Ayer miércoles 25 de abril de 2018 en un matutino de la ciudad apareció la estatal Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) reclamando la devolución del pago por el permiso que la DOM porteña otorgo para el ilegal proyecto del ex Mall Barón, lo primero que pensé es que a quien se le deben cobrar esos 425 millones de pesos es a la Fundación Defendamos la Ciudad que sin su ayuda en el último aliento de esta pelea, no se habría logrado el triunfo en la Tercera Sala del máximo tribunal de Chile. Y lo segundo fue, sospechar que sin duda el gerente de EPV está desesperado candidateándose para seguir al mando de la portuaria por 4 años más, para lo cual debe derechizarse y pelear con el Alcalde que si bien fue opositor al ex Mall, en el triunfo de esta pelea, tiene bien poco que ver.
En mi opinión el gerente de la estatal ha cometido un grave error y es tratar de tapar su incapacidad bravuconeando por la prensa tratando de tapar sus sucesivos errores de administración culpando a otros de los gastos injustificables. A la vista salta uno que no es menor, y este es “que reconoce haber cancelado 425 millones de pesos por el permiso” del ex mall, así como también reconoce haber gastado el Estudio de Gestión Arqueológica, 30 mil UF, algo así como 810 millones de pesos más. Uno conociendo la Ley 19.542 y conociendo las prohibiciones que le cabe a su directorio, sabe que las empresas portuarias tienen “prohibido” cancelar dichos montos si no son visados y respaldados por un acto administrativo del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
No pueden estar tan desesperados, de reconocer en la prensa que cometieron la violación por segunda vez en el mismo proyecto, porque recordaran que para salir del lio anterior similar a este debieron hacer un tongo judicial y llegar a la Corte Suprema para pagar 3 millones de dólares de honorarios a South Andes Capital.
Qué pasaría si los ministerios no aprobaron el pago de estos dos gastos, que pasara si se descubre que EPV, es decir gerentes y directorio actuaron con colores propios y modificaron contratos, que no fueron visados por nadie, mas no sea, la prisa de sacar negocios tan malos como los que se han descubierto en el municipio porteño y que hoy son parte de juicios en contra de sus ex administradores.
Uno puede sospechar que no existen los actos administrativos que respalden los gastos que incurrieron EPV para sacar adelante el ilegal proyecto ex Mall Barón, porque la Ley de Modernización de Puertos es súper especifica en prohibir la subvención de cualquier “naturaleza” en su art. 20 y si algún órgano de El Estado autorizo ese pago, lo cierto es que fue fuera de la legalidad, y como dijo el Fiscal Nacional “violar una Ley es delito y quien la viola es un delincuente” así las cosas creo que el notición que dio a conocer el mercurio, se transformara en un problemón para las gerencias y los directores salientes de la estatal.
Si lo que sospecho fuese verdad, si por esas cosas de la vida estuviese en lo cierto, algún Diputado, el Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría se animaran a plantear una auditoría contable a la estatal y cotejar con los respaldos administrativos los balances. Porque creo que nadie esta por avalar malgastar los dineros que son de todos los chilenos y en particular de todos los porteños.
Para terminar, uno no puede olvidar que el gerente de EPV, cuando asumió la administración de la estatal, estaba inhabilitado según dictamen de contraloría regional y que por esos grises que cuesta entender de la administración pública, siguió ejerciendo hasta el día de hoy.
Jorge Bustos
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