Lula acaba de asegurarse un cuarto mandato en Brasil, pero el partido de Bolsonaro llega al Congreso con la bancada más grande desde 1988. En Chile conocemos el truco: se puede ganar el gobierno y seguir sin mandar, mientras un modelo nacido a punta de fusil cobra la cuenta a los de siempre.
Desde los cerros de Valparaíso se ve bien cómo se vive en este país: la gente baja temprano, cuenta las lucas en el camino, calcula si alcanza para los remedios y reza para que la pensión no se acabe antes que el mes. Nadie ahí necesita un doctorado para entender lo que pasa. El agua, la luz, la salud, la educación y hasta el derecho a envejecer con dignidad se volvieron negocios con boletería, y la entrada la pagan justamente quienes menos tienen. Quien trabajó cuarenta años y termina contando monedas no está frente a un accidente. Está frente a un sistema que hace exactamente lo que fue diseñado para hacer.
Nos han dicho durante décadas que no hay otro camino. Que el mercado asigna mejor, que lo privado es sinónimo de eficiencia y que, si alguien se quedaba atrás, seguramente no le había puesto suficiente empeño. Nos vendieron la competencia como libertad, y nunca explicaron por qué esa libertad viene con tantos privilegios para quien tiene el capital y tantas obligaciones para quien vive de su trabajo. La respuesta, como casi todo en este país, está en la fecha de nacimiento. Este modelo no salió de una conversación entre ciudadanos iguales. Salió de un régimen que encarceló, torturó, asesinó y exilió a quienes defendían otro proyecto de sociedad, y esa represión no fue un adorno de la época: fue la condición para debilitar sindicatos, recortar derechos laborales y concentrar la propiedad y el poder en pocas manos.
Hasta ahí, la historia que todos conocemos. Lo difícil viene después, y conviene mirarlo sin anteojeras. La Concertación recibió un país amarrado por las instituciones de la dictadura, con una correlación de fuerzas adversa y una Constitución hecha para que nada se moviera. Eso es verdad y explica mucho. Lo que no puede hacer es perdonar. Porque bajo esos gobiernos bajó la pobreza y se ampliaron políticas sociales, sí, pero los pilares de la dictadura quedaron intactos: la economía subsidiaria, las pensiones capitalizadas en cuentas individuales, el negocio privado instalado en la salud y la educación, y un mundo laboral diseñado para que organizarse fuera una hazaña. Algunas piezas se reformaron, otras se expandieron y otras aprendieron a vestirse de modernas. La estabilidad, la inversión y los acuerdos con los grandes grupos económicos pasaron a ser presentados como leyes de la naturaleza, como si la gravedad y el IVA tuvieran el mismo origen.
Ahí está la lección que cuesta tragar: un sistema económico no necesita conservar a sus antiguos gobernantes para conservar su poder. Puede cambiar de autoridades, sumar programas sociales, mejorar los indicadores y seguir repartiendo la riqueza exactamente igual de mal. Mientras tanto, el crédito hizo la pega sucia. Millones de familias accedieron a cosas que antes les quedaban lejos, y el país se felicitó por el progreso, pero buena parte de ese bienestar estaba hipotecada en cuotas e ingresos futuros. Los derechos que debieron garantizarse entre todos terminaron resolviéndose cada uno por su cuenta, con tarjeta. Nadie quiere vivir peor. El problema es que, demasiadas veces, para vivir un poco mejor había que endeudarse.
Esa cuenta explotó en octubre de 2019. No tuvo una sola causa ni un solo petitorio, pero puso sobre la mesa el malestar acumulado con las pensiones, los sueldos, los abusos y los servicios públicos, y dejó en evidencia que el famoso oasis tenía más grietas que agua. El crecimiento, por sí solo, no compra justicia ni legitimidad. Pero tampoco bastó con la rabia. La rabia derriba certezas, y eso no es poco, pero para convertirla en reformas que duren se necesita organización, programa, conducción democrática y fuerza suficiente para sostener los cambios cuando los que se benefician del orden actual empiecen a llamar por teléfono.
