En el puerto de Valparaíso, la historia parece repetirse con una amargura que ya resulta familiar para sus habitantes. La reciente constatación notarial realizada por el Sindicato de Pescadores Independientes Sudamericana (SIPSA) en la ex Caleta Sudamericana no es solo un trámite administrativo; es la confirmación visual de una herida abierta.
Durante años, la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) justificó el desplazamiento de los pescadores artesanales esos mismos hombres y mujeres que le dan vida y alma a la identidad de nuestro borde costero bajo la premisa del "desarrollo portuario". Se nos vendió la idea de un progreso inminente, un Terminal 2 que, entre promesas de modernización y millones de dólares en inversión, requería "limpiar" el Muelle Prat.
¿Cuál fue el costo real de esa "limpieza"? La desarticulación de una comunidad pesquera, el pago de indemnizaciones que, a ojos de los propios afectados, fueron poco más que un cheque para comprar su silencio y su salida, y, lo más doloroso, una promesa de reubicación incumplida. Los pescadores fueron enviados a un limbo, mientras el espacio que ocupaban, que debería haber sido el centro de un proyecto de envergadura pública o un rescate patrimonial, hoy está ocupado por "terceros".
Es inaceptable que una empresa estatal gestione su patrimonio de esta manera. Mientras la EPV movía sus fichas para vaciar la caleta bajo el argumento de la necesidad operativa del puerto, hoy vemos cómo ese mismo suelo es arrendado o cedido a particulares ajenos a la actividad histórica que le daba sentido al lugar. ¿Es este el "interés público" que justifica el desplazamiento forzado de trabajadores? ¿Es acaso la estrategia de la estatal convertir el patrimonio de los porteños en un negocio inmobiliario para privados?
El dirigente de SIPSA, José Urrutia, lo dice con la claridad que solo otorga la traición: se sienten engañados. Y tienen razón. El "progreso" no puede cimentarse sobre la ruina de quienes sostienen la historia de Valparaíso. La constatación notarial destapa una realidad que EPV ha evadido con un silencio cómplice: el espacio no era para el desarrollo portuario, sino para el beneficio de unos pocos, mientras los pescadores siguen intentando sobrevivir lejos de sus hogares.
Valparaíso merece más que una gestión de espaldas a su gente. La caleta no era solo un lugar de trabajo; era parte de la columna vertebral de la ciudad. La EPV debe respuestas, no comunicados de prensa. Debe explicar por qué se gastaron millones de fondos públicos para expulsar a quienes daban vida al puerto, para terminar, entregando el terreno a terceros.
El puerto no es solo una empresa privada con fines de lucro exclusivo; debe entenderse como el motor de una ciudad que se desangra cada vez que sus autoridades le dan la espalda. Es hora de dejar de tratar a los trabajadores del mar como un estorbo en el camino hacia un desarrollo que, hasta hoy, solo parece beneficiar a unos pocos, dejando al resto de los porteños solo con el recuerdo de lo que alguna vez fue su caleta.
Jorge Bustos
Defendamos la Ciudad / Región Valparaíso
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