Soy antimonopolio portuario, porque creo que más empresas darán más empleos, porque así la riqueza que produce nuestro puerto se pueda repartir en más manos, siendo esta la única forma que nuestra ciudad no se siga empobreciendo, soy un antimonopolio que observa con creciente alarma cómo se tejen las redes de un poder desmedido en el corazón de Valparaíso. La Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), con su solicitud al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), no está buscando clarificar las reglas del juego, sino más bien consolidar un esquema que huele, se siente y muy probablemente será un monopolio portuario en nuestra principal ventana al Pacífico.
Recientemente, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha recibido una solicitud de la EPV que, de ser aprobada, podría significar la consolidación de un monopolio portuario. Esta inquietante solicitud se presenta en un contexto donde la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ha señalado, en múltiples ocasiones, el riesgo de que la falta de competencia en el sector portuario conduzca a abusos de poder y un detrimento en la calidad del servicio.
Lo más inquietante es la forma en que se intenta legitimar esta movida, blandiendo un supuesto consenso ciudadano plasmado en el rimbombante “Acuerdo por Valparaíso”. Este acuerdo, que se presenta como un pacto virtuoso entre la empresa, los políticos locales y la comunidad, carece de transparencia y de una verdadera participación de los ciudadanos que serán los más afectados.
La ley antimonopolio, en su espíritu, debería ser un escudo contra la concentración excesiva de poder económico. Sin embargo, en la práctica, a menudo se revela como un colador, lleno de contradicciones y ambigüedades que permiten a las grandes corporaciones maniobrar y justificar lo injustificable. Se habla de “libre competencia”, pero se permiten integraciones, se toleran ciertos niveles de concentración bajo la promesa de “eficiencias” que rara vez se traducen en beneficios reales para el consumidor o el ciudadano común.
En el caso de los puertos, esta tensión se agudiza. La infraestructura portuaria es crítica para el comercio, para la economía de toda una región. Dejarla en manos de un único operador, aunque se vista con ropajes de “unidad de negocio” y “complementariedad”, abre la puerta a abusos de poder de mercado. ¿Quién regulará las tarifas cuando no haya competencia real dentro del puerto? ¿Quién velará por la calidad del servicio cuando el usuario no tenga a dónde más acudir?
El TDLC, garante teórico de la libre competencia, se encuentra ahora ante una solicitud que, de ser aprobada en los términos planteados por la EPV, sentará un precedente peligroso. El reciente caso de la multa de más de 21,7 millones de dólares impuesta a terminales portuarios por abuso de posición dominante es un claro ejemplo de cómo la falta de competencia puede resultar en tarifas injustificadas que afectan a importadores y exportadores.
Y es aquí donde entra en escena la figura del “Acuerdo por Valparaíso”. Se nos presenta como la culminación de un diálogo ciudadano, pero ¿quiénes firmaron realmente ese acuerdo? ¿Cuánta participación genuina de la “gente común”, de los vecinos que sufrirán las consecuencias de un monopolio portuario, se incluyó en su elaboración?
Sospecho, con profunda preocupación, que este “Acuerdo por Valparaíso” es más bien una puesta en escena cuidadosamente orquestada, donde los intereses de los grandes empresarios y los cálculos políticos se disfrazan de voluntad popular. Se utiliza como un sello de aprobación, una coartada para justificar ante el TDLC y la opinión pública un esquema que, en su esencia, eliminará la competencia interna en el Puerto de Valparaíso.
La adenda al SEIA, donde se menciona este acuerdo, se enfoca en las “modificaciones al proyecto de expansión”, principalmente la reducción del “Proyecto Sitio Costanera”. Se nos dice que esto responde a “las observaciones recibidas durante el proceso de aprobación medioambiental por parte de distintos actores” y que busca un “equilibrio entre las diversas vocaciones de la ciudad”. Todo suena armónico, razonable, incluso ejemplar. Pero, en ningún lugar de esta narrativa cuidadosamente construida se menciona la palabra “monopolio”.
Se habla de “operación conjunta de los dos frentes de atraque”, de “unidad de negocio capaz de responder a las condiciones de mercado”, pero ¿qué pasa con la competencia dentro del propio Valparaíso? Esa pregunta, crucial para cualquier análisis antimonopolio serio, brilla por su ausencia en el discurso oficial.
El “Acuerdo por Valparaíso” se convierte así en una herramienta retórica poderosa, utilizada para dar la ilusión de un respaldo social y político que, en realidad, sirve para allanar el camino hacia un monopolio portuario que tendrá consecuencias a largo plazo para la economía local y la libre competencia en la región y también del país.
Como antimonopolio portuario, mi deber es alertar sobre esta maniobra. Detrás de la fachada del “Acuerdo por Valparaíso” se esconde un proyecto que amenaza con concentrar un poder excesivo en el Puerto de Valparaíso. La lucha contra este monopolio disfrazado de consenso ciudadano apenas comienza.
Soy Jorge Bustos, que algo sé de puertos.
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