Ayer mismo, al otro lado del continente, Brasil dio una de esas lecciones que no necesitan profesor. Lula da Silva ganó la segunda vuelta con cerca de un 51,8% frente al 48,2% de Flávio Bolsonaro, después de haber quedado segundo en la primera ronda y con las encuestas de la víspera hablando de empate técnico: una remontada de esas que se hacen caminando las calles y no desde los estudios de televisión. Hasta aquí, la fiesta. Lo interesante está en las urnas del 4 de octubre, las que eligieron el Congreso. El Partido Liberal de Bolsonaro sacó 121 de los 513 diputados, la mayor bancada de un solo partido desde que rige la Constitución de 1988, y 19 de los 54 senadores en juego, lo que lo deja con unos 28 de los 81 escaños de la cámara alta. El PT de Lula llegó a 70 diputados, 88 con sus socios de federación, y a nueve senadores, y para reformar la Constitución necesitará reunir 49 votos en el Senado. Hagamos la cuenta que hace cualquier dueña de casa a fin de mes: el presidente tiene la silla, pero la mayoría para mover los muebles está en otra parte, en el viejo centro, esa tropa de partidos que vende cara su compañía a quien esté de turno en el Palacio, y que, aunque salió más flaca de estas elecciones, sigue siendo el fiel de la balanza. Se puede ganar el gobierno sin ganar el poder. En Chile no necesitamos mapa para entender el truco: lo hemos visto en casa durante treinta años.
Y el desafío de hoy es más grande, porque el mundo se está repartiendo de nuevo el poder económico, la tecnología, la energía y los recursos estratégicos. Tenemos cobre, litio, territorio y gente capaz, pero tener recursos no es controlarlos. Que el cobre esté en nuestra tierra no garantiza que la renta se quede en nuestro país: eso lo deciden los contratos, las instituciones, la capacidad del Estado para fiscalizar y la organización de la sociedad. Celebrar los ingresos cuando el precio está bueno es fácil. Lo difícil es preguntar cuánto queda aquí, cuánto se reinvierte, qué industria construimos y qué reciben las comunidades que aguantan los costos. Con el agua pasa lo mismo: no se puede evaluar solo por lo rentable que sea para su dueño, sino por lo que importa para la vida y el territorio.
Por eso una izquierda que quiera transformar y no solo administrar tiene que perder la costumbre de creer que todo se arregla con una elección más, un cambio de gabinete o un bono de ocasión, y Brasil acaba de recordarnos que ni siquiera una elección ganada alcanza. Las reformas hacen falta, pero tienen que apuntar a mover el poder y no a maquillar sus efectos. Pensiones dignas con seguridad social solidaria, donde trabajadores, empleadores y Estado asuman su parte. Salud y educación como derechos y no como servicio según la billetera. Un sistema tributario que explique de una vez quién aporta, cuánto y quién se lleva demasiado de lo que produce el país entero. Sindicatos con capacidad real de negociar. Y sobre los recursos estratégicos, un debate sin dogmas y también sin complejos sobre empresas públicas, participación estatal y formas de propiedad que capturen más renta para Chile, con instrumentos transparentes y bajo control democrático. No se trata de cambiar un eslogan por otro, sino de construir herramientas que funcionen.
Nada de eso ocurrirá porque tengamos razón en el diagnóstico. El poder económico se organiza, presiona y defiende lo suyo con una disciplina que ya quisieran muchos partidos de las llamadas izquierdas, y la única respuesta posible es otra fuerza igual de organizada, que junte a trabajadores, pobladores, sindicatos y organizaciones territoriales que hoy pelean sus problemas cada uno en su rincón. Esa fuerza tendrá que aprender de sus derrotas, porque denunciar a los poderosos no sirve sin alternativas creíbles, proclamar la unidad no sirve con organizaciones divididas, y hablar en nombre de los trabajadores sin escucharlos ni acompañar sus luchas es un buen ejercicio de ventriloquía. Tampoco puede reemplazar la democracia por sus convicciones: su tarea es llevarla hasta donde hoy no llega, al trabajo, a los servicios esenciales, a los territorios y a las decisiones sobre lo que es de todos.
La pregunta de fondo nunca fue si Chile se puede dar el lujo de cambiar. Es cuánto más puede seguir postergando lo que necesita. Ningún modelo es eterno, las instituciones se modifican y los derechos que hoy parecen inalcanzables los conquistaron, en su tiempo, hombres y mujeres que se organizaron cuando les juraban que no había alternativa. Porque el cobre no es solo una cifra de exportación, el agua no es solo un activo, la educación no es solo un mercado y las pensiones no son solo un saldo individual. La historia no cambia cuando la gente descubre que la están perjudicando, eso lo sabemos hace rato. Cambia cuando se organiza, entiende por qué, y decide que ya no está dispuesta a aceptarlo. Lo de Brasil, mirado con calma, dice lo mismo: ganar la presidencia es el principio de la pelea, no el final.
Jorge Bustos
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