Cuando José Antonio habla de “agilizar el Estado”, el aplauso sale solo. Suena bien. Es fácil. Nadie quiere trámites eternos ni oficinas públicas que funcionan a media máquina. Pero ahí está la trampa: una consigna simple para esconder un cambio profundo. Porque cuando uno raspa el discurso y lo lleva al terreno del derecho, lo que aparece no es solo eficiencia, sino una redefinición completa del rol del Estado frente al interés público.
Y en esa redefinición hay un mecanismo clave que pasa casi piola, pero que es decisivo: el llamado “silencio administrativo positivo”. Traducido al castellano simple: si el Estado no alcanza a responder dentro de plazo, el proyecto se entiende aprobado.
Suena práctico hasta que uno deja de aplaudir y empieza a pensar. Porque el derecho administrativo chileno no funciona así por casualidad. La Ley N° 19.880 establece reglas claras: el silencio de la Administración es una herramienta excepcional, pensada para proteger a los ciudadanos frente a la inacción del Estado, no para reemplazar su deber de decidir.
Y menos aún en materias donde están en juego bienes públicos. Medio ambiente, territorio, patrimonio, salud de las personas. En todos esos casos, la lógica ha sido históricamente la misma: si la autoridad no se pronuncia, no hay autorización. No porque el Estado sea lento por gusto, sino porque su silencio no puede legitimar decisiones que requieren análisis técnico y responsabilidad política.
Dicho sin rodeos: el silencio no evalúa, no mide impactos, no protege a nadie.
Lo que propone José Antonio es invertir esa lógica. Convertir la falta de respuesta en aprobación automática. O sea, transformar la omisión en permiso.
Y aquí es donde el discurso de la “eficiencia” empieza a hacer agua.
Porque el problema real no es que el Estado se demore porque quiere. Es que no tiene las capacidades suficientes para procesar la cantidad y complejidad de proyectos que recibe. El Servicio de Evaluación Ambiental no revisa papeles por deporte: evalúa iniciativas que requieren estudios sofisticados ecosistemas, corrientes marinas, impactos acumulativos, riesgos para comunidades. Eso no se resuelve con un cronómetro ni con un eslogan.
Entonces, si a un sistema ya tensionado le impones plazos más exigentes sin aumentar recursos ni fortalecer equipos, no estás creando eficiencia. Estás creando una ficción.
El procedimiento sigue corriendo, pero el contenido desaparece. Y aquí no estamos frente a una sospecha ideológica. Esto está estudiado hace décadas. El economista George Stigler explicó cómo los sistemas regulatorios pueden terminar funcionando en favor de los intereses que deberían controlar. No siempre por corrupción directa, sino por diseño. Cuando el regulador no tiene capacidad real para cumplir su función, el resultado es predecible: el regulado gana.
En este caso, la ventaja es brutalmente simple: si el Estado no alcanza a evaluar, el proyecto se aprueba igual. Y mientras tanto, te siguen hablando de “modernización”.
No por nada organismos como la OCDE y la CEPAL han insistido en lo contrario: “fortalecer la capacidad estatal, mejorar la calidad de la evaluación y asegurar que las decisiones se tomen con información suficiente”. No reemplazar el juicio técnico por automatismos.
Porque aquí hay algo que no se dice y que es clave que la gente entienda: cuando se trata de proyectos que afectan territorios, ecosistemas o ciudades, el tiempo de evaluación no es un capricho burocrático. Es una protección. Es el momento en que el interés público todavía tiene una oportunidad de existir. Eliminar eso, o vaciarlo de contenido, no es eficiencia. Es negocio.
Y esto no aparece aislado. Calza perfecto con lo que ya hemos visto en otras propuestas: apretarse el cinturón con la excusa de la deuda, pero abrir la billetera fiscal cuando hay que cubrir costos empresariales, como en las anulaciones de RCA. Siempre el mismo patrón: el Estado se achica cuando tiene que proteger, pero aparece cuando tiene que garantizar.
Lo que estamos viendo no son medidas sueltas. Es un diseño. Un modelo de Estado que se repite: débil frente al poder económico, pero disciplinado cuando se trata de trasladar costos a la ciudadanía. Por eso esta discusión no es técnica, es política. No se trata de si un trámite demora más o menos. Se trata de quién toma las decisiones y en favor de quién.
Porque cuando te hablen de “modernización”, de “agilizar” o de “destrabar”, la pregunta que hay que hacer siempre es la misma: ¿quién gana con esto?
Y ojo, porque esto recién empieza.
Jorge Bustos
Defendamos la Ciudad
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