San Antonio: la unanimidad de los que no leen

La reciente aprobación unánime de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del Puerto Exterior de San Antonio fue presentada como un “hito histórico”, un triunfo de la institucionalidad y una demostración de visión de futuro. Pero detrás de la fotografía oficial y de los discursos cuidadosamente preparados, lo que realmente quedó expuesto fue algo mucho más grave: la decadencia intelectual y moral de una parte importante de la institucionalidad pública chilena.

Porque cuesta creer seriamente que los integrantes de la COEVA hayan leído en profundidad los cientos de páginas de antecedentes técnicos, observaciones ciudadanas, informes municipales, advertencias sanitarias y denuncias jurídicas antes de aprobar por unanimidad un proyecto que cambiará para siempre la vida de toda una provincia. La unanimidad no transmite rigor. Transmite automatismo. Transmite obediencia. Transmite la sensación de que muchos llegaron a votar como les habían indicado con la decisión tomada antes incluso de sentarse en la mesa.

Y eso es gravísimo. Porque estas autoridades no están ahí para actuar como relacionadores públicos de las grandes inversiones ni como operadores administrativos encargados de “sacar la pega”. Están ahí porque el Estado les entregó la responsabilidad de proteger la legalidad, el medio ambiente y la salud de las personas. La Ley 19.300 no creó el Sistema de Evaluación Ambiental para acelerar proyectos a cualquier costo. Lo creó precisamente para revisar críticamente los impactos y evitar daños irreversibles.

Pero en Chile parece haberse instalado otra lógica: mientras más grande el proyecto, menos ganas tienen las autoridades de incomodarlo.

Hace algunos años, quienes llenaban discursos hablando de ecología, participación y defensa de los territorios aprobaron el Terminal 2 de Valparaíso con la misma superficialidad irresponsable. Hoy, otros sectores políticos, que se presentan como gestores eficientes y pragmáticos, hacen exactamente lo mismo. Cambian los slogans, pero no cambia la flojera intelectual ni la subordinación política. Unos hablaban de justicia ambiental mientras levantaban la mano sin hacerse cargo seriamente de las advertencias técnicas. Los otros hablan de productividad y crecimiento mientras repiten idéntico comportamiento: leer poco, cuestionar menos y aprobar rápido.

Lo más inquietante es que ni siquiera estamos frente a impactos discutibles o marginales. El propio Informe Consolidado de Evaluación reconoce superaciones de normas primarias de calidad del aire sobre receptores sensibles. Es decir, el expediente admite afectaciones sobre la salud humana. Las normas de MP2,5 y MP10 existen precisamente porque el material particulado enferma personas. No es una discusión ideológica. Es salud pública básica.

Aun así, la COEVA aprobó el proyecto como si bastara pavimentar algunas calles para neutralizar impactos estructurales derivados de una expansión logística gigantesca. Y allí aparece el verdadero problema: la evaluación ambiental chilena se ha transformado demasiadas veces en una ceremonia administrativa donde las decisiones políticas ya vienen tomadas desde arriba y el resto consiste solamente en construir una apariencia de legalidad técnica.

Porque nadie puede sostener seriamente que San Antonio es un territorio vacío. La provincia ya enfrenta saturación vial, presión logística, expansión industrial y deterioro urbano creciente. El Puerto Exterior no significa solamente más actividad portuaria. Significa miles de camiones adicionales, más contaminación atmosférica, más presión sobre barrios completos y más subordinación de la ciudad al negocio logístico.

Sin embargo, las autoridades siguen actuando como si los territorios fueran simples plataformas de sacrificio al servicio del modelo exportador chileno.

Las denuncias realizadas durante la evaluación vuelven todavía más escandalosa la aprobación. La Municipalidad de Santo Domingo denunció que parte de los estudios marinos se realizaron sin permisos obligatorios del SHOA ni autorizaciones de SUBPESCA. Incluso se denunciaron resoluciones correspondientes a otras regiones. Y aun así la maquinaria administrativa siguió avanzando.

Aquí ya no estamos hablando solamente de diferencias de criterio técnico. Estamos hablando de autoridades que parecen haber perdido completamente el sentido de la responsabilidad pública. Porque cuando una línea de base ambiental presenta cuestionamientos de esta magnitud, lo mínimo esperable de una autoridad seria habría sido detenerse, exigir aclaraciones profundas y actuar con prudencia. Pero eso habría requerido estudio, independencia y valentía política. Mucho más fácil era votar a favor y sumarse a la fotografía de celebración.

La tragedia de la institucionalidad chilena no es solo la presión empresarial. Es también la mediocridad de una parte de su dirigencia administrativa. Autoridades que administran expedientes gigantescos con una superficialidad alarmante. Funcionarios políticamente disciplinados que parecen más preocupados de no incomodar al gobierno de turno que de cumplir rigurosamente el mandato legal que tienen.

Porque la pregunta de fondo sigue siendo brutalmente simple: ¿cuántos de los que votaron realmente estudiaron a fondo el expediente completo antes de levantar la mano?

Y esa duda destruye buena parte de la legitimidad de esta aprobación.

El costo humano además fue tratado con la misma frialdad burocrática habitual. Más de un centenar de hogares deberán ser reasentados. Decenas de unidades productivas desaparecerán. Playa de Llolleo perderá parte importante de su existencia como espacio comunitario y cultural. Actividades tradicionales como la pesca chinchorro quedarán prácticamente arrasadas. Pero en la lógica tecnocrática dominante, todo parece reducirse a compensaciones económicas y cuadros Excel.

Chile firmó el Acuerdo de Escazú hablando de democracia ambiental, transparencia y participación. Pero en la práctica muchas comunidades siguen enfrentando instituciones que escuchan poco, leen menos y deciden rápido.

Por eso la aprobación unánime del Puerto Exterior no representa una demostración de fortaleza institucional. Representa exactamente lo contrario: una institucionalidad ambiental debilitada, apurada y cada vez más desconectada de los territorios que dice proteger.

Y probablemente serán otra vez los Tribunales Ambientales y la Corte Suprema quienes deban hacer el trabajo de revisión seria que la COEVA simplemente no quiso hacer.

Jorge Bustos

Defendamos la Ciudad / Región Valparaíso