exterior del país, al igual que San Antonio.
La candidatura para albergar una secretaría de Naciones Unidas puede ser una oportunidad, pero una sede internacional no es una política de desarrollo, y el movimiento de mercancías tampoco es prosperidad popular. Valparaíso necesita recuperar su relación con el puerto, no solo exhibirlo como postal en los discursos diplomáticos. Necesita que los trabajadores vuelvan a ocupar un lugar central en la economía portuaria, que el comercio local reciba algo de lo que ahí se produce y que las empresas que explotan los terminales asuman responsabilidades concretas con el territorio donde operan. No podemos conformarnos con mirar pasar los barcos mientras nuestra gente mira pasar las oportunidades. La pregunta que la alcaldesa debería llevar a Asia, y responder también ante los porteños, es esta: ¿qué modelo de puerto queremos y para beneficio de quién debe funcionar? Porque Valparaíso no es pobre por falta de actividad portuaria. Es pobre por cómo se reparte lo que esa actividad produce, y por quiénes se quedan con la riqueza.
Jorge Bustos Valparaíso
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