Los dos diarios más antiguos de Chile pueden seguir escribiendo lo que quieran, pero cuando un mismo acreedor firma las deudas de ambos, la pregunta deja de ser qué dirán y pasa a ser qué dejarán de decir; la historia ya ensayó esa melodía, y la Fiscalía Nacional Económica aún no dice si debe volver a sonar.
En 1983, El Mercurio estaba virtualmente quebrado, según cuenta Joaquín Zúñiga en Anfibia, y su principal acreedor era el Banco del Estado. Lo curioso de aquel episodio es que el régimen de entonces no necesitaba censurar a los diarios, porque los diarios estaban ya endeudados con él, y los informes de la época muestran que el poder vigilaba la cobertura y reclamaba cuando la autocensura no se ejercía como correspondía. La palabra importante es esa: autocensura. Nadie escribe un decreto para que un editor se contenga; basta con que sepa quién firma el próximo refinanciamiento de la deuda.
Cuarenta y tres años después, el 28 de septiembre, los Edwards cerraron con Consorcio un crédito de más de 900 mil UF para refinanciar el total de los pasivos de El Mercurio y quedar con un solo acreedor, con tres años de gracia y un conjunto de terrenos en garantía. Y según varias fuentes citadas por El Mostrador, el mismo grupo es un relevante acreedor del Grupo Saieh, dueño de Copesa. Es decir que los dos polos históricos de la prensa escrita, esos que concentran, según estudios del sector, cerca del 98% del mercado de la prensa, dependen ahora de la misma mano. Nada indica hasta ahora que se haya infringido la ley, pero tampoco podemos saberlo, porque los términos del contrato son reservados, y ahí está el punto: es una pregunta que le corresponde responder a la Fiscalía Nacional Económica, que tiene facultades para investigar de oficio, mirando no solo a los firmantes sino a los socios de los socios, a quienes están detrás de cada sociedad y a las cláusulas que podrían convertir un préstamo en capacidad de decidir. Que la respuesta sea tranquilizadora es perfectamente posible; lo que no es tranquilizador es que hoy nadie la haya dado.
Porque el poder de un acreedor no está en lo que hace, sino en lo que podría hacer, y en lo que los demás, por prudencia, dejan de hacer para no averiguarlo. Los dueños de Consorcio, las familias Hurtado Vicuña, Fernández León y Garcés Silva, participan además en compañías como Entel, Pucobre y Polpaico, de modo que el mismo grupo que financia a los diarios aparece en seguros, telecomunicaciones, minería y cemento, que son justamente los rubros donde un periodista debería poder escarbar sin pensar en su balance. Un editor que sabe que su empresa debe US$40 millones a un conglomerado con tantos frentes no necesita instrucciones: le basta con hacer la cuenta antes de decidir qué investigación vale la pena.
Además, los plazos importan. Los tres años de gracia son un alivio para El Mercurio, pero también son un calendario, porque al cumplirse el tercero El Oriente deberá prepagar una parte del crédito. Ahí empieza la parte del contrato que nadie ha mostrado: los covenios, las cláusulas de aceleración, las condiciones bajo las cuales una deuda se transforma en propiedad. Un diario puede conservar su nombre, su dueño formal y hasta su edificio (las oficinas quedaron fuera de la garantía) y aun así haber cambiado de lugar el punto donde se toman las decisiones difíciles.
Tampoco ayuda el expediente reciente de Consorcio ante la libre competencia, y conviene leerlo con justicia. La FNE investigó desde 2019 la participación simultánea de Juan Hurtado Vicuña en los directorios de Consorcio y LarrainVial, y el TDLC lo sancionó con multas por $2.500 millones; pero el 2 de marzo de 2026 la Corte Suprema resolvió que ambas empresas no revisten la condición de competidoras en los términos de la ley, y dejó las multas sin efecto. Fue una decisión razonada sobre la tipicidad de una norma sancionatoria, y nadie debería leerla como condena. Pero la lección que deja es otra: la ley vigila a los directores que se sientan en dos mesas rivales, y no tiene una figura clara para un acreedor que conoce las finanzas de los dos principales grupos periodísticos del país, y que además no es rival de ninguno, solo acreedor.
El peligro, entonces, no es que mañana aparezca una portada ordenada por un banco. Es algo más lento y más difícil de probar: que los temas incómodos para el acreedor lleguen a las páginas un poco más tarde, un poco más suaves, un poco menos seguido, y que ningún lector, ni siquiera el propio editor, pueda decir cuándo empezó. La censura clásica deja evidencia; esta deja silencio, y el silencio no se fiscaliza. Hay orquestas que nunca reciben una orden y aun así tocan siempre lo que el dueño de la sala y el que firma los cheques quiere oír, porque aprendieron que desafinar sale caro.
El país tiene derecho a saber quienes le cuentan lo que pasa, de la misma forma que sabe quiénes son sus dueños. Que la FNE examine el acuerdo, mirando también a los socios de los socios, y que los acreedores significativos de los medios y las garantías que los respaldan sean información pública, no coarta a nadie, porque quien nada teme no tiene motivo para ocultar su contrato.
La transparencia es el único antídoto que no depende de la buena voluntad del poderoso, y a veces, como en 1983, es lo único que separa a un diario endeudado de un diario sometido.
Jorge Bustos
